La tesis de que el gobierno ha pretendido ganar las elecciones antes de las elecciones se muestra suficientemente acreditada, pues explica muchas de las acciones que emprende en la ruta de mantener su protagonismo y de acelerarlo en la fase previa a los comicios federales y locales de 2024.

La administración pretende encauzar su último aliento en lo que le queda de gestión, para emprender medidas que eleven la relación clientelar que ha construido con buena parte de los electores a través de las entregas de apoyos directos, como ocurre con el anticipo monetario de pensiones no contributivas a los adultos mayores, justo previo a las elecciones, y que en este momento se encuentran en proceso de implementación.

Por otra parte, la ruptura de la disciplina fiscal básica que había caracterizado al gobierno durante su gestión se somete a una dura quiebra en el ejercicio de 2024, a través de forzar un inédito déficit que compromete al país durante los siguientes años.

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El flujo de recursos proveniente del nuevo endeudamiento se gestiona bajo la justificación de disponer de los fondos necesarios para terminar obras que se encuentran en proceso, y que han incrementado de forma desproporcionada sus costos, sin que hasta ahora hayan sido debidamente justificados a través de la evaluación de los proyectos respectivos, y cuya realización, en términos del ejercicio del gasto respectivo, luce por su opacidad.

Las obras del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas se han realizado mediante asignaciones directas a proveedores y contratistas, mientras en paralelo se cierra el círculo que amuralla y evade conocer los pormenores de su realización, mediante la decisión de decretarlas como información reservada, por razón de seguridad nacional junto con todo lo relativo a las mismas.

Dentro de ese mismo círculo que hace inescrutable la información respectiva, se encuentra una Auditoría Superior de la Federación perezosa e inocua, con bajo nivel de auditorías, y que fue vencida por el gobierno cuando osó anunciar una cifra del costo que significó cerrar el aeropuerto de Texcoco y que incomodó gravemente a la administración.

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Un gobierno que se endeuda atípicamente en la fase final de su administración marca el retorno al síndrome de las crisis de cierre de sexenio que fueron comunes en el pasado. Si bien en este caso no es de pronosticarse un fenómeno devaluatorio como los de antaño, sí se anticipa un inicio sumamente comprometedor para el próximo gobierno, causado, precisamente, por las decisiones de la administración que está por concluir.

Dicho en otras palabras, el gobierno ha tomado decisiones en el plano económico-financiero que rebasan el espacio de su administración, y que predeterminan situaciones apremiantes para quien lo sucederá.

Dentro de esa misma pauta, pero ahora en el ámbito político, el gobierno anuncia la presentación de reformas constitucionales que sabe no serán aprobadas, por no contar con la mayoría calificada a favor de ellas y por no estar dispuesto a moldearlas o adecuarlas para ganar el respaldo opositor; pero aun así anuncia que las presentará al Congreso.

Es el caso de reformas en materia electoral, respecto del poder judicial en cuanto a la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, presumiblemente, de la Guardia Nacional, cuyas presentaciones permitirá al gobierno usar el micrófono y cobertura preferente de la cual goza para increpar a opositores, denostarlos y realizar una especie de campaña, sin que explícitamente la esté realizando, de modo de escapar o estar fuera de los llamados que pudiera hacerle la autoridad electoral por participar abiertamente en el debate político respecto de los comicios.

Se trata de un modelo de realización virtual de una campaña contra opositores, a partir de explotar la discrepancia de puntos de vista respecto de las reformas legales promovidas por la administración, en tanto aquellos se tendrán que pronunciar al respecto y, al hacerlo, darán materia para ser increpados, y así levantar el artificio de una polémica.

Huelga señalar que, dentro de esa dinámica, la posible aprobación de las iniciativas de reformas que se presenten es lo que menos importará; lo relevante para el gobierno es que dispondrá de un pretexto claro para protagonizar un debate con la oposición, cuyo valor será servir de arena de lucha para diezmarla.

Y en el colmo de su protagonismo electoral, el gobierno recurre ahora a abrir el baúl una vieja y descalificada tesis sobre el asesinato del candidato presidencial más entrañable de los últimos tiempos, en tanto despuntaba con la evidencia de reunir un respaldo social inédito y de contar con un liderazgo con raigambre y prestigio indiscutido. Su asesinato cimbró al país y sigue siendo un evento que estremece e impacta.

Las investigaciones sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio fueron intensas, profusas y exhaustivas; en ellas se da cuenta de una trama pericial amplia que no deja dudas sobre los hechos materiales en los que se perpetuó el horrendo crimen. La polémica sobre el magnicidio ronda otras esferas, como lo relativo al contexto en el que éste ocurrió y de la influencia o conexión que pudo tener con el propio asesinato.

Pero ahora se introduce el pretendido rescate de una controversia, ya investigada, que se utiliza como pretexto para recurrir al tema. La oportunidad con la que se inserta esa vieja polémica aparece en la coyuntura de las campañas y, lejos de que se desahogue en el terreno de lo judicial, se inscribe en las declaraciones y comentarios presidenciales en evidencia clara de la politización que se pretende.

Todo indica que, dentro de la estrategia del gobierno para ser el protagonista de las elecciones presidenciales y su principal decisor, se recurre a usar, política y descaradamente, además de un endeudamiento flagrante de fin de sexenio, un anticipo inusual de ayudas monetarias directas, aunado a un cuerpo de iniciativas legislativas destinadas a servir de parapeto para poner en el centro del debate al gobierno.

La estrategia de politización del gobierno para ser el actor fulgurante, figura principal y quien encauce el debate en las elecciones no tiene límite.