Es claro que vivimos una época de cambios profundos en todos los niveles y ámbitos, desde la familia hasta las instituciones públicas o la comunidad internacional.
Las sociedades contemporáneas, afectadas más o menos por la apertura global posGuerra Fría que intensificó las interacciones económicas y mediáticas, están en busca de adaptarse a las nuevas condiciones provocadas por la inflexión o tendencia contraria, desglobalizante, que también les impacta.
En el nivel internacional y el ámbito económico hay consenso en que esta reorientación se pronunció en 2009 con el inicio de la Gran Recesión, se agudizó durante la pandemia por Covid-19 y continúa provocando estragos en virtud de la guerra en Ucrania, aunque hay señales inversas, dígase el actual Mundial de Futbol de Qatar o el siguiente en Norteamérica.
En el ámbito político, esa inflexión desglobalizante y otros factores concurrentes están incidiendo en el balance político entre los que han sido países centrales y periféricos, ya sea China o la India.
En ese ámbito político, se observa que los indicadores de la democracia electoral continúan a la baja, en tanto que el autoritarismo se extiende y la corrupción no cede, incluso en la Unión Europea.
En el más reciente reporte sobre el estado global fe la democracia, la organización IDEA Internacional propone que ante semejante situación una opción es renovar los pactos sociales.
Esto significa fortalecer las instituciones y los regímenes políticos democráticos sin excluir posibles reformas constitucionales o nuevas constituciones.
En el caso mexicano, en donde la estrategia pragmática del partido en el poder se propone disminuir la brecha social, equilibrar las relaciones entre sector público y sector privado, aumentar la incidencia popular en la acción pública y reforzar las identidades diversas y comunitarias, entre otros objetivos, preservar y enriquecer la Constitución democrática es recomendable.
La Constitución democrática debe asegurar el respeto a los derechos fundamentales de carácter individual, en los que el estado no debe intervenir. Empero, a la vez debe garantizar y facilitar el goce de derechos sociales mínimos y máximos para propiciar mejores balances entre los factores de la producción, sobre todo el capital y trabajo.
Así, por ejemplo, el aumento al salario mínimo y las prestaciones sociales debe combinarse con la garantía a más inversión privada y productividad, mejor fiscalidad y gestión pública, administración de recursos estratégicos, equilibrios macroeconómicos y cooperación comunitaria.
A la represidencialización del sistema político en el grado suficiente para posibilitar la conducción de la complejidad de poderes lícitos o desregulados debe corresponder la ponderación en la reforma del sistema electoral y partidario, lo mismo que la corresponsabilidad de los actores involucrados para lograr varios objetivos en tensión: austeridad y eficiencia, legitimidad y gobernabilidad, participación, oposición e inclusión. Nada fácil.
Aquí, la renovación del pacto social exige, a la vez, socializar el capital y capitalizar a la sociedad; politizar el Derecho y juridificar la política; racionalizar y fortalecer tanto a los poderes políticos como a las instituciones autónomas; dar cauce a las creencias prevalecientes de la mayoría y los sistemas de control de los poderes, principios y derechos, pero con el debido respeto a las minorías, no menos que al debido proceso en cada ámbito institucional.
En otras palabras: en México requerimos inyectar vigor a la Constitución democrática a efecto de hacer sostenible la democracia constitucional. Este es el camino para renovar el pacto entre estado y sociedad.