Uno de los principales argumentos políticos que ha explotado AMLO es el Fobaproa, sin dar contexto ni datos, enfocado en cifras simplistas y frases pegajosas y sobre todo, sin mencionar qué alternativa hubiera sugerido o qué habría pasado en una crisis de esas dimensiones de no haberse implementado.
Su discurso siempre ha sido ideológico: “La deuda de los banqueros y algunos empresarios la convirtió en deuda de todo el pueblo de México, tres billones, desde entonces hay que destinar como 40 o 50 mil millones de pesos sólo a pagar intereses de esa enorme deuda que se está heredando a las nuevas generaciones”.
Utiliza cifras absolutas muy difíciles de dimensionar y fáciles de distorsionar, lo simplifica como una transferencia que pagamos hasta hoy (lo cual es bastante impreciso).
El tamaño importa
Los 43 mil millones de pesos que pagamos en 2020 al IPAB (como se llama hoy) parecen escandalosos desde el punto de vista de nuestro ingreso, por eso, al hablar de cifras macroeconómicas es útil dar un matiz relativo.
Este pago en 2020 representó un 0.72% del gasto neto del gobierno. Cada uno de los 128 millones de mexicanos pagamos 336 pesos al año por el IPAB, más o menos 28 pesos al mes, entonces ¿por qué tanto alboroto? Queda el detalle de si fue justo y la pregunta de a quién rescató el gobierno. Para esto, es importante entender el contexto.
Contexto
La crisis bancaria que dio origen al Fobaproa tiene un deja vu con la peor crisis de la historia de México, en 1982. El irresponsable endeudamiento público durante el gobierno de López Portillo provocó una crisis de la balanza de pagos que nos puso en la necesidad de declarar la moratoria de pagos, el control de capitales y de “nacionalizar la banca”; después, para cubrir los compromisos del gobierno, la banca nacionalizada se apropió de los ahorros de las familias mexicanas, un robo en despoblado. El pueblo rescatando al gobierno.
En el periodo de Carlos Salinas de Gortari, la banca regresó a manos privadas, bajo el sello de la casa, la corrupción. Los bancos fueron repartidos entre sus cuates, José Madariaga, El Divino, Carlos Cabal, Carlos Hank y Ricardo Salinas, entre otros.
Un detalle clave para entender la crisis de 1994 es que, después de la privatización, la regulación mexicana no monitoreaba a quién otorgaban crédito los bancos, la omisión permitió que los amigos de Salinas, la mayoría hoy con AMLO, transfirieran recursos de los ahorradores a sus cuentas personales mediante “préstamos” a sus otras empresas (sin ninguna regulación sobre su solvencia). Esto eventualmente llevó al sistema financiero a la quiebra poniendo en jaque el desarrollo económico.
Beneficiarios
Para enfrentar la crisis, el gobierno echó mano del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), instrumento creado en 1990 para, como su nombre lo indica, proteger los depósitos de las familias mexicanas de problemas de liquidez en sus bancos.
Pero el Fobaproa no tenía suficientes recursos para solventar una crisis sistémica. Fue entonces que el gobierno decidió absorber la deuda del Fobaproa (el fondo les debía a los ahorradores). El rescate permitió que el sistema financiero siguiera funcionando. Los cajeros no dejaron de dar dinero y las familias no vieron desaparecer sus cuentas como en 1982. Se rescató a las instituciones bancarias y a los ahorradores, no a los banqueros rateros.
¿Qué nos costó? Deuda pública por la que hoy cada mexicano pagamos 28 pesos al mes a cambio de que en 1995 no desaparecieran los ahorros de millones de familias. ¿Valió la pena? El desarrollo del sistema financiero ha ayudado a generar fundamentos macroeconómicos sólidos que por más de 24 años han evitado las crisis de fin de sexenio. El volumen de créditos ha crecido y las condiciones han mejorado gracias a la competencia. Haber dejado morir al sistema financiero en 1995 nos habría costado otra década perdida como la de los ochenta.
Los “Fobaproas” de AMLO
Con AMLO regresamos a los rescates financieros del gobierno, pero, a diferencia del vituperado Fobaproa, el gobierno no ha enfrentado ninguna crisis financiera, las causas han sido caprichos y compadrazgos y los beneficiarios, grupos cercanos al poder, muy diferente a 1995, donde los beneficiarios fueron todos los ahorradores mexicanos.
El “aeroproa”: De acuerdo con la ASF, la cancelación del NAIM costó al erario más de 331 mil 996 millones de pesos, en tanto que el AIFA costó 75 millones de pesos. El beneficiario, el empresario Carlos Slim.
El 10 de junio AMLO anunció el rescate de Altán Redes, operador de la Red Compartida, dicho rescate considera la toma del control de la empresa de telecomunicaciones por parte del Estado. Los beneficiarios, los incompetentes empresarios que quebraron la empresa.
…y los que faltan
El Banco del Bienestar invierte una cantidad grosera para construir escenografías de sucursales que no operan mientras entregan a diestra y siniestra “créditos a la palabra” que ya acumulan una cartera vencida de 95%. Su rescate no tardará en ser urgente.
Finalmente, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el gasto en “política social” (reparto de efectivo), han provocado el quiebre del sistema de salud y el desmantelamiento del raquítico Estado de bienestar mexicano. Se ha ahuyentado la inversión privada nacional e internacional y se han acentuado las crisis de empleo y de inseguridad.
Esperamos que no sea el inicio de otro ciclo de crisis recurrentes…pero parece que para allá vamos.