La percepción de riesgo se le ha orientado a una serie de conceptos más enfocados a lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita, sin embargo, el espectro es más amplio que va desde la inseguridad pública, los ciberataques, la economía informal, en general con mayor énfasis mediático a conceptos de gobernanza. De igual manera los efectos económicos externos como la dependencia de materias primas y suministros donde se genera volatilidad en los precios(inflación)y si además agregamos sectores con fallas como lo son el financiero, la evasión o elusión de impuestos y el crimen organizado.

En el reporte de riesgo global de 2022, divulgado por el Foro Económico Global, su reporte radar sobre la valoración de 124 países. Identifico a México dos riesgos de carácter económico, la proliferación de actividades económicas ilícitas soportadas por la alta tasa de informalidad (6 de cada 10 empleos son informales) y el estancamiento económico prolongado por décadas (mayor crecimiento de la población que de la economía, generando una amplia desigualdad e inestabilidad social y política).

Lo que más resaltaron en su reporte fue el bajísimo crecimiento del PIB, lo cual ha provocado un deterioro en el Estado de derecho, ya que se genera la ruptura del respeto a la legalidad, inestabilidad regional y la falta de credibilidad en las instituciones estatales (Registros Públicos, Tribunales Estatales) y que se traspasan los problemas al ámbito federal.

El deterioro laboral por bajos salarios y sus derechos afectados (procesos laborales de solución eternos, pese al supuesta reforma laboral, que ha sido mal implementada), ha estimulado una alta informalidad de los 80s a la fecha o bien la amplísima migración a EU que en el mismo periodo a la fecha son el factor de remesas crecientes a determinadas regiones y comunidades, lo cual también afecta la oferta y demanda de las MIPYMES.

La alta rotación laboral, falta de capacitación y preparación, limita la competitividad. A excepción de sectores exportadores como la cadena automotriz o el sector hotelero AAA, la rotación excesiva en otras actividades industriales, comerciales y de servicios, aun en empresas de gran tamaño de activos, ventas y personal, no están eximidas de ineficiencias y mal servicio.

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El capitalismo de compadres es motivado por un deficiente estado de derecho en las entidades. Con base al Índice de Estado de Derecho de World Justice Project 2021- 2022, existen entidades con grave deterioro, esto es el debilitamiento institucional de gobiernos estatales, la falta de avances anticorrupción con datos sólidos y reales, así como la contracción del espacio cívico. El capitalismo de compadres ha hecho de las suyas con obra publica, acceso a permisos de construcción inmobiliaria, permisos para todo tipo de licencias en giros especulativos o de lavado de dinero. A simple vista parece inversión productiva, pero quienes están atrás de esos negocios son parte del problema y no de la solución.

Son más los empresarios de todo tamaño que buscan hacer las cosas bien, a pesar del entorno difícil local e internacional, ponen su tiempo, patrimonio y esfuerzo. Hay que apoyar y potencializar ese esfuerzo y recuperar la memoria de lo que logramos en el sector empresarial de finales de los 50s a finales de los 70s. Esa herencia de abuelos y padres empresarios de todo tamaño, hay que impulsarla con buenas prácticas.

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Los estados con mejor calificación son Querétaro, Yucatán y Aguascalientes que de 100 puntos obtienen 44 de puntaje. Los peor calificados son Guerrero, Quintana Roo, Puebla con 35 de puntaje, así que la mayoría de los estados anda en niveles promedio de 40 puntos sobre 100, Por lo que no se trata de quien son los estados con mejor estado de derecho, sino de quien son los menos malos.

Para los que operamos o han tenido experiencia en los negocios financieros, es necesario hacer una adecuada valoración de riesgos en materia de crédito, no solo a la empresa y su sector en cuanto a indicadores financieros, sino a la solvencia moral, experiencia y los antecedentes del estado de derecho en la entidad en que está ubicado el negocio. Eso es que el análisis de riesgo no solo vera aspectos socioeconómicos o financieros, sino de la garantía del estado de derecho en cada entidad, a los estados se les debe aplicar el riesgo reputacional o moral lo que impactará en precio y apoyo financiero en sus entidades.

Es necesario que la administración actual tome la iniciativa y promueva un Pacto Financiero con cada entidad y los sectores productivos, que la Banca de Desarrollo cumpla con el objetivo para el que fue creada para motivar la dinámica regional de crecimiento, acompañada del sector financiero privado en conjunto y no solo del bancario. Como elementos clave de liderazgo son la participación de la SHCP, la Secretaria de Economía, SAGARPA, Secretaria de Gobernación, el Poder judicial de la Federación y los 32 Gobernantes.

Es una responsabilidad el formalizar un compromiso con el Estado de derecho en cada entidad a efecto de ser el rector del buen derecho y eso estimule la actividad económica y productiva. Podemos tener excelentes Códigos y Leyes en toda materia, pero sin la debida y correcta aplicación, son letra muerta. El poder judicial federal y el de los estados, deben comprometerse con tiempos definidos a la digitalización procesal homogénea y a una verdadera cooperación entre entidades y evitar la burocracia judicial de procedimientos civiles.

Mario Sandoval Chávez en Twitter: @MarioSanFisan