Ha seguido la discusión pública sobre el tema de la fallida Reforma Eléctrica, sobre el sentido del voto de los grupos parlamentarios, pero sobre todo, con relación a lo validado como constitucional en la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que parece ser el eje estratégico para el futuro de la industria eléctrica y los grandes consorcios privados que en ella actúan y han impuesto su supremacía corporativa sobre la CFE.

Pero ni durante el debate extraparlamentario ni durante la disputa en el recinto legislativo, se ha planteado un tema fundamental o ángulo de visualización del planteamiento de Reforma Eléctrica: la enorme importancia del sector de la energía para la Seguridad Nacional, mejor entendida si la observamos bajo el prisma actual de los grandes apremios que tienen las economías de los Estados agrupados en el pacto militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con respecto de su severa dependencia del suministro de gas por parte de Rusia, debido a lo cual, han entrado en una fuerte crisis de abasto energético.

Hace décadas en la Europa Occidental de la guerra fría, bajo el impacto de los ciclos alcistas del precio internacional del petróleo y del efecto sobre ellos de las guerras árabe-israelíes, se planteó la tesis de la seguridad nacional de tales economías, no sólo bajo la dimensión militar desde la OTAN frente al rival Pacto de Varsovia liderado por la entonces URSS, sino de la seguridad energética como una dimensión especial de la Seguridad Nacional, no aisladamente, sino integrada a la seguridad alimentaria (impulsada por la Revolución Verde) y la seguridad mediante el control y abasto de los recursos hídricos (el agua dulce cuyas magnitudes finitas frente a una demanda excesivamente creciente en todo el planeta, generaba y genera presagios funestos). Esta trípode integrada, más la seguridad militar proporcionada por los ejércitos de la OTAN, conformaban el cuadro integral de la Seguridad Nacional para Estados y Naciones de Europa Occidental. Se profundizó luego en la integración económica desde la “Europa de los 10″ en adelante.

La Comisión Trilateral (1973) surgida del Club Bilderberg (1954) había hecho un conjunto de formulaciones mediante las cuales precisaba imperativamente la integración y convergencia de las políticas atlánticas y de Japón para solventar los graves desafíos que planteaba el cambio de época o nueva fase de las relaciones internacionales después de los fatales años 1970. Pero la derrota de los países del “bloque soviético” y la desintegración del Pacto de Varsovia sin disparar bombas atómicas, y el sometimiento inicial de la nueva Federación de Rusia a los dictados de Occidente, como indicó Henry Kissinger, confundió a los países de la alianza atlántica sobre que Rusia aceptaría el Nuevo Orden posguerra fría sin cuestionar su rol subordinado, y al paso de 25 años no fue así. La integraron a la globalización como abastecedora de gas a toda la región sin prepararse para un escenario de recambio obligado y súbito. Lo están pagando caro. Su seguridad integral como Seguridad Nacional se vulneró en la seguridad energética.

La Seguridad Nacional hoy tiene también esta dimensión, la energía y el proceso de transición hacia un escenario de predominio de energías renovables, y el gas y la electricidad son dos pivotes estratégicos de la seguridad y de la transición. Hay aceptación en torno a este criterio, lo dicen los informes hasta de la OPEP. Pero el petróleo jugará aún un rol relevante por lo menos hasta mediados del siglo.

En consecuencia, la recomposición favorable a la nación y al manejo económico del Estado del sector de la energía eléctrica en México no puede ser enfocado como un tema de libre competencia y de libre mercado, o como tema de sustentabilidad ecológica desarticulada de una política clara, precisa y medible en tiempos, de la transición energética hacia el medio siglo. Absurdo, torpe y miope. Ese es un enfoque de corporaciones privadas. Nos va en ello, como en los alimentos, los recursos hídricos, el petróleo y el gas, la Seguridad Nacional.

Quien no quiera verlo así, simple y llanamente ignora la trama de nuestra época por la transición energética, sus términos concretos, y las enormes lecciones hoy de la vulneración energética de Europa Occidental en el contexto de una guerra a la que se ha dejado arrastrar con el falso emblema “de la amenaza rusa”, ofreciendo con ello un flanco altamente vulnerable tras de una política irresponsable de confrontación económica total con la Federación de Rusia impulsada desde EUA. Los pronósticos más optimistas hablan de por lo menos tres años para preparar las condiciones de un nuevo direccionamiento del abasto energético para Europa desde países distintos a Rusia. Mientras hoy, hasta a escondidas le siguen comprando gas y petróleo a Rusia, y Alemania se rebela claramente a los dictados de Washington. Ambas cosas las afirma la prensa occidental.

A la inmensa mayoría de los legisladores mexicanos, incluyendo los de MORENA, les “pasó de noche” la lección histórica del sector energético para la Seguridad Nacional, del rol trascedente que tiene la energía hidráulica, la energía eléctrica, el gas, la sustentabilidad energética y todo bajo un poder público democráticamente constituido y en ejercicio así en sus funciones, para transitar energéticamente a un estadio más avanzado, eso no lo pueden garantizar ni desarrollar estratégicamente las corporaciones privadas, y tampoco son dos temas distintos, son el mismo tema, son vertientes de una misma concepción: la seguridad nacional.

En una oposición poco lúcida, que actúa con resentimiento, animadversión, y muchos con revanchismo político hacia el Presidente AMLO y la mayoría legislativa simple, aquella sustenta sus argumentos en clichés ideológicos, más que en la inteligencia política y con sentido histórico nacional; torpeza, ignorancia y miopía siempre van de la mano con enfoques esquematizados, repetitivos, y lugares comunes de la doctrina económica liberal. Muy bajo nivel demostraron.

Los abogados que han analizado lo que la SCJN resolvió sobre la constitucionalidad de la Ley de Energía Eléctrica, afirman que con eso le basta al Presidente de la República para obligar a las grandes corporaciones energéticas en el sector eléctrico mexicano a renegociar los contratos leoninos que las administraciones anteriores les entregaron “en bandeja de plata”, o para irse a tribunales a disputar la razón jurídica y vencerlas. De ser así, aquí está el eje estratégico de la recomposición del sector eléctrico aún sin los cambios constitucionales propuestos. No a la medida que el Presidente AMLO quería la reestructuración, pero, la reforma constitucional fallida no implicará la persistencia de un statu quo absolutamente desfavorable para la empresa del Estado, la CFE. Es lo más destacable.

“Se debe reconocer el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano y la obligación del Estado es ser garante de tal derecho. La ley no estipula una ventaja para la CFE, ni tampoco da exclusividad, cualquier empresa puede asumir el compromiso de producción de energías. La CFE no es la única empresa que puede hacerlo.” Afirmó la ministra ponente del texto que discutió y votó la SCJN.

De igual manera, el embajador de EUA en México Sr. Ken Salazar afirmó luego de la resolución de la SCJN, que EUA abriría litigios sobre los términos de ella, refiriéndose al criterio sobado de que “se viola el TMEC”, y el Presidente AMLO respondió, que en ese caso, México hará lo mismo. Correcto Presidente.

Ni los grandes grupos empresariales de dentro y fuera de México, ni toda la oposición multiplicada, ni Estados Unidos, pueden cuestionar con razón jurídica suficiente el derecho inalienable que México tiene de resguardar su Seguridad Nacional estableciendo controles constitucionales a la generación de energías de distinta fuente, para hacer todos los esfuerzos necesarios y transitar con cierta certidumbre a un estadio históricamente superior de producción energética, fuera del alcance principalmente, de los vaivenes de rentabilidad que por su naturaleza le son propios a la empresa privada, cuya participación también es constitucional, pero NO tiene porque ser predominante. Lo uno no conlleva lo otro.

Más estudio e información, diputados.