Cuando la justicia ya no es ciega y su interpretación queda a merced del mejor postor, pasan cosas lamentables, como las que ahora vemos en México.

La procuración de la justicia está en manos de quien ostente mayor poder político, prebendas inconfesables o dinero, frente a eso, la sociedad en su conjunto queda completamente desprotegida.

Víctimas y familiares en estado de indefensión.

Este puede ser el caso de Pamela Anaya quien primero fue acosada y finalmente, presuntamente asesinada por un personaje con gran poder económico e influencia política, Issac Salomón Marcuschamer Stavchansky. Los hechos ocurrieron hace un año, el 2 de mayo del 2021, luego de que la víctima se encontró con el presunto feminicida.

¿Accidente?

Los hechos que enmarcan el fallecimiento de Pamela no son nada claros. En primera instancia, lo que se supo fue que ella murió al quedar prensada en la puerta eléctrica de la casa de Valle de Bravo propiedad del empresario regiomontano, presidente del grupo empresarial Nexxus, Isaac Salomón Marcuschamer.

A un año de la desgracia, los padres de Pamela siguen esperando que se aclaren los hechos en los que perdió la vida su hija, sin embargo, las autoridades no han desahogado este asunto, lo que para ellos significa que la impunidad está al servicio del poder y la influencia.

Al final, lo que ha pasado con este y otros casos, demuestra que la justicia se aplica de forma discrecional, que no apela al derecho, que la ley no aplica y que responde al mejor postor.

Una búsqueda incansable

Relata la familia que Isaac Salomón no avisó a nadie que Pamela estaba gravemente herida, no se sabe en qué momento o por qué alguien le suministró un poderoso tranquilizante ni la razón por la que, sin consultar ni avisar a nadie, fue trasladada en una ambulancia a un hospital privado en la CDMX, a donde llegó, aproximadamente tres horas y media después, ni la razón por la que fue cambiada de ambulancia lo que agravó su situación.

Sus padres no han parado buscando justicia, no están conformes con la versión que hasta ahora se ha dado por válida, la del poderoso empresario que por escrito narró que fue un accidente, que aseguró que ella tenía el control de la puerta eléctrica, que lo presionó y quedó atrapada, que él la recogió para llevarla a un hospital de la Ciudad de México a recibir atención, pero el relato no concuerda, porque, según sus familiares, el cuerpo de Pamela tenía evidencias de diversos golpes y marcas que los hace estar seguros de que lo que sucedió, no fue un accidente.

¿Justicia a modo?

Pero desde un principio la Fiscalía del Estado de México aceptó la versión del empresario y calificó la muerte de Pam como un accidente y, a pesar de que el caso fue turnado a la Fiscalía encargada de los delitos relacionados con violencia de género, y de que sí lo ameritaba, no se iniciaron las indagatorias con el enfoque correspondiente.

Exigen que el caso se reclasifique

El abogado de la familia Virgilio Tanús declaró que sorprendentemente la Fiscalía insiste en que no hay ningún delito que perseguir e incluso, han cambiado por completo la motivación y la justificación del expediente pasado, para tratar de sostener que se trata de un “caso fortuito” o de fuerza mayor, un lamentable accidente, pero no un delito.

El abogado abunda en detalles de cómo la Fiscalía miente al Juez de Control “porque en las cámaras se ve claramente cómo este señor aprieta el control de la puerta eléctrica y Pamela se mete al inmueble, porque dice que después de apretar el botón del portón ‘por arte de magia’ se cierra, las puertas no se mandan solas”.

Señala también que la Fiscalía omite pruebas: “Aquí hay que aclarar que los jueces de control están impedidos a conocer cualquier constancia de la carpeta de investigación, únicamente tienen acceso a lo que las partes desarrollamos a lo largo de la audiencia, aquí la Fiscalía claramente está intentando de engañar o defraudar al órgano jurisdiccional de que no existe en un sólo video o constancias de por qué se cierra la puerta”.

A pesar de los obstáculos, los familiares de Pamela no quitan el dedo del renglón y exigen la reclasificación del caso y ya lograron que un juez de control ordenara a la Fiscalía estatal reabrir una carpeta de investigación por la muerte de la mujer de 38 años.

Será el próximo 9 de mayo cuando la Fiscalía del Estado de México determine si el caso se reclasifica a delito de género y sea clasificado como feminicidio.

Violencia e impunidad al alza

El caso de Pamela forma parte del crecimiento de la violencia en contra de las mujeres que azota a nuestro país. Los feminicidios se han incrementado a un nivel nunca registrado. De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), elaboradas a partir de los reportes de las fiscalías o de las procuradurías estatales, hasta marzo pasado, en la actual administración se acumulaban 12 mil 586 mujeres asesinadas en números absolutos.

Sin embargo, a la par de la violencia, vemos que predominan la impunidad, el tráfico de influencias y el poder. Casos como el de Pamela, donde ni siquiera se ha hecho una verdadera investigación o la de la familia Cuevas con el fiscal Gertz Manero, las convierten en víctimas no solo de los delincuentes, sino de las propias fiscalías, que no hacen nada por la procuración de justicia, sino que se doblegan ante la opresión, el dinero, el tráfico de influencias y la impunidad.