La crisis institucional dejó un Tribunal Electoral endeble, que sobrepuso la autonomía sobre la imposición al costo de evidenciar la profunda grieta de la desconfianza y el desacuerdo.

Tras una lucha intestina y desgarradora principalmente para la institucionalidad del Tribunal Electoral, por fin el magistrado José Luis Vargas presentó formalmente su renuncia ante sus pares.

El acto fue tardío pero principalmente, dañino para la Constitución, la Suprema Corte y por supuesto, la integración del máximo órgano de justiciar en materia electoral. Hago el énfasis en máximo ya que el primer acto de alta traición a la jerarquía e investidura de la Sala Superior no fue ofenderles llamándolos “manada” ni cancelar abruptamente la “sesión maldita”.

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Su principal traición fue violar la supremacía que le otorga la Constitución con una controversia que finalmente, quedaría sin materia al momento en que reconoció la salida. Es vergonzoso que haya sido la Suprema Corte de Justicia la que pusiera orden, a través de su presidente, al conflicto. Y es vergonzoso porque el artículo 99 le da plena autonomía y las más altas facultades en los temas que tradicionalmente han causado los peores conflictos políticos del país.

El desgaste es tan profundo que entre los perfiles de los magistrados, ninguno pierde vinculaciones íntimas con partidos y fuerzas políticas, evidenciando que la influencia presidencial sobre los asuntos de su partido apenas son la cereza del pastel para la vieja tradición intervencionista sobre los asuntos electorales a partir de su integración. Ni es el primer presidente que influye o pretende influir en designaciones y proyectos, ni será el último mientras que no cambie el mecanismo de designación.

Tras la renuncia el único instinto de fortaleza radica en que hayan sido los magistrados quienes defendieran su propia autonomía -paradójicamente- con la misma crisis. El mensaje es poderoso: hacer lo que se debe, con las facultades que la ley ha otorgado, reafirma la división de poderes y coloca a cada quien donde debe de estar.

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Mientras el Poder Judicial resiste a la crisis y se sobrepone a la intentona de dominación e intervención, la cuenta pendiente con la ciudadanía crece: la justicia abierta no se logra implementar, la justicia digital no alcanza a la realidad, los presos sin sentencia se acumulan al ritmo lento mientras los expedientes se enfilan, las cifras negras se engordan entre la violencia normalizada, la “comprensión” a los delitos del fuero común, la frustración en que la impunidad sigue siendo la regla para los delitos graves y una eterna campaña que no se traduce a una evolución institucional. ¿Habrá gobernanza en el Tribunal? El peor escenario: que su propia crisis diluya la posibilidad de tener un organismo autónomo en materia electoral. No hay vacío de poder que, al arrebatarse, pueda pervertirse más que aquello que lo provocó.

La tremenda Corte con el tremendo Tribunal.

Por cierto. Hoy me reincorporo a mi columna diaria en este espacio y al tradicional nocturno en Youtube - Facebook tras unas sanas vacaciones. Vuelvo vacunada, impactada por las amenazas contra nuestra compañera Azucena Uresti, extendiéndole la más sincera solidaridad y apoyo. Con una profunda condena por el miedo y terrorismo psicológico al que el crimen organizado pretende someternos desde las filas del periodismo.

En el país más peligroso para ejercer la libertad de prensa, el más peligroso para ser mujer y también el más impune, distraer las funciones públicas con politiquería es un acto criminal.

Mi Twitter: @fridagomezp