Los poderes judiciales de diversas naciones se encuentran actualmente en un debate crítico por la manera en que la carga ideológica de sus integrantes obstaculiza o influye en las acciones de gobierno. En muchos casos, estos órganos enfrentan tensiones al grado de la desaparición debido a sus roles de contrapeso frente a gobiernos con los que tienen posturas ideológicas opuestas. Lo curioso es que la reforma judicial en México, que busca limitar el poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es muy lejana al plan del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para reformar la Corte Suprema.
En México, la propuesta de reforma judicial ha generado un amplio debate. A pesar de que gracias al litigio estratégico y la promoción de amparos se ha logrado el aborto legal, matrimonio igualitario y beneficios en la salud como el acceso a dispositivos para la pérdida de capacidad auditiva, la restricción a las facultades de la Corte tienen que ver con la incapacidad de Morena para guardar procesos legislativos limpios y cambios legales que respeten la Constitución. Por un lado, debido a la urgencia con la que el presidente espera que diputados y senadores aprueben sus propuestas sin cambios, pero con velocidad; por otro lado, debido a que se ha excluido a la oposición de los debates, sin posibilidad de hacer cambios.
El objetivo es limitar el poder de la SCJN, en un contexto donde las decisiones judiciales frecuentemente entran en conflicto con las reformas del gobierno, aun cuando la radical postura de la Corte sea la de la legalidad y constitucionalidad.
Esta situación refleja una tensión creciente entre el poder judicial y el ejecutivo, donde el primero actúa como un contrapeso necesario, pero incómodo, leído por el presidente como opositor.
En Estados Unidos, la situación es igualmente compleja pero fundamentalmente distinta. La Corte se ha vuelto restrictiva por la forma política de su composición, pues la mayoría de sus integrantes propuestos por las alas más conservadoras de los republicanos ha tenido como consecuencia que recientemente, la Corte Suprema decidiera, en un fallo 6-3, otorgar una amplia inmunidad a los presidentes para los crímenes cometidos durante su mandato. Algo inaudito.
Esta decisión ha suscitado preocupaciones sobre la posibilidad de que un presidente (Donald Trump) pueda eludir consecuencias legales por acciones graves, como incitar una insurrección, similar a lo ocurrido el 6 de enero de 2021. La imparcialidad de la Corte Suprema ha sido cuestionada debido a diversos escándalos, incluyendo la aceptación de regalos no declarados y conflictos de interés, que han erosionado la confianza pública en esta institución clave.
Ante esta crisis de ética y confianza, el presidente Biden ha propuesto tres medidas clave para reformar la Corte Suprema:
1. Enmienda Constitucional “Nadie Está por Encima de la Ley”: Así, como lo dijo López Obrador. Biden sugiere eliminar la inmunidad presidencial para los crímenes cometidos en el cargo. Esta propuesta busca garantizar que el poder presidencial esté siempre limitado por la ley, estableciendo que ningún presidente está por encima de la ley.
2. Límites de Mandato para los Jueces de la Corte Suprema: Biden propone la introducción de límites de mandato para los jueces de la Corte Suprema, sugiriendo un sistema en el que cada presidente nomine a un juez cada dos años para un servicio activo de 18 años. Este cambio estructural evitaría que una sola presidencia pueda alterar radicalmente la composición de la Corte, promoviendo una rotación saludable y una representación más equitativa de diferentes perspectivas judiciales a lo largo del tiempo.
3. Código de Conducta Vinculante para la Corte Suprema: La implementación de un código de conducta vinculante es una medida destinada a fortalecer la ética en la Corte Suprema. Este código obligaría a los jueces a revelar regalos, evitar actividades políticas públicas y abstenerse de participar en casos donde existan conflictos de interés. Si todos los jueces federales están sujetos a un código similar, no hay razón para que la Corte Suprema sea una excepción a esta normativa ética.
Estas propuestas reflejan un esfuerzo por parte de Biden para abordar una crisis de legitimidad y confianza en una de las instituciones más importantes del país. La situación en México y Estados Unidos subraya la importancia de un poder judicial independiente y transparente, capaz de actuar como un verdadero contrapeso al poder ejecutivo, sin verse influenciado por consideraciones políticas o personales. El problema es que en el caso de nuestro país, los efectos de la reforma judicial podrían ser peores de lo que ahora mismo vivimos.
En última instancia, el fortalecimiento de las instituciones judiciales es crucial para la democracia y el estado de derecho. Las reformas propuestas buscan asegurar que estas instituciones puedan cumplir su función fundamental: proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, incluso frente a los más poderosos. El hecho es que permitir reformas sin debate ni respeto a la Constitución será una peligrosa puerta que deja abierto el paso a todo tipo de abusos. La vigilancia ciudadana y la demanda de transparencia y ética en el sistema judicial son esenciales para mantener la confianza en las instituciones democráticas y asegurar que la justicia prevalezca sobre la política.
La reflexión es: Por supuesto que los poderes judiciales son perfeccionables, nuestro país necesita urgentemente una que garantice el acceso a la justicia pronta y expedita. No debería asustarnos una reforma en contextos de gobernabilidad. Las luchas de poder no son exclusivas de nuestro país y reevaluar el papel de la justicia en las democracias liberales actuales se vuelve necesario, aunque el punto presidencial sea imponer una versión que no admita cambios. La lucha es porque la crítica sea escuchada y las reformas sean colectivas, consensadas y no impuestas unilateralmente.