A partir de este 5 de mayo, en las redes sociales del Instituto Electoral de la Ciudad de México está disponible el primer debate electoral celebrado dentro de una prisión. Esta vez, se trató del penal de Santa Martha Acatitla, en el área masculina, en donde representantes de partidos políticos brindaron una primera aproximación a este innovador esquema que es el preludio para el voto desde las cárceles en la Ciudad para todos aquellos que se encuentran en prisión preventiva, es decir, que no tienen sentencia y por lo tanto, no han perdido sus derechos políticos.

Se trató del segundo debate de este tipo en América Latina y el primero que se celebra en México. El asunto no es menor. Sin embargo, a este debate no acudieron todos los presidentes de partidos que estaban convocados, únicamente Sebastián Ramírez de Morena. La coalición PRI, PAN y PRD estuvo representada por Olivia Garza de los Santos, mientras que Alejandro Piña se presentó como coordinador de Movimiento Ciudadano. El ambiente fue en extremo restringido y cuidadoso: La grabación fue el 3 de mayo y la transmisión no fue en vivo, sino que este domingo estuvo disponible para la ciudadanía y a partir de este lunes, se transmitirá en todos los centros penitenciarios de la Ciudad. Fue moderado por Luisa Cantú y a pesar de que el tema eran los cuidados dentro de los centros penitenciarios, hubo acusaciones de todo tipo, reservando el espacio de propuestas a minutos limitados. Pero analicemos esto por partes.

El estigma de las prisiones

Mientras comenzaba la transmisión sugerida de este debate, me encontraba cenando en un puesto callejero con televisión en la zona centro de la Ciudad. Las personas a mi alrededor eran vecinos, de a pie, que al momento de escuchar la sede del debate así como el posible voto de personas privadas de la libertad, se escandalizaron.

No podían creer que alguien dentro de la cárcel pudiera votar. El problema de la prisión preventiva, además de permitir que personas inocentes se encuentren en la cárcel, es que simplemente es desconocida y complicada de explicar. Para el grueso poblacional, la cárcel es para los “delincuentes” y “por algo están ahí”. Para ese mismo grueso de personas, las cárceles no son espacios de reinserción sino de venganzas o castigos que consideran, bien ganados para los detenidos tan sólo por llegar ahí.

Los comentarios que se escucharon en la mesa resumen argumentos que las personas más conservadoras han dicho: “No deberían poder votar, ni que fuera premio después de lo que hayan hecho… mejor que los pongan a trabajar y dejen de comer de nuestros impuestos”. “Estando en la cárcel seguro les van a comprar el voto, ahí hasta por un cigarro se venden”. “Ahora se van a gastar los impuestos en las elecciones hasta para los delincuentes”. Todos ellos cargados de rechazo, desprecio, desconocimiento y principalmente, de resentimiento en contra de una de las poblaciones que a su vez, son de las más pobres, menos favorecidas y más víctimas del sistema.

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Son 1,862 personas quienes se encuentran en prisión preventiva y que podrán ejercer su derecho al voto anticipadamente con las boletas por la presidencia, Jefatura de Gobierno, diputación local y alcaldía. Lo más importante de este ejercicio es que este primer debate en prisión junto con el que se realizará el 12 de mayo con las y los aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la CDMX está generando visibilidad y debate sobre los derechos de quienes están en la cárcel sin haber sido sentenciados, demostrando que son prejuzgados por la sociedad y que su privación de la libertad constituye una  sanción anticipada por algo que aún no es claro si se cometió.

El debate por la prisión preventiva oficiosa y por la determinación pendiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto serán clave entre la tensión del gobierno obradorista y las posturas en derechos humanos y tratados internacionales que señalan esta medida como violatoria a derechos de las personas. La paradoja se encuentra en que este debate, sin duda, innovador, podría dar las herramientas para que las personas entiendan que si alguien puede votar entonces es inocente y si es inocente, debería estar fuera de prisión.

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POR CIERTO, muy pocas propuestas se enfocaron en los cuidados y las condiciones para las personas privadas de la libertad. Mientras que Morena apuesta a que los programas sociales puedan contener a quienes tienen familiares en prisión, únicamente Movimiento Ciudadano manifestó abiertamente su compromiso por eliminar la prisión preventiva, legalizar drogas y cambiar hacia un modelo de reinserción efectiva.  La representante del PRI, PAN, PRD por un momento alegó que deben contarse con médicos especializados para las mujeres, ginecólogos, pediatras y todo tipo de atención -con la que ya cuentan desde que los Centros Penitenciarios fueron adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana - sin embargo, su discurso se llenó muy pronto de prejuicios al decir que mandaría a más personas a la cárcel y al tratar de manipular a su audiencia alegando que “Santiago Taboada revisará todos los expedientes de las personas sin sentencia”, lo cual fue corregido por el presidente de Morena en la Ciudad de México, pues efectivamente, se trata de una facultad del Poder Judicial, no del Ejecutivo.

Lo más relevante es que existen propuestas como la de Patricia Mercado para que la reinserción social deje de ser tan compleja, como el hecho de eliminar el requisito de constancia de no antecedentes penales para acceder a empleos. Lo triste, sin duda, es que exista un electorado sediento de venganzas cruentas, exclusión y castigos cada vez más severos siendo que, en la realidad, los índices de impunidad son altísimos y quienes terminan sufriendo por el punitivismo son quienes menos dinero u oportunidades de defensa tuvieron. Ni siquiera los delincuentes de verdad... los de cuello blanco o los que ahora mismo compiten por cargos de elección popular.