En una entrega previa revisamos la evolución del derecho humano a la protección de datos personales en la Ciudad de México.

En dicha oportunidad, también dijimos que en México el derecho humano en comento tiene reconocido tal carácter fundamental y mecanismos para su respeto, vigencia y garantía.

Ello, en términos de diversos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

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Nuestra Constitución, la legislación nacional y federal, aplicables en la materia y cuyos diseños normativos e institucionales creados como resultado de la reforma constitucional 2014-2015, se encuentran replicados y homologados en la legislación de las entidades federativas que integran nuestro país.

En las presentes líneas, nos referiremos ahora a la evolución normativa que ha tenido la protección de los datos personales en el ámbito federal. Al respecto, primeramente, es necesario considerar dos cuestiones.

La primera, es que el reconocimiento constitucional expreso de dicho derecho humano en nuestro país, es realmente reciente.

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Esto al haberse incluido en nuestro texto fundamental apenas en 2009 y como resultado de una reforma a los artículos 6º y 16 constitucionales que, conjuntamente, nos proveen de su contenido sustancial.

La segunda cuestión a considerar, en este momento en el que lo digital ha cobrado una gran relevancia en la convivencia, interacción y actividades humanas cotidianas, en los más diversos ámbitos y con una multiplicidad de fines, es un tema mucho más complejo.

Ello, porque este derecho, relacionado con la intimidad, la privacidad y la autodeterminación informativa de las personas, en un contexto digital y amén de las posibilidades que tienen desde ahora los organismos garantes nacional (INAI) y locales, para interpretarlo en los asuntos de su competencia de modo progresivo y ampliado;

Tal y como se encuentra previsto de modo expreso en nuestro sistema jurídico.

Simplemente no incorpora o contempla supuestos que hemos visibilizado y que han surgido o hemos provocado, tras el advenimiento del espacio digital.

En otras palabras y como suele ser, la realidad, en este caso virtual, nos ha rebasado y no contamos con las herramientas normativas y/o procedimentales para resolver, enfrentar y adjudicar la compleja conflictiva social que trasciende incluso a lo material en este relevante tema.

El problema de fondo, radica en que los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición), y que en su conjunto dan contenido al derecho humano que nos ocupa, fueron pensados y creados para un mundo de papel que ya no existe.

Por ende, sus alcances no nos permiten enfrentar y responder a las necesidades que en un contexto digital como el actual, y en esta materia, tienen las personas.

Esto, sobre todo, en lo tocante a los derechos a la cancelación u oposición respecto del uso de nuestros datos personales que diariamente son objeto de tratamientos que no comprendemos o en los que a veces consentimos sin saber o sin mayor consideración.

Solamente para no quedarnos fuera de las redes y plataformas digitales que utilizamos y en las que se encuentran quienes nos interesan.

A pesar de ello, es necesario que, cuanto antes, desde el organismo garante nacional, los locales y las diversas instancias competentes del Sistema Nacional en la materia, se provoquen y generen espacios de conversación pública, abierta, equitativa, plural e incluyente.

Espacios que incorporen a los más diversos sectores de la sociedad y que sirvan al planteamiento de alternativas en esta materia.

Ello, aprovechando en todo caso, las ventanas constitucionales que tenemos previstas en los artículos 1 y 133 constitucionales, y así, no solo los diversos tratados de los que nuestro país es parte (vgr. Convenio 108, 108+ y T- MEC) y que se refieren a este tema, sino también, las experiencias exitosas que podamos usar y generadas en diversas latitudes, para no quedarnos atrás en un mundo que no deja de avanzar.

Las lógicas y fuerzas que desde los ochenta sentaron las bases en Latinoamérica para lo que se considera en todo el mundo como un avance y desarrollo democrático, en nuestra región nos hicieron enfocarnos en generar las condiciones formales y materiales para tales avance y desarrollo.

En aquel entonces, no sabíamos ni teníamos idea del tipo de mundo que habríamos de habitar cuarenta años después. Hoy, sin embargo, lo sabemos. Por ello, no podemos rezagarnos una vez más.

Dialoguemos, debatamos y conversemos. No dejemos de hacer lo debido y de forma oportuna.

La democracia que buscamos y las condiciones para su incremental consolidación sustancial, podrían perderse de nuestro horizonte si no ajustamos el rumbo desde ahora. Actuemos ya.

Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Ciudadano del INFO CDMX