En uno más de los berrinches que como alarido de fiera herida está expresando en cuanto a su orgullo lastimado, y su ego golpeado, -que seguramente es lo que más dolor le provoca-, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) despotrica -tanto en forma directa como a través de su personero mayor, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; integrantes de su gabinete; diputados; senadores; la plantilla completa de gobernadores de Morena; así como las legiones de medios de comunicación afines, reporteros comprados, y bots en redes sociales-, en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que votaron a favor del proyecto de uno de ellos que revierte la transferencia del control administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

López, acorde a su personalidad autoritaria, dictatorial, tozuda, basada en una soberbia inconmensurable que le lleva a obnubilarse y a gobernar con el hígado, desde ahora está sintiéndose más allá de todopoderoso y con una bola de cristal ya adivinó que su partido, Morena, ganará la mayoría calificada para, como dice él, el día primero de septiembre de 2024, a un mes de que termine su sexenio, enviará una nueva iniciativa -con carácter de preferente para efecto que se apruebe de inmediato-, con la que volverá a intentar se autorice por el legislativo federal la reforma para que la SEDENA tenga el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional, contraviniendo crasamente lo que establece la Constitución, en este caso buscando reformarla y esperando con ello lograr su absurdo objetivo.

La realidad, es que el controversial tema de la militarización ha dejado a muy poca gente con el rostro en alto. Aquellos que prometieron regresar al ejército a sus cuarteles ahora lloriquean por los rincones despotricando contra la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el pasado martes echó atrás la reforma del Poder Ejecutivo que en septiembre de 2022 aprobó el Legislativo dando paso a que la Guardia Nacional estuviese adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Y en este polémico trayecto, hemos sido testigos de presiones, amenazas, engaños, traiciones, falsedades, mentiras y hasta maromas que la misma Nadia Comaneci envidiaría a integrantes de la llamada Cuarta Transformación (4T).

En todo este asunto, vale recordar que cuando Felipe Calderón llegó a la presidencia en 2006, anunció la militarización como una medida temporal, mientras supuestamente se fortalecían las policías y las instituciones y se retomaba el control territorial en determinadas zonas del país. Lo que ocurrió en realidad fue que el despliegue militar se prolongó a lo largo del gobierno de Calderón, y luego continuó con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

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Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo una muy extensa campaña durante la cual una de sus principales promesas se constituyó en “regresar el Ejército a sus cuarteles”, pero cuando en 2018 finalmente vio alcanzado su anhelo de convertirse en presidente de México, no mostró rubor alguno en contradecir su promesa de campaña siendo que una de sus primeras acciones fue la creación de una Guardia Nacional para reemplazar a la Policía Federal. Esa Guardia Nacional nació constitucionalmente como una fuerza de seguridad civil, pero ha sido manejada desde un principio como una fuerza militar. La gran mayoría de sus más de 100.000 miembros son militares y, desde un principio, en la práctica, ya estaba bajo el control operativo de la SEDENA,

El siguiente paso rumbo a lo que se dio en llamar la ‘militarización del país’, fue anunciar la intención de que la Guardia Nacional dependiera, ahora sí constitucionalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así, el gobierno amenazó con seguir profundizando la militarización de la seguridad pública a pesar de los altos costos de esta estrategia en materia de derechos humanos y de su comprobado fracaso a la hora de abordar la violencia y el narcotráfico, dos grandes desafíos en el país.

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La estrategia, sobre todo con la Guardia Nacional, fue aumentar la presencia territorial de las fuerzas del Estado, pero distó de ser suficiente para tener un impacto significativo en la situación de inseguridad y delincuencia.

Otro cambio con López Obrador, se generó en la insistencia de que la Guardia Nacional pasara a formar parte de la SEDENA, que se convirtiese en una fuerza armada y desaparecer la policía civil federal en México. Ello con el argumento de que fuese muy difícil o imposible que futuros gobiernos revirtieran ese modelo.

AMLO consiguió los votos en las dos Cámaras para que se aprobara su reforma de militarización, es decir, que la SEDENA tuviese el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, haciendo oídos sordos a quienes argumentaban que la reforma propuesta y aprobada era anticonstitucional, toda vez que en su artículo 21 la Carta Magna establece que la Guardia Nacional será una institución policial de carácter civil.

Apoyados en este artículo de la Constitución, un grupo de senadores promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de acción de inconstitucionalidad que fue admitido por el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

El resto de la historia está en las portadas de periódicos y medios de comunicación de todo el país del miércoles 19 de abril, siendo que el proyecto del citado Ministro fue respaldado con los votos de 7 de sus compañeros que junto con el de él, fueron suficientes para alcanzar los 8 votos que se necesitaban para aprobar el proyecto y anular la transferencia de la Guardia Nacional a la SEDENA.

Como ya mencionaba, la resolución de la corte no cayó nada bien al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien la mañana del miércoles se mostró sumamente encabritado tras el tremendo descalabro que le propinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Encabezados por su mesías, la Cuarta Transformación ha despotricado contra los ministros de la Corte. En tanto, el presidente y el Secretario de Gobernación buscan que el canal once del gobierno emita comentarios en programas ridiculizando y lastimando el prestigio, el decoro, la dignidad de una ministra y más aún de la presidenta del Poder Judicial de la Federación, la honorable Norma Piña Hernández, porque a su juicio ‘cometió el delito’ -porque así lo conciben ellos en su torcida mente-, de actuar en favor de México con la Constitución en la mano.

*con información de medios

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