El presidente AMLO cree firmemente en las consultas populares. El mandatario ve en estos referendos una fuente de legitimidad de su quehacer público, en detrimento, a mi juicio, de la democracia representativa presente en los funcionarios electos y en los miembros del Congreso de la Unión.

AMLO ha insistido, a lo largo de su gobierno, en someter a la población una consulta relacionada con su permanencia en el cargo. Esto podría sonar como un legítimo ejercicio democrático por el cual los mexicanos expresamos nuestra opinión en torno a la pertinencia de la continuidad del presidente. Sin embargo, esta consulta encierra múltiples cuestionamientos.

¿Obedecerá el presidente AMLO el mandato popular si los mexicanos le rechazan en la consulta? Quizá lo haga. Sin embargo, bien sabe el presidente, pues sus índices de popularidad - y su propio instinto político- lo indican, es altamente probable que los mexicanos que acudan a las urnas refrenden su confianza en él como titular del Poder Ejecutivo. A pesar de sus fracasos, de su populismo rampante y de su discurso divisor, AMLO goza de la confianza de la mayoría de los mexicanos. Esto se antoja como una verdad incontrovertible, a pesar de la negación de la oposición y de todos los que no creemos que la autoproclamada 4T haya beneficiado a la nación.

SI la consulta le resulta desfavorable y AMLO renuncia… ¿Quién asumirá el cargo de presidente de la República? En este sentido, la Constitución mexicana deja muchos huecos legales, y el procedimiento vigente dejaría abierta la vía para el arribo de un presidente débil sujeto a los intereses de un puñado de legisladores en la Cámara de Diputados y del Senado de la República.

A diferencia de otros países, la Constitución vigente no contempla la figura del vicepresidente (lo hizo la de 1857 y el último fue Pino Suárez, asesinado luego de su dimisión al lado de Francisco I. Madero) lo que convertiría al sistema - en caso de la renuncia del presidente- en una suerte de parlamentarismo a la mexicana, en el cual el jefe del Estado quedaría vulnerable ante los aconteceres que ocurriesen en el Congreso, pues dependería (si bien únicamente en el ejercicio del poder y no sobre el papel) de la voluntad de los legisladores.

México, lastimado por un espiral ascendente de violencia y de pobreza, no necesita una consulta popular que vulnere la investidura del presidente de la República. Ciertamente debemos rechazar el presidencialismo clásico impuesto por el PRI, pero debemos evitar el arribo de personajes sujetos a los intereses políticos del ramo legislativo.

En suma, la revocación de mandato supondría un experimento constitucional para el cual la Carta Magna y el propio sistema político mexicano no están diseñados. Lo más sano para nuestra democracia, a mi juicio, sería la conclusión del periodo presidencial de 6 años, y que en 2024 los mexicanos elijamos libremente al sucesor de Andrés Manuel López Obrador.