Las características propias de la Constitución mexicana han congeniado con la necesidad de introducir en ellas una cantidad de reformas que no son comunes a otros ordenamientos constitucionales; aun así, las modificaciones que experimenta requieren de un procedimiento expreso y riguroso para que sean aprobadas.

Es claro que nuestro ordenamiento constitucional tiene condiciones diferentes a las de las leyes regulares, y por eso las previsiones más exigentes para modificarlo, pues éste organiza y orienta al conjunto de las demás disposiciones que, como bien se dice, de él emanan.

De todas formas, no son pocas las reformas que a lo largo de su vida ha experimentado por el impulso y motivación de los distintos gobiernos. Las modificaciones instrumentadas en la materia política han estado orientadas al fortalecimiento del régimen republicano y del régimen democrático en un marco de garantías hacia las libertades y a favor de los derechos humanos.

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A tal circunstancia se debe que las reformas impulsadas en ese ámbito han gozado de amplia mayoría y se han desahogado en un marco de fuertes consensos. Sin duda que las reformas político-electorales caminaron sobre esa vía y así aportaron las bases para que se lograra consolidar un sistema plural, competitivo y con alternancia entre los partidos.

El viejo trauma de resolver la lucha política a través de las armas y de las asonadas, sólo pudo ser superado a partir de disponer de normas confiables que permitieran resolver la disputa del poder por medio de las elecciones y en el marco de disposiciones legales que gozaron de amplia aceptación. Las crisis electorales y las dudas que arrojaron pudieron ser superadas por un aprendizaje que miró hacia el diseño de leyes, instituciones y procedimientos encaminados a superar deficiencias e insuficiencias.

De las crisis electorales de 1940, 46, 52, 88 y la de 2006, emanaron reformas importantes que consolidaron la vida democrática del país y las cuales integran el andamiaje básico del que ahora gozamos.

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En esa misma dirección se encaminaron las reformas que miraron a acotar al poder político, fortalecer la división de poderes y crear organismos autónomos para la realización de actividades especializadas y que requerían márgenes de independencia no alineados a los del gobierno, en cuanto poder ejecutivo, a fin de dar cauce a la rendición de cuentas, la fiscalización y a la información pública.

Dentro de esa tónica, si bien la Constitución experimentó importantes reformas a partir de las iniciativas que, en cado caso, presentaron los gobiernos respectivos, éstas se caracterizaron por moldear el desarrollo y operación de los propios gobiernos y de construir un mejor andamiaje para la vida republicana y democrática del país.

Los consensos que antecedieron a dichas reformas se ampararon en el convencimiento y en la discusión amplia, de modo que los opositores influyeran en su diseño y encontraran satisfacción en ellas a partir de negociar coincidencias cuando se presentaron diferencias.

La tendencia acreditada de discusiones previas y negociaciones detalladas para promover reformas constitucionales, así como de aceptar adecuaciones producto del proceso legislativo para su aprobación, ahora se encuentra contrariada.

Queda claro que el rechazo inusual a proyectos de reformas constitucionales promovidas por el poder ejecutivo, son producto de impulsos ajenos a la construcción de consensos previos y, por contraparte, a una actitud inflexible del gobierno, la cual se inscribe en una visión que se olvida de la pluralidad política y de las opiniones que difieren, a partir de dar por descontados los posibles méritos de éstas.

En tales circunstancias, la ecuación de que la Constitución moldea al gobierno se contraviene para pretender que el gobierno moldea a la Constitución; no sólo se trata de una confusión del sujeto o de quien sujeta a quién, sino una postura que irrumpe y corrompe la institucionalidad formada a través de un largo tiempo, y desde donde, por cierto, pudo lograr su arribo al poder la fuerza política que actualmente gobierna.

La puerta que se abrió a la alternancia política, con el esfuerzo de todos, se pretende sea clausurada ahora por la vía de nuevas normas; si no se pueden aprobar, entonces toma su lugar la implementación de prácticas que se supone habían sido desechadas por el acuerdo democrático, en referencia a la intervención abusiva del gobierno en las elecciones, de la operación político-electoral de sus programas sociales y de controvertir las disposiciones de las autoridades electorales.

El gobierno arriba a su término con un ansia indómita para instrumentar reformas constitucionales que romperían largos consensos y abrirían rutas inciertas a la vida republicana y democrática del país; pero todo parece indicar que su pretensión no es concretar dichas reformas, sino el de sustentar a través de ellas una amplia polémica para que el gobierno entre en campaña por una vía paralela.

La Constitución como instancia que moldea al gobierno se degrada; se convierte en parapeto de discusión para el activismo gubernamental. El gobierno, desde la retórica, moldea a la Constitución para generar una grave tensión entre la práctica política y la prescripción normativa.