Mucho se habla de la libertad de expresión, de la prensa libre e incluso de la defensa a los comunicadores ante los ataques provenientes de gobiernos. En ese contexto sin embargo, no se nota un claro y contundente frente común en el periodismo cuya causa sea Julian Assange, personaje que debería ser emblema de la ética periodística y la noble misión de informar.

Si bien el caso Assange involucra a muchos personajes y temas, por lo complejo que se volvió con el paso de los años, centrémonos solamente en el programador informático y fundador de WikiLeaks, de 52 años de edad.

Fue en 2010 cuando se le detuvo por primera vez por un caso de abuso sexual a instancias de la Fiscalía de Suecia, asunto que ya se encuentra archivado. En junio de 2012, Assange solicitó asilo político a Ecuador y este se lo concedió por lo que se resguardó dentro de la embajada del país sudamericano.

No obstante, en 2019 fue detenido por la Policía Metropolitana de Londres en el interior del recinto diplomático ecuatoriano, a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que quiere su extradición, y actualmente se encuentra en la prisión de alta seguridad londinense de Belmarsh.

Recordemos que en 2010, WikiLeaks hizo público un video del ejército de Estados Unidos en el que se veía cómo un helicóptero de ese país disparaba a periodistas y civiles en Irak, escándalo que dio la vuelta al mundo, y que cuando tuvo los ojos encima, comenzó a revelar decenas de miles de documentos militares clasificados que tenían que ver con la guerra en Afganistán e Irak, así como la filtración de material clasificado y cables diplomáticos relacionados con EU en todo el mundo. Las publicaciones fueron, dijo el propio Assange, en aras de “transparencia y verdad radicales”.

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Pero a Estados Unidos no le gusta que le desafíen, que lo expongan ni le cuestionen sus acciones. Y desde entonces se echó a andar un poderoso entramado judicial y un grotesco mecanismo de persecución y castigo contra el australiano, cuya traumática lucha en busca de la libertad le ha causado un evidente desgaste en su salud física y mental.

Son 18 los delitos de espionaje e intrusión informática por los que el país de las barras y la estrellas requiere a su enemigo en su territorio y por los que el activista podría enfrentar hasta 175 años de cárcel e incluso se ha hablado de la pena de muerte si se le encuentra culpable.

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Tras 14 años de batalla, esta semana el Tribunal Superior de Londres suspendió la posible extradición de Julian Assange a EU hasta que ofrezca garantías sobre cómo será tratado en ese país.

De acuerdo con el tribunal, la nación norteamericana debe asegurar que el fundador de WikiLeaks no recibirá un juicio injusto por su nacionalidad, que no será condenado a pena de muerte así como a actos de tortura y que gozará de las protecciones contempladas en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense que tienen que ver con la libertad de expresión. Y en este último punto me quiero detener.

Aunque se trata de un derecho que garantiza la libertad de recibir y difundir información así como ideas, y es esencial en una democracia, la libertad de expresión universal ha sido sujeta a censura por gobiernos que, enmarañados en sus luchas políticas y desesperados por el poder, pretenden coartar el pensamiento reflexivo.

La paradoja es que mientras en el mundo se reclama la coacción a la libertad de expresión, existe a la vez una especie de silencio vergonzante en el periodismo militante en torno al caso Assange.

Lo que surgió como un combate por parte de periodistas y organizaciones pro Derechos Humanos a lo que advertían como una amenaza a la libertad de prensa y de información por parte de los gobiernos, ahora se ha convertido en una suerte de solidaridad selectiva.

Los medios de comunicación ya no atienden con énfasis el caso Assange, pese a que en su momento difundieron con fuerza los documentos que WikiLeaks reveló y que causaron un impacto en la sociedad, generándoles un significativo número de lectores. Además esas publicaciones fueron pilares para la realización de futuras investigaciones con las que se han evidenciado otros asuntos relacionados con la corrupción en el mundo.

Julian Assange necesita hoy que los periodistas dejen un poco a un lado sus agendas, las cuales están alineadas a ciertas temáticas informativas, y en conexión con los ciudadanos y organizaciones refuercen un frente común en su defensa, llamando a sus gobiernos a ejercer presión para que se evite la extradición a Estados Unidos y/o se pueda lograr su tan ansiada libertad.

El periodismo le debe un contundente apoyo a Julian Assange y sentar con ello una advertencia en cuanto a que la información de interés público no debe ser coartada por los gobiernos u otros intereses que amenacen el derecho a informar y ser informado sobre causas que moralmente son justas.