Las cifras de las fuentes oficiales muestran una situación distinta a la que quieren ver los intelectuales y los analistas críticos del gobierno del presidente López Obrador. Lo cierto es que tanto el incremento real de los salarios como la transferencia de recursos a millones de personas son hechos incuestionables que han tenido un impacto positivo en la economía después de 2020, el año de la pandemia. Aun cuando se pretenda negarlo, es evidente que existe una relación dinámica entre la demanda y la inversión.

Los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) son ilustrativos. Demuestran el impacto positivo que ha tenido la estrategia salarial en el mejoramiento de las condiciones de vida de millones de trabajadores mexicanos y de sus familias. Los datos al tercer trimestre de 2023 son relevantes:

  1. La pobreza laboral disminuyó del tercer trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2023 en 8.7 puntos porcentuales al pasar de 46% a 37.3%.
  2. El ingreso laboral real per cápita en el tercer trimestre de 2023 se situó en 3 mil 124 pesos, 28% más con respecto al tercer trimestre de 2020.
  3. Pese a la mejora en los salarios, no ha habido un impacto negativo en la generación de empleo, mismo que se situó en una tasa mayor a 97%; es decir, la economía mexicana se desenvuelve casi en el pleno empleo.
  4. La masa salarial se situó en 357 mil millones a pesos del primer trimestre de 2020, 28% más en relación con el tercer trimestre de 2020. Debe decirse que la masa salarial es la suma de las remuneraciones de todos los empleados del país.

Es necesario subrayar que existía también una especie de mito en torno a la relación existente entre el salario y el desempleo. La tendencia estadística indica que, a pesar del incremento en los salarios, la tasa de desempleo ronda en 2.6%, que es el nivel más bajo observado en alrededor de dos décadas. Se podría decir, entonces, que el incremento salarial se ha convertido en un factor que ha ensanchado el consumo, generando un efecto multiplicador en el proceso inversor. Esta tesis es la que han sostenido un grupo importante de entidades financieras y de analistas económicos para explicar el comportamiento ascendente de nuestra economía en 2022 y 2023; situando al nearshoring en un segundo plano; concibiendo, sí, que su latente consolidación le imprimirá un mayor dinamismo a la economía mexicana.

Las columnas más leídas de hoy

La inclinación que ha tenido el gobierno de consolidar la política social va más allá de concebir al salario como un simple costo de producción. Se fundamenta en principios económicos expuestos desde hace casi un siglo, que describen la existencia de un círculo virtuoso en la economía: a mayores ingresos, más capacidad de gasto o de consumo de la gente, lo que potencia las ventas de bienes y servicios; esto, a su vez, lleva a ampliar las perspectivas de utilidad de las empresas, razón por la cual contratan más personal; lo que hace que disminuya la tasa de desempleo y que aumente tanto las remuneraciones como la masa salarial.

Actúa a favor de este ciclo virtuoso, la percepción de los empresarios de encontrar un mercado que se robustece para obtener mayores ganancias mediante las ventas de sus productos y servicios. Si se quiere ver de otra forma: en un mercado pobre siempre habrá inversiones pobres. Dentro de esta tesitura, la inversión pública constituye una palanca para ampliar la demanda de bienes y servicios; crear las condiciones de producción (infraestructura y conectividad) necesarias que posibilitan la inversión productiva privada, nacional o extranjera; y abrir nichos de inversión en las diferentes ramas de la economía: manufacturas, servicios, comercio, turismo, entre otras.

Los números no mienten, el consumo tiene un peso significativamente mayor al de las exportaciones dentro de la oferta y demanda global de bienes y servicios: 58.6% contra 26.5% (cifras del INEGI, tercer trimestre de 2023). Por otra parte, en la variación anual del PIB de 3.4%, la contribución marginal del consumo fue de 3 puntos porcentuales frente a los 2.7 puntos negativos de las exportaciones. Esto es, en el peso específico del crecimiento económico ha tenido una mayor relevancia el consumo, particularmente, el privado que tuvo un crecimiento anual de 4% entre los mismos nueve meses de 2022 y 2023.

También puedes leer
Oferta y demanda global de bienes y servicios
Oferta y demanda global de bienes y servicios

Es de vital importancia que el ingreso de las familias siga teniendo un nivel robusto para constituir una demanda creciente y solvente, a modo de ampliar la tasa de crecimiento económico. No se debe escatimar que la economía mexicana haya crecido 3.9% en 2022 y 3.1%, preliminarmente, en 2023; en tanto que durante los primeros 18 años de esta centuria - periodo en el que se mantuvo deprimido el mercado interno - el crecimiento promedio fue de apenas 2%.

No se puede negar que existen inconvenientes y retos para posibilitar que el Estado diseñe políticas sociales y erogue recursos en forma permanente y creciente en beneficio de su población. El incremento de la tasa de remuneración salarial genera como tendencia que el empleo se desplace hacia empresas con mayor escala y productividad y que el costo operativo provoque el cierre de micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). La política gubernamental debe tomar en cuenta que las MIPYMES generan más de 70% del empleo en el país y más de 50% del PIB; por los que es necesario crear mecanismos de fomento que posibiliten elevar su productividad, sin dejar de exigir su formalidad contable y fiscal. Es decir, no se pueden desamparar a las MIPYMES, pero se deben establecer metas precisas de reconversión productiva y de rentabilidad para garantizar el retorno de los recursos financieros y de fomento; sin dejar de exigir como condición la existencia de estados financieros que evalúan el desempeño y el flujo futuro de ingresos, así como los datos fiscales que generan la certidumbre en el giro de las inversiones y en la localización de las empresas.

El mayor de los retos para consolidar un Estado de bienestar radica en la capacidad de sostener una política de transferencias expansiva. La historia aquí si es importante. Keynes muere el 21 de abril de 1946, pero su obra no; por el contrario, se siguió materializando en el mundo en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. Existió durante ese tiempo el consenso ético: la economía no puede desvincularse del bienestar de las mayorías. El enfoque y la conducción económica no podía soslayarse de los derechos humanos y por ello el esfuerzo de las políticas públicas se encaminó en forma prioritaria a fortalecer el sistema de protección social. Económicamente, ello significó ampliar el gasto con fines sociales y la provisión de bienes y servicios públicos, así como la configuración de políticas anticíclicas para propiciar, en lo posible, el pleno empleo.

La rectoría económica le correspondía al Estado y las fluctuaciones de mercado no podían sobreponerse al bienestar colectivo; más claramente, se tenía, ante todo, que garantizar la seguridad social: el empleo (seguros contra el desempleo), las pensiones y la salud; así como los servicios sociales: educación, cultura, vivienda, entre otros. Mientras mayor fuese la provisión en la seguridad social y en los servicios públicos más alto era el avance de las democracias capitalistas; pero también se hacía más exigible contar con mayores recursos.

¿Cómo se puede sostener a un Estado que continuamente requiere de más recursos para satisfacer las necesidades sociales y aumentar el bienestar de la gente? La solución -antes y ahora- no radica en contratar más deuda o en alterar el equilibrio fiscal; de hecho, así entró en crisis la economía del bienestar, acompañada con altas tasas de inflación. Parte de la solución, en efecto, como lo ha propuesto el presidente López Obrador, sería reducir las estructuras burocráticas del gobierno y dirigir preferentemente los recursos al gasto y a la inversión social; también esperar ante la mejora de ingresos de la población que se amplíe la base social gravable. Sin embargo, ante las ambiciosas reformas sociales que ahora se pretenden elevar a rango constitucional, no es posible quedarse corto, por lo que será necesario proveerse de mayores recursos. La percepción del presidente López Obrador de que es posible cubrir esta nueva presión en el gasto con austeridad republicana y con la estrategia tendiente a alcanzar “cero corrupción”, por desgracia, es incierta; sobre todo, porque resulta difícil precisar cuantos recursos se pueden obtener de más al irse abatiendo la corrupción.

Se cuenta con un amplio espacio fiscal para allegarse de mayores recursos, la recaudación en México apenas representa 14% del PIB; pero para ello se requiere atreverse a instrumentar una reforma fiscal. Parece no existir otra alternativa, al menos que no pasen las reformas constitucionales en materia social del presidente López Obrador y que se frenen los montos de los apoyos a los programas sociales, entre ellos el de adultos mayores; o que la próxima presidenta en un plano más radical deseche la política de bienestar y retome la premisa expuesta por el expresidente Ronald Reagan en los años ochenta: “el modelo neoliberal es aquel que está diseñado para que los que saben generar riqueza lo hagan, esperando que los beneficios vayan goteando hacia las clases de abajo”. Esa “sabiduría del mercado” llevó a la pobreza por ingresos a 62 millones de mexicanos, la mitad de la población del país.