El pasado 5 de febrero, el  presidente Andrés Manuel López Obrador sometió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa, “Con Proyecto de Decreto” para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de nuestro país, en materia de industrias estratégicas del Estado.

Al respecto, resulta necesario recordar que la Reforma Energética promovida por el ex presidente Peña Nieto y aprobada en forma oprobiosa por el aparato legislativo a finales del año 2013, trastocó el andamiaje institucional sustentado, precisamente,  en los mencionados artículos, los cuáles fueron mañosamente modificados para que, en particular,  el sector energético, contra toda lógica, pudiera considerarse no estratégico.

En esencia la malhadada reforma tuvo por objetivo principal, desmantelar y, en última instancia,  desaparecer a las dos principales empresas que, inicialmente se establecieron como “organismos públicos”  que atenderían los requerimientos energéticos de todos los sectores productivos y sociales (de ahí el carácter estratégico de la Energía), con el fin de dar los primeros pasos sólidos hacia la ruta de la industrialización de México.

Como bien dice el presidente AMLO “para los jóvenes”: la historia nos muestra que en los años 30 del siglo pasado operaban más de 100 empresas privadas que satisfacían, parcialmente,  la creciente demanda de servicio eléctrico. Estas empresas fijaban arbitrariamente las tarifas y seleccionaban o discriminaban a sus clientes. Generalmente, no consideraban proyectos de baja rentabilidad, típicos de aquellos años: electrificar el agro o comunidades alejadas de los centros de generación de energía eléctrica.

Ante esta situación,  en 1937 el presidente Lázaro Cárdenas crea la Comisión Federal de Electricidad  (CFE) como un organismo regulador inicialmente y –pronto– desarrollador de proyectos de generación que proporcionaría, a diversos sectores estratégicos de la economía,  una oferta estable y accesible.  Resulta evidente que, con el paso de los años, la CFE se convirtió en una gran empresa pública de carácter estratégico.

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Por otra parte, en la rama de hidrocarburos (petróleo y gas)  en la conciencia nacional está presente el gran momento de la nacionalización de la industria petrolera en 1938. La cuál, antes de aquella fecha, operaba con un conjunto reducido de empresas extranjeras en situación de enclave (i.e. sin relación estrecha con el resto de la economía local), mismas que exportaban casi toda su producción.

A partir del año 1940, armado ya con sus dos empresas públicas (CFE y Pemex), México inicia un ciclo económico de crecimiento y desarrollo que continuó hasta principios de los años 80. Los grandes números de esta época son incontrovertibles y contundentes: en promedio la economía creció a tasas anuales superiores a 6 por ciento y el consumo nacional de energía creció a tasas cercanas a 8 por ciento.

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Modulada y determinada por estas empresas públicas, la política energética durante aquel ciclo (1940 a1982) se sostuvo en al menos cuatro principios básicos:

  • Satisfacer prioritariamente la demanda energética del país, a través de las empresas públicas.
  • Sostener bajos precios de los energéticos.
  • Desarrollar la producción de los insumos básicos para las ramas eléctrica, petrolera y para el resto de la planta industrial.
  • La renta petrolera y los recursos energéticos son propiedad pública y se administran por la nación.

Lamentablemente, estos principios pudieron aplicarse en forma parcial, debido a la gran resistencia del capital transnacional y de sectores conservadores nacionales (en rigor representantes de empresas foráneas). Sin embargo, a lo largo de este ciclo, la política energética determinada por las empresas públicas logró fomentar el desarrollo industrial e impulsó el crecimiento económico.

Incidentalmente, en la propuesta en cuestión del ciudadano presidente se recupera el espíritu y el sentido de los principios señalados en aquel ciclo histórico y se actualiza para enfrentar la avalancha de retórica neoliberal que sigue oponiéndose a éstos.

Cabe recordar, también “para los jóvenes”, que durante la larga y sombría etapa neoliberal, de 1982 a 2018, el crecimiento anual promedio de la economía fue ligeramente superior a 2 por ciento y el crecimiento correspondiente para el consumo nacional de energía fue del mismo orden.

La política energética neoliberal se concentró en la aplicación gradual y generalizada de una serie de medidas que se tradujo en el abatimiento de las reservas probadas de petróleo (medidas en barriles crudo equivalente o bpce),  al pasar, por ejemplo, de 14 mil millones (MM) de bpce en 2009 a 7 MM de bpce en 2019. Es decir, que en una década el volumen de reservas se redujo a la mitad. Sin embargo, cabe notar que durante la presente administración se revirtió esta reducción  tendencial y pasó de 7 MM de bpce a 7.5 MM de bpce para el presente año (2024).

Análogamente, la política energética neoliberal causó el abandono de las Refinerías y Centros Petroquímicos, el cual llevó a una dependencia pronunciada de petrolíferos importados; a la quiebra de la industria petroquímica nacional; y al alza en los precios de los combustibles. Vale recordar la sarta habitual de “Gasolinazos”, característica de la pesadilla neoliberal.

En la rama eléctrica, como bien ha consignado el pueblo de México, la política energética neoliberal contravino sistemáticamente nuestro marco constitucional básico y desencadenó un atropellado proceso de privatización, inicialmente silenciosa –que se tornó escandalosa– ya que se encaminaba a un nivel de participación casi nula de la CFE, en materia de generación. Este proceso fue frenado oportunamente por la administración del presidente López Obrador.

La privatización del sector eléctrico siguió las pautas de la maraña de empresas privadas que controlan ciertos mercados nacionales, como el de España, donde el Estado ha perdido el control de los precios y tarifas de los servicios energéticos en perjuicio de la calidad de vida de sus habitantes.

La lista de agravios y daños derivados de la rapaz política energética neoliberal desplegada en nuestro país es muy larga y, prácticamente, todas sus formulaciones pueden ser rebatidas si se analizan con el rasero del bienestar común para las mayorías.

En su esencia, esta política apunta hacia el detrimento del acervo del capital industrial nacional. A efecto de frenarla, la iniciativa del presidente busca recuperar y actualizar el andamiaje institucional que, en forma patente, mostró buenos resultados. Sencilla en su planteamiento, al modificar los artículos 25, 27 y 28, resulta profunda en su mira y alcances.

La constitución plena de Empresas Públicas Estratégicas en materia de energía sería allanada mediante la aprobación de esta iniciativa y rompería la cadena de intereses antinacionales que se forjó mediante la reforma energética de Peña Nieto que, de acuerdo con nuestro presidente,  obedecía “a un sistema supuestamente de competencia, cuyo único objetivo es apropiarse de los recursos e infraestructura de un servicio público esencial del Estado para convertirlo en fuente de beneficios privados, ajenos a las necesidades del pueblo y del desarrollo nacional…” (AMLO, Presidencia de la República, Febrero 5, 2024)

Iniciativa que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética.

Consultar:

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=&Clave=4226988