Hay intolerancia del gobierno a todo lo que en el ámbito institucional escape a su órbita de dominio directo e incontrastable; lo que actúa fuera de su alcance es nocivo y debe ser modificado.
Un claro síndrome autoritario invade la óptica gubernamental, pues propende a someter a su cadena de mando a las distintas instancias de la actuación pública, al tiempo de sospechar de aquellas que se mueven con independencia. Pone de manifiesto un instinto insaciable por su deseo de deglutir lo que está a su alcance, por centralizar y someter.
Los proyectos heredados son cuestionables, como lo fue el aeropuerto de Texcoco; se trata de que todo surja a partir de sí, de una transformación que comienza desde una voluntad casi a la manera del génesis, pero difiere en tanto acepta una vida previa a su obra creadora; sin embargo, mira lo anterior como el caos, exclusivamente la obra propia tiene razón de ser; sólo la historia remota tiene mérito, pues los antecesores inmediatos están descalificados, deberían ser juzgados y si no lo son en tribunales judiciales, sí son execrados en la tribuna cotidiana que cada mañana abre sus sentencias.
La tribuna es tribunal, pero no de cuentas; los es de juicios sobre los otros, personas e instituciones que deben ser condenadas por no estar en los confines directos del gobierno, debido a ello no son merecedoras de confianza, y es su castigo el ser fustigadas de manera recurrente. De forma regular, la tribuna se dirige a condenar a viejos y nuevos personajes, dosificando información y hallazgos que los descalifican, aunque luego los datos proporcionados resulten imprecisos o maniqueos, pero como se hizo la denuncia desde la tribuna, ofrece que hayan sido diezmados o vulnerados los impíos.
El auditorio ya sabe que se juzga en la tribuna, de modo que está expectante de las nuevas sentencias, de la forma de presentarlas, de las argucias, calificativos y maneras que se emplean para denostar, lo que acaba siendo un espectáculo de entretenimiento y hasta de diversión, pues sucede como en los grupos en donde quien pone los apodos es el que queda impune, tiene el privilegio de calificar a los demás y de paso crea el incentivo de darles excepciones a los cercanos, pero si se alejan pueden no estar a salvo.
Quienes están mas expuestos son los que se mueven por cuerda separada, los organismos autónomos, la Universidad Autónoma de México, los fideicomisos que tiene reglas propias, las instancias reguladoras que tienen márgenes de autonomía, los tribunales judiciales unitarios y colegiados, los ministerios, la Auditoría Superior, los organismos no gubernamentales, las asociaciones de la sociedad civil; todos ellos saben que están sujetos a un examen minucioso y que si pretenden hacer valer sus márgenes para desempeñarse fuera del alineamiento del gobierno, podrán ser objeto de una implacable sentencia moral de amplia difusión.
Otras instancias de juicio, de evaluación y de opinión son vistas con gran recelo, pues ninguna otra tribuna puede rivalizar, y para eso se cuenta con la información de gobierno y con la colaboración de los alineados, con lo cual se logra prevalecer y ganar en contundencia. Los epítetos, a la manera del bullying, se encaminan a minimizar al que los recibe, a vencerlo mediante agresiones de juicio sobre la imagen. Todo eso sucede mientras la tarea de gobierno se muestra extraviada, con prácticas opacas y asignaciones discrecionales de contratos de compra y de servicios, mientras no se juzgan las fallas de los que están en los confines del gobierno, así se haya desplomado una trabe del Metro ocasionando muertes, así sucedan fallas y omisiones en el otorgamiento de servicios, en la dotación de medicamentos.
¡Pero ya se sentenció!, la UNAM es neoliberal, jajajaja
Samuel Palma en Twitter: @vsamuelpalma