¿Qué harán ahora Morena y sus aliados, se mantendrán cínicos, antidemocráticos y serviles al amo? ¿La oposición tendrá el valor de recurrir a la Corte para impedir este atropello? ¿La SCJN actuará en consecuencia y declarará ilegal el Plan B de AMLO?

La moneda está en el aire

El llamado “Plan B” que el jefe del ejecutivo federal propuso frente al rechazo a la iniciativa con la que la 4T se haría del control del proceso electoral, una salida berrinchuda o como se dice, de lo perdido lo encontrado, tiene la intención de acotar al INE y quitarle atribuciones.

Los legisladores de Morena junto con sus aliados, PT y PVEM como “borregos” respaldaron la estrategia “reaccionaria” y “golpista” tal cual se las envío el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sin moverle una sola coma.

La justificación del gobierno para destruir al INE tiene que ver con un supuesto ahorro, pero su verdadera intención se puede resumir en tres puntos: inhabilitar al INE, quitándole recursos y facultades; que quienes sancionen las irregularidades sean dependencias del propio Ejecutivo Federal, como la Secretaría de Gobernación, la FGR de Alejandro Gertz y la Fiscalía para Delitos Electorales, de Agustín Ortiz Penchetti.

Chamaqueados

Por último, algo de lo que incluso el titular de Gobernación aceptó que se equivocaron, mantener los partidos satélites, PVEM y PT vivos a cómo de lugar y que se permita la transferencia de votos, una situación, totalmente inconstitucional, todo con tal de que el bloque morenista pueda construir una Mayoría Calificada.

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La incongruencia absoluta

AMLO militó por más de 20 años en el PRD, ese partido luchó por evitar que el gobierno del PRI o del PAN controlaran las elecciones, se mantuvieron en contra de los actos anticipados de campaña y de que el aparato del Estado se usara para favorecer candidatos, sin embargo, resulta paradójico que sea Andrés Manuel quien ahora pretenda echar para atrás los importantes avances democráticos que poco a poco se habían logrado.

Ya hay muestras claras de cómo sería el nuevo régimen, exonerando de toda culpa a los hermanos del presidente, Pio y Martín López Obrador, evitando sanciones para Claudia Sheinbaum o Adán Augusto López por hacer actos anticipados de campaña con recursos públicos o a Morena y PT por financiamiento irregular.

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Beneficiar a sus aliados

Por otro lado, resulta grave que, con tal de mantener sus alianzas perversas, el Plan B del Ejecutivo contempla, de forma totalmente ilegal, la transferencia de votos. Es decir, para que un partido pueda mantener su registro requiere de al menos el 3% de la votación, cosa que el PT y PVEM no son capaces de lograr por sí solos, por eso, a través de una maniobra inconstitucional, se permitiría la modalidad de convenio de candidatura común, mediante el cual los partidos podrían convenir el reparto de la votación obtenida.

Adán Augusto López ya platicó con su “rebaño” y con el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, y se acordó que harán las modificaciones y se regresará la minuta a la Cámara de Diputados “para que lo ratifiquen o rectifiquen el error”.

El problema de que los partidos convengan intercambiar los votos, como lo señala el Plan B, es que vulnera la decisión ciudadana. La iniciativa ya había sido presentada en alguna ocasión por el PRI y fue rechazada por la SCJN por ser totalmente anticonstitucional.

No solo se convirtieron en todo lo que juraron destruir sino ahora son sumisos, doblegados, chamaqueados y cínicos.