El miércoles en “Es la hora de opinar con Leo Zuckermann” debatimos ¿para qué quiere la 4T más poder? Se suele resumir en tres palabras: profundizar la transformación, pero ¿qué significa eso?

Primero que nada, vale la pena decir que con el llamado Plan C nos encontramos ante una situación inédita en la que un proyecto transexenal se expone explícitamente y se pide que se respalde o rechace por la vía democrática. En junio de 2024, vamos a poder incidir mucho más allá de la presidencia, el Congreso y los puestos locales; en la boleta del 2024 vendrá el Plan C. La gente podremos elegir si queremos que Morena continúe en la presidencia, si queremos darle la presidencia y la mayoría simple o el “carro completo” con mayoría calificada. De ser así, en el último mes de la presidencia de López Obrador, se aprobaría un paquete de reformas estructurales que incluyen el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), una reforma electoral y otra al Poder Judicial que hoy están estancadas.

Estas reformas estructurales nos hablan de aquellas prioridades del presidente que considera indispensables para seguir la transformación, pero que no podrá destrabar sin el respaldo popular suficiente que será medido en las urnas. En el caso de la Guardia Nacional, se busca mitigar el riesgo de mediano y largo plazo de que acabe en manos de otro Genaro García Luna transfiriéndola a la Sedena, pero bajo su propia comandancia conformada por guardias entrenados como una policía militar, como sucede en Francia, España o Chile.

Para las reformas al sistema electoral y la del Poder Judicial, se pretende transformar el sistema político-electoral y el judicial para que se adecuen a la realidad de nuestro país. La reforma al INE que se envió en 2022 incluía mejoras las consultas populares, la garantía del voto para los migrantes residentes en el extranjero –cuestión que el INE nunca ha podido incrementar la participación–, disminuciones en el número de legisladores y la eliminación de los plurinominales, el voto para personas en prisión preventiva y la polémica propuesta de la elección de consejeros por voto popular. Este último punto, lo comparte con lo que sabemos de la reforma al Poder Judicial. Para ambos casos, se plantea que los tres Poderes de la Unión envíen una terna –que tiene que cumplir ciertos requisitos técnicos–, en vez de que la terna sólo la envíe el Ejecutivo, y, que, en vez de ser ratificada por el senado, lo haga la gente en las urnas. Es decir, en el sentido estricto, como lo dijo Karla Motte en esa misma mesa, pero hace un par de semanas, se propone quitarle una facultad exclusiva al Ejecutivo y repartirla entre los tres poderes al enviar las ternas y quitarle la facultad de ratificación al Senado y otorgárselo al pueblo.

Al respecto se ha dicho que se busca terminar con los contrapesos que ha puesto el INE y el Poder Judicial, pero esa es una lectura parcial, pues –suponiendo sin conceder que ese fuese el único fin– hay muchas otras rutas para lograrlo sin necesariamente causar tanta polémica. En el fondo, además de buscar una transformación profunda de las instituciones mediante su democratización, se busca además que los contrapesos vengan del pueblo y no de una élite enquistada que carece de respaldo popular y de la mínima voluntad política para renovarse.

Adicionalmente, Claudia Sheinbaum tiene un proyecto político congruente con el de López Obrador, pero con su propio sello. No cabe duda, por ejemplo, que habrá continuidad en temas de soberanía. Claudia Sheinbaum fue líder en el movimiento de Las Adelitas para oponerse a la privatización del petróleo durante el sexenio de Calderón e incluso ha escrito sobre su postura de la necesidad de la rectoría del Estado en la industria energética, incluyendo la transición energética y, como jefa de gobierno implementó programas para buscar la autosuficiencia alimentaria en algunos productos. También en su momento expresó consistentemente su respaldo a la creación de la Guardia Nacional y su adscripción a la Sedena, por una cuestión de soberanía. A nadie sorprendería ver más crecimiento en el sistema ferroviario y es lógico pensar que se someterá a una disciplina fiscal rigurosa, a un gobierno que se rija por la austeridad republicana y que invierta en obras públicas para mejorar la vida de la gente más pobre y, al mismo tiempo, como mecanismo de reactivación de la economía y generación de empleos, tal y como lo hizo en su administración en la CDMX.

Por último, vale la pena recordar que estamos presenciando a un presidente que ha atravesado una pandemia, dos guerras internacionales y una crisis económica mundial, todo esto con los medios nacionales e internacionales en contra y, aun así, mantiene un nivel de aprobación del 70%. Y todavía más revelador, aspira a tener mayoría calificada en el Congreso. Esto sólo se puede explicar entendiendo que este gobierno –con virtudes, aciertos y equivocaciones– les ha cambiado la vida a decenas de millones de mexicanos y por eso apoyan este proyecto. Y no porque “estén siendo manipulados”, “no entiendan lo que pasa en el país” o porque “están votando en contra de sus propios intereses”, como se suele decir desde la oposición.

Basta saber que, de acuerdo con el Coneval, la pobreza se disminuyó en 16% de 2018 a 2022, casi 9 millones menos de pobres y acompañado de un decremento en la desigualdad. Lo anterior se explica por programas sociales que benefician a 71% de las familias mexicanas y por la política laboral, principalmente por la prohibición del outsourcing o subcontratación, así como el histórico incremento al salario mínimo en casi 90% en términos reales –el doble en la zona fronteriza–. Este quizá sea uno de los logros más importantes en este sexenio, pues no habíamos visto cifras en este sentido en las últimas cuatro décadas.

El plan de la 4T está sobre la mesa para que se cuestione y se debata y que en poco más de siete meses decidamos en las urnas los destinos de nuestro país, incluyendo, por supuesto, el destino de aquellas instituciones que se niegan a transformarse.