La reforma “por urgente y obvia resolución” a cuatro leyes, después del cuarto informe de la Cuarta Transformación carcome a la Constitución y traiciona la esperanza democrática.
El ansioso ánimo por adscribir la Guardia Nacional a la Sedena no pudo respetar un proceso legislativo ordinario o necesario. La mayoría de Morena fue obediente al presidente: sin reformar el 21 constitucional, sin respetar el pacto político que establecía un mando civil para la Guardia Nacional, sin sociedad civil, pero con 70% de aprobación.
Ni Felipe Calderón se atrevió a tanto -y vaya que anheló haber podido multiplicar elementos del ejército para mantenerlos en las calles asignándoles 40% de mayor presupuesto-.
Dicen quienes se atreven a defender las reformas aprobadas a Ley Orgánica de la Administración Pública (265), a la Ley de la Guardia Nacional (267), a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana (267) y a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (458) que esto no es militarizar la seguridad pública, a pesar de que con los efectos de esta reforma, elementos con formación y fuero militar estarán patrullando en la calle, deteniendo si quieren o haciendo algo más, porque podrán.
Los defensores de la nueva guerra contra el narco aseguran que las condiciones de seguridad lo exigen pues el país se encuentra fuera de control, pero la estadística del informe presidencial es que la incidencia delictiva ha bajado poco más de 20 por ciento y eso, gracias a los efectos de programas sociales y política del bienestar, pero aceptan que sean elementos con armas militares los que estarán afuera de las tienditas, en las carreteras y también afuera de las escuelas.
Defendieron las reformas con la “voluntad del pueblo”, que las familias lo piden, que “todos” quieren a la Guardia Nacional… pero nadie quiere que le disparen a sus hijos por “desconcierto e incertidumbre” como le sucedió a dos estudiantes de la Universidad de Guanajuato, cuando elementos de la GN mataron a uno y dejaron a otra gravemente herida.
Los que quieren a la Guardia Nacional quieren seguridad, como todos, pero probablemente no sepan que es la corporación con mayor número de quejas por violaciones a Derechos Humanos y que los delitos de carácter oculto, como la violación sexual, serán casi imposible de perseguir, lo sabe el elemento de la Guardia Nacional detenido por violación al interior del aeropuerto de Ciudad Juárez.



Dicen los defensores que esto no tiene nada que ver con la militarización espuria de Felipe Calderón que ensangrentó el país porque, dicen, “no somos iguales”… El problema es que López Obrador no será igual que ningún otro presidente que se haya tenido, pero los elementos del ejército siguen siendo los de siempre.
No hubo una elección con 30 millones de votos para elegir generales y sus carreras son vitalicias, su formación, sistema de justicia y prácticas -algunas, violatorias, como la tortura y desaparición forzada- son sistemáticas; decía Fernández Noroña que AMLO nunca usará a la GN para reprimir por no ser igual, pero nuevos militares de la GN -la policía militar- no sólo podría reprimir, también podrá hacer uso excesivo de la fuerza, disparar porque alguien no se quiso detener o hacer todo tipo de prácticas impositivas con el pretexto de la seguridad nacional.
Pero lo más grave de la Guardia Nacional y las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados, no es la Secretaría de la Defensa Nacional ni su formación militar, es el máximo desprecio al pacto político acumulado en la Constitución que únicamente permitió la conformación de ese cuerpo de seguridad con la condición de un mando civil para tareas de seguridad pública. Lo más grave comenzó con la violación fáctica por militares a cargo de la GN, y con el golpe a la máxima norma del país, contraviniendo igualmente tratados internacionales que ordenan mantener policías ciudadanas a cargo de la seguridad cotidiana y reservar al ejército en la defensa de la soberanía, en casos de delitos contra la federación, catástrofes, invasiones y nunca contra otros mexicanos.
El ánimo de dar un golpe en la mesa para que las instrucciones se hagan antes de seguir los procesos legislativos, escuchar a la sociedad civil y en todo caso, promover otra reforma constitucional es lo más lamentable. Ningún demócrata puede celebrar la violación del pacto democrático que establece jerarquía en las normas y división de poderes. Ni 70% de aprobación lo justifica.