Otro duro descalabro, se llevó el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras la reactivación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo al que de manera perversa mantuvo inactivo por más de cinco meses, para evitar que cumpliese con la función para la cual fue creado, es decir, brindar información gubernamental a la ciudadanía.
La estrategia para propiciar su parálisis fue orquestada por el gobierno de Andrés Manuel y senadores de Morena.
Desde el pasado 27 de marzo de este año, el INAI interpuso ante la SCJN la controversia constitucional 280/2023, en la que demandó la omisión del Senado de la República para nombrar a tres comisionados y solicitó la suspensión de la aplicabilidad del artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia, para que el pleno pudiera sesionar con su integración actual.
La suspensión le fue concedida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 23 de agosto.
En tanto que un día después, la jueza federal Celina Angélica Quintero Rico, titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, dio un plazo de tres días para que el Senado de la República informase la fecha para el nombramiento de los dos nuevos comisionados faltantes del instituto, además determinó que, en caso de omisión, los legisladores podrían hacerse acreedores a una multa.
En una pasada colaboración para este espacio publicada en abril, mencioné que había quedado al descubierto el perverso proyecto de destruir al INAI:
“tras haber salido a la luz pública las grabaciones de la reunión que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sostuvo con legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en las que cumpliendo labor de mensajero transmitió la instrucción presidencial de “no nombrar a los comisionados del INAI”.
“Adán Augusto les dijo que “el mundo ideal” era permanecer sin el INAI y entonces no había ninguna prisa por nombrar a los comisionados a sabiendas de que se requieren cinco para validar las sesiones del instituto y solo cuatro cuentan con nombramiento.
También quedó en evidencia el engaño de AMLO, quien con toda premeditación, alevosía y ventaja, echó mano de su poder para vetar los nombramientos de dos comisionados que ya había aprobado el Senado el pasado 1 de marzo, precisamente con el fin de impedir que se completara la cantidad mínima de cinco consejeros que se establece para que el INAI pueda sesionar, sólo que su argumento para echar abajo los nombramientos fue que supuestamente Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) se habían repartido uno cada uno.
De tal suerte que el órgano encargado de vigilar la transparencia está paralizado y por ello más de dos mil recursos de revisión sobre diversas solicitudes están en vilo; entre ellas peticiones de personas sobre sus horas cotizadas en el IMSS para tramitar pensiones y jubilaciones, obtención de sus expedientes clínicos y judiciales; estatus de trámites burocráticos o corrección de datos en documentos de identificación, entre otras.
Pero no es lo único, toda vez que ahora mismo, no podemos contar con la herramienta de la transparencia, y no podemos conocer todo lo referente a la sospechosa venta del avión presidencial, de la que solo contamos con la información que dio a conocer el propio presidente y lo que ya han logrado investigar algunos medios de comunicación.
Visiblemente molesto ante las exigencias de que se nombre al menos un comisionado más para contar con quorum en las sesiones del INAI, López Obrador afirmó en sus conferencias mañaneras que dicho instituto es un “cero a la izquierda, no sirve para nada, lo crearon para simular que se iba a combatir la corrupción”, dijo.
Agregó que desde su creación con Vicente Fox (2000-2006), el organismo no ha contribuido al combate a la corrupción. Por el contrario, sirvió para legitimar robos y ocultar información, con un costo anual de mil millones de pesos.
Criticó que los comisionados no puedan sesionar, pero sí cobren sus salarios y gasten el presupuesto, por lo que sugirió que el Congreso revise la situación y tome decisiones.
Como era de esperar, las y los integrantes señalaron que a lo largo de 20 años, “el INAI ha dado muestra fehaciente de su pertinencia dentro del aparato democrático mexicano para que la sociedad pueda ejercer y hacer valer sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales”.
El pleno del INAI, conformado actualmente por la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena; las comisionadas Josefina Román Vergara y Norma Julieta del Río Venegas, y el comisionado Adrián Alcalá Méndez, lamentaron las descalificaciones y señalamientos del gobierno federal, ya que aseguran denotan desconocimiento sobre las responsabilidades constitucionales del instituto y atentan contra su autonomía e independencia, por lo que hicieron un llamado al poder ejecutivo a entablar un diálogo abierto, plural y democrático, expusieron a través de un comunicado.
Pero me temo que lo de Andrés Manuel no es desconocimiento -como lo advierten de forma quizá ingenua en el INAI-; y deben tener claro que López es muchas cosas antes que ingenuo. No se puede perder de vista ni por un momento que a este viejo lobo de mar los colmillos le arrastran hasta el piso y a alguien con su perversidad lo mueve el rencor, la maldad, la venganza, la soberbia, y también el miedo; el temor a que los medios de comunicación, las filtraciones, los hackeos, las infiltraciones de agencias de investigación extranjeras, y sus propios detractores continúen exhibiendo la enorme corrupción de su gobierno”. (abril, 2023)
El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales volvió a sesionar este miércoles con solamente cuatro comisionados; para marcar la ocasión, los comisionados resolvieron, en esta sesión “histórica”, 5 mil 993 recursos de revisión.
Entre los recursos más destacados, el pleno del INAI ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que entregue las versiones públicas de las tres órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública; exigió a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) que transparente documentos relativos al desfalco multimillonario perpetrado en el sexenio actual; y obligó Pemex a entregar información sobre emisiones de metano.
Durante una conferencia de prensa previa al arranque de la sesión, la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, se lanzó en una defensa férrea del INAI y de su presupuesto, y agradeció el apoyo que recibió la institución durante su batalla legal de 151 días para volver a operar.
Y, con un tono solemne pero cargado de revancha, aseveró: “Cuando el poder restringe las libertades y limita los derechos humanos, atenta contra el corazón de la democracia. Por esto hay que defenderlos”. “Siempre mantendremos una posición institucional, de diálogo, pero no de confrontación, y tampoco de sumisión”, agregó minutos más tarde.
El INAI “se encuentra de pie y fuerte ante los ataques”, dijo por su parte el comisionado Adrián Alcalá Méndez, quien durante la sesión reivindicó la “batalla legal” del instituto. Su homóloga, Norma Julieta del Río Venegas, denunció que “hemos sido objeto de una campaña de desinformación tremenda y brutal” en cuanto al presupuesto de la institución o a los salarios de sus comisionados.
Tras celebrar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya autorizado el pleno del INAI a sesionar con solamente cuatro integrantes –en lugar de los 5 que marca la Constitución–, Ibarra recalcó que, durante los cinco meses de “receso involuntario”, el instituto recibió 7 mil 483 recursos de revisión y de inconformidad, que se sumaron a otros 800 que estaban pendientes.
Muchos de estos recursos fueron resueltos hoy, en una sesión cuya orden del día constaba de 432 cuartillas. Durante la conferencia de prensa, trabajadores del INAI colocaron decenas de cajas negras alrededor de los comisionados, en las cuales se encontraban las resoluciones del día.
“En estos meses, nuestros equipos de trabajo y las comisionadas y el comisionado seguimos trabajando y avanzando en la tramitación y la preparación de las resoluciones correspondientes”, sentenció Ibarra. “El INAI no se detuvo”, insistió, aunque reconoció que “han sido meses difíciles”.
“No hemos afrontado solos esta crisis: también diversas instituciones, especialistas, organizaciones de la sociedad civil y de la academia han alzado su voz para defender, no al instituto, sino a los derechos de las personas. Para nosotros ha sido muy relevante contar con este apoyo”, dijo.
Ojalá el Senado concrete lo antes posible el nombramiento de los comisionados faltantes, antes de que la SCJN obligue a los legisladores a hacerlo.
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