La transparencia y la debida rendición de cuentas en el ámbito público descansan y presuponen, en todo caso, la vigencia, respeto y efectiva garantía del derecho humano de acceso a la información.

El referido derecho humano sin embargo, no se colma en sus fines y su fundamental trascendencia sustancial para la vida de las personas en una democracia, sin entender que el mismo se proyecta en otros derechos que le son correlativos. Entre estas proyecciones que dan materialidad y utilidad al acceso a la información de cara a las personas, entre otros, tenemos el derecho a saber, el derecho a la verdad y, por supuesto, el derecho a entender lo que se nos informa.

En relación con el último de los derechos mencionados, es preciso entender que de nada sirve a persona alguna contar con toda la información disponible, oportuna, cierta y completa, si la misma es incomprensible. En tal escenario, se rompen el sentido mismo de la transparencia y su carácter instrumental como base para una adecuada rendición de cuentas, al igual que como potenciador del ejercicio, goce y disfrute de muchas otras libertades y derechos humanos.

En otras palabras, las personas necesitan y tienen que poder entender el quehacer de su gobierno y de sus instituciones en general, a partir de la información que les es proporcionada por estas. Ello, para encontrarse en posibilidades de ejercer eficazmente y en libertad sus derechos y cumplir con sus obligaciones, sin complicaciones innecesarias y sin necesidad de agentes de cualquier naturaleza, que sirvan como intermediarios. El servicio público, en tal sentido y para su debido ejercicio, en todo ámbito y nivel, requiere del diseño y uso de documentos claros, entendibles y homologados transversalmente, que no solo transmitan información, sino que también reduzcan errores y aclaraciones que cuestan en muchas formas y trascienden en afectaciones a la vida de las personas.

Lo hasta aquí mencionado, es de meridiana relevancia si comprendemos que la rendición de cuentas, en todo caso, es una relación activa, permanente y esencialmente comunicativa entre las personas y sus instituciones. Relación que por ello, no podemos entender como que se encuentra supeditada a tiempos y ejercicios electorales para realizarla, sino que parte de la profunda consideración de la centralidad de las personas y su dignidad. Es decir, se fundamenta en una comprensión mucho más amplia de lo que es y debe ser la democracia como experiencia social compartida y en la que, todas y todos, tenemos voz y derecho a incidir.

Los organismos garantes nacional (INAI) y locales en materia de transparencia y rendición de cuentas, en línea con lo anterior, han realizado esfuerzos para dar sustancia a la comunicación efectiva y necesaria que requieren ambos principios en el terreno de lo público, acercando a las personas, las razones y motivos de sus determinaciones en los asuntos de su competencia por medio de recursos que no solo se traducen en el uso de lenguaje claro o ciudadano al interior de sus resoluciones, sino que han cobrado la forma de infografías y cápsulas informativas en diversos formatos.

Tales impulsos, deben hacerse replicar coordinadamente en toda institución de nuestro país para que desde su origen, la información pública y la transparencia así posible, vengan debidamente ancladas en la necesaria claridad que implica cualquier ejercicio comunicativo, sobre todo, al tratarse de información que provee a las personas, y como lo hemos dicho, la posibilidad de usarla como base para ejercer otras libertades y derechos que se relacionan con su desarrollo personal y el de los suyos.

La claridad del lenguaje es primordial en cualquier tipo de comunicación para que los mensajes respectivos lleguen del emisor al receptor y tal ejercicio dialógico sea útil. Lo anterior, cobra aún mayor importancia cuando la conversación que sostenemos es en torno a lo que a todas y todos nos involucra y en lo que podemos y es nuestro derecho participar.

Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Ciudadano del INFO CDMX