En el último tercio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hay dos promesas que han quedado completamente incumplidas: eliminar la corrupción y la impunidad. La corrupción ha crecido y por lo visto no existen consecuencias de los principales actores.

Un escándalo tras otro

Tenemos casos como el del hermano del presidente, Pío López Obrador, a cargo de la Fiscalía General de la República de Gertz Manero y la Fiscalía Contra Delitos Electorales que encabeza otro gran amigo del presidente José Agustín Ortiz Pinchetti, esposo de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien fue impedida por unanimidad de los ministros para resolver la controversia con la que la FGR buscaba evitar entregar información sobre la investigación de los videos donde fue captado el hermano de AMLO recibiendo financiamiento ilícito a favor de Morena.

Recientemente se destaparon actos de corrupción ocurridos durante el periodo del impresentable salinista, Ignacio Ovalle al frente de Segalmex. El presidente López Obrador admitió que la Secretaría de la Función Pública ha informado sobre 22 denuncias recibidas por las que se han abierto 15 carpetas de investigación. Por lo que se conoce hasta ahora, el fraude podría ascender a los 10 mil millones de pesos.

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Grupo Marhel, filial de una empresa “fantasma” investigada por su presunta participación en una red de lavado de dinero mediante el envío de alimentos a Venezuela, recibió por adjudicación directa 21 contratos por más de 67 millones de pesos. En julio del año pasado Mexicanos Contra la Corrupción ya había denunciado que entre 2019 y 2020, Segalmex habría otorgado por la misma vía contratos por 797 millones de pesos a una red de empresas cuyos socios habían participado en empresas fantasmas.

En abril pasado, ante la presión, AMLO nombró director de Segalmex al exgobernador de Baja California Sur, Leonel Cota Montaño en sustitución de Ovalle que fue (premiado) designado Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) en la Segob.

Pero nadie actúa

Si los cuates de AMLO que tienen a su cargo la FGR y la Fiscalía contra Delitos Electorales no actúan en contra de quienes delinquen, habrá que poner los ojos en la Secretaria de la Función Pública encabezada por Roberto Salcedo Aquino, un hombre con experiencia administrativa y buena trayectoria que asumió el puesto cuando el presidente despidió a su antecesora, Irma Eréndira Sandoval, no por sus expedientes de corrupción, sino por la molestia que causó con los ataques en contra de su compadre, Félix Salgado Macedonio, cuando intentó imponer a su hermano Amílcar como candidato en Guerrero.

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Hasta antes de enfrentarse al presidente todo iba de maravilla con Irma Eréndira, funcionaba la ingeniería para la opacidad, evitar la rendición de cuentas y se estructuraba una dependencia para el chantaje.

Durante la gestión de Sandoval el Inai informó que se había iniciado una investigación por “presunta vulneración de datos personales” en la Secretaría de la Función Pública provenientes de las declaraciones patrimoniales de 2020, que afectó a 830 mil funcionarios públicos.

Al irse, doña Irma dejó “minada” la secretaria incrustando a funcionarios responsables de los Órganos Internos de Control en diversas dependencias, como Banobras, Bienestar, etcétera e incluso en el área de Control en la SFP que ocupa Juan Roberto Alva García, quien ni siquiera cumple los requisitos de ley para ocupar el cargo.

Como parte del proceso para garantizar la impunidad de los funcionarios públicos y aliados de Morena, Irma Eréndira, podría decirse, le encargó a su marido, el representante de Rusia en México, la elaboración de la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración Pública Federal que se publicó un día antes dejara el cargo.

El modelo que propuso John Ackerman, uno de los defensores de Manuel Bartlett cuando falseó y omitió información en su declaración patrimonial, es similar al de Venezuela y Ecuador. En su texto, “Organismos Autónomos y la Nueva División de Poderes en México y América Latina”, propone una creación de un cuarto poder supuestamente respaldado por el pueblo, encargado de atender entre otros temas, los considerados en la rendición de cuentas.

Para justificar su propuesta, en su libro dice que la Constitución de Venezuela está estructurada de una manera similar a la Constitución de Ecuador, pero en Venezuela, el poder a cargo de la función de la rendición de cuentas se llama “Poder Ciudadano” e incluye tres organismos, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República y, a la cabeza de este poder, un “Consejo Moral Republicano”.

Sin embargo, los pleitos al interior del Gabinete tienen repercusiones y el actual secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, dio marcha atrás al bodrio preparado por Ackerman, esposa y aliados.

En un boletín de prensa, la dependencia explicó que se busca que “los entes gubernamentales dispongan de los elementos para conducir el diseño, mejoramiento, innovación y actualización de sus áreas de transparencia y sitios web institucionales, que integren de una manera ordenada y sistemática la información pública que generan para que se encuentre a disposición de la ciudadanía”.

El reto para Roberto Salcedo está en lograr “sacudir” a la secretaría de los funcionarios incrustados por Sandoval y Ackerman y por otro lado, ver si realmente puede aplicar la ley, hacer más transparente la administración pública y por fin, combatir la corrupción.