Resulta sorpresiva la opinión positiva que tiene la firma J.P. Morgan sobre la situación actual y el futuro próximo de la economía mexicana, en donde lo que espera es una continuidad de la política económica instrumentada por el gobierno lopezobradorista. Lo es más si recordamos que en 2020 la entidad financiera en forma lapidaria advirtió que México estaba en riesgo de perder su grado de inversión, lo que lo enfilaba a ser “un ángel caído” y que esto iba a suceder a finales de 2021 o a principios de 2022. Calificaba al presidente López Obrador como populista y su pronóstico sombrío era que nuestros instrumentos financieros se iban a convertir en “bonos basura”. No fue así, en su diagnóstico no consideró que el gobierno actual ha respetado como un objetivo prioritario la estabilidad macroeconómica, incluso lo hizo en la etapa álgida de la crisis pandémica, manteniendo los equilibrios básicos que impiden llegar a situaciones de crisis fiscales o financieras. Nada peor que vivir en la insolvencia.

Ahora J.P. Morgan señala que hay optimismo respecto a la continuidad de la política económica y que existe confianza en la forma en que Morena entiende la economía. Denota para los próximos años dos grandes restricciones: 1) la de contar con mayores ingresos para continuar con una política expansiva del gasto social y 2) la complicación de mantener aumentos salariales significativos, como el determinado de 20% para el salario mínimo en 2024. Es indudable, que para sostener el gasto social y mantener el equilibrio en las finanzas públicas se requiere de ampliar los ingresos, siendo la implementación de una reforma fiscal la alternativa más adecuada. El punto relativo a los salarios es el más interesante porque lleva a uno de los debates más controvertidas y ricos en contenido de la ciencia económica. Sin menospreciar otros logros, tal vez no exista uno mayor que el incremento de la tasa salarial que beneficia a millones de trabajadores y a sus respectivas familias.

El texto constitucional señala que el salario debe propiciar que se alcancen los satisfactores materiales y espirituales para llevar una vida digna. En un plano coincidente, la propia COPARMEX ha establecido que el incremento del Salario Mínimo General debe ser suficiente para que con el ingreso de dos personas con salario mínimo se mantenga a una familia promedio mexicana; esto es, que una familia con cuatro integrantes tenga la capacidad de acceso a la canasta alimentaria y no alimentaria definida por CONEVAL.

En los hechos, durante más de cuatro décadas los salarios se mantuvieron, incluso por debajo de la línea mínima de bienestar, llevando al empobrecimiento laboral. Se argumentaba, teóricamente (sin comprobar) que esto iba a llevar a presiones inflacionarias y a una reducción del nivel de empleo. En una visión ortodoxa los bajos salarios se convirtieron en un instrumento para anclar la inflación y evitar una contracción de la economía. Los argumentos eran los básicos de los cursos de economía:

  1. Que los salarios, al ser el costo primo de mayor importancia de las empresas, elevan significativamente los costos de producción y con ello presionan hacia arriba a la tasa inflacionaria.
  2. Que al ampliar los costos de producción se desestimula la inversión, lo que trae consigo el cierre de empresas y el desempleo masivo.
  3. Que mantener bajos los salarios es una condición indispensable para contar con niveles de competitividad y atraer inversiones.

La evidencia empírica en México en los últimos seis años, periodo en el que el salario mínimo general creció 111.5%, indica que el incremento de salarios no sólo no provocó desempleo masivo, sino que no incidió en una mayor inflación. El trabajo empírico de David Card (premio nobel de economía en 2021) mostró también que el incremento de los salarios mínimos en algunas entidades de Estados Unidos no había generado desempleo.  Volviendo a México, se puede decir, incluso, lo contrario: que el mantener salarios de subsistencia significó sólo contar con un mercado deprimido para la inversión. Parece insensato, pero la visión ortodoxa llevó a desaprovechar un mercado de más de 100 millones de mexicanos (ahora de alrededor de 129 millones).

En un entorno de libre mercado, resultaría lógico pensar que, ante un crecimiento económico continuamente bajo, generador de poco empleo, los salarios tiendan a descender; sin embargo, no debe olvidares que al mismo tiempo se genera un mercado laboral poco competitivo, que inhibe la capacidad de movilidad de la fuerza de trabajo en el sector formal. Se reproduce, así, un mercado monopsónico en donde el empleador encuentra un margen de maniobre envidiable para fijar salarios (si te parece bien y si no, también).

La movilidad en México de la fuerza de trabajo ante la limitada oferta de empleos no se perdió, la masa laboral encontró dos válvulas de escape: 1) la emigración hacia los Estados Unidos que permitía encontrar empleos y mejor remunerados; y 2) la incorporación al mercado informal, siendo indiferente para la gran mayoría el nivel de percepciones al prevalecer en el mercado formal salarios bajos o de subsistencia. Se suscitaron así dos fenómenos perversos: 1) se desaprovechó el potencial productivo de millones de mexicanos migrantes; y 2) aumentó la improductividad al crecer en forma inusitada la informalidad.

De acuerdo con nuestra Ley Federal del Trabajo, el salario mínimo debe servir para satisfacer las necesidades de un trabajador (considerado como jefe de familia) en el orden material, social y cultural y para proveer de educación a sus hijos. En el contexto de la ciencia económica también debe servir para contener las imperfecciones del mercado laboral, más cuando por sus deficiencias lleva a condiciones monopsónicas; es decir, que se puedan establecer salarios incluso por debajo del equilibrio del mercado laboral.

En México el salario mínimo lo determina la CONASAMI que es un órgano tripartito integrado por representantes del sector obrero, del sector patronal y del gobierno federal. Se entiende que para determinar el salario mínimo son los representantes del sector obrero los que deben presionar para alcanzar el mayor aumento posible. Así, el empobrecimiento continuo y después estancado del salario mínimo durante cuarenta y ocho años (como se muestra en la gráfica) sólo se puede explicar por una subordinación de los representantes obreros a las directrices de política económica del gobierno federal, que concibieron al salario sólo como un costo que inhibe el crecimiento económico, el empleo y la competitividad.

Evolución del salario mínimo real desde 1970 a 2024

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONASAMI.

El salario mínimo no es un mito genial, sobre todo si se considera que 12.6 millones de trabajadores mexicanos (31% de la población ocupada) ganan hasta un salario mínimo, además mantenerlo bajo debilita la capacidad de negociación salarial en el sector formal de la economía. Esto último llevó a un empobrecimiento generalizado de la mayor parte de la clase trabajadora; es decir, tiene efectos negativos hacia los otros estratos salariales.

Mejorar el salario mínimo significó durante los últimos años no sólo ampliar los niveles de demanda mediante un mayor consumo, sino darle dinamismo al trabajo del sector formal, que aumentó de 20 millones en enero de 2019 a 22.4 millones en noviembre de 2023; lo que ha llevado a un récord histórico de empleo, incentivado en gran parte por el incremento del salario promedio en la ocupación formal. Esto es, la mejora del salario base amplió hacia arriba los salarios en todos los puestos de trabajo formales.

Salario real base de cotización promedio de los puestos de trabajo del IMSS

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IMSS.

Lo otro que no me parece un mito (o al menos es un mito a medias) es la relación que existe entre la baja productividad y los bajos salarios. Los economistas, empecinados, hemos querido explicar el deterioro de los salarios a partir del decrecimiento de la productividad; lo cierto es que de tomarse en cuenta como parámetro la evolución del Indicador Global de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE) no es posible llegar a una afirmación tácita. El IGPLE por horas trabajadas se mueve en forma irregular, de abajo hacia arriba y viceversa. Dadas estas variaciones es prácticamente insostenible decir, por ejemplo, que los salarios se mantengan abajo o hacia arriba por la tendencia que sigue la productividad.

Variación trimestral del índice de productividad laboral por horas trabajadas de 2005 a 2023

Fuente: INEGI

Lo que no me parece un mito es que en la medida que la tasa salarial crezca será necesario consolidar el esquema de negociación institucional con los resultados que evidencien una mayor productividad. Es decir, los costos salariales tienen un límite y será necesario que el trabajo genere más valor para que sea acreedor a una mayor remuneración. Esto nos lleva a la necesidad de aumentar la productividad, sí, con la incorporación de mayor inversión, tecnología, capacitación y educación; pero contando de entrada con una base salarial que posibilite mayores niveles de bienestar y una vida digna para la clase trabajadora. Que es justamente lo que ha hecho el gobierno del presidente López Obrador.

¿Cómo elevar la productividad sin antes pensar en la estabilidad económica y emocional de los trabajadores y sus familias? No se puede ser más productivo si los ingresos sólo sirven para satisfacer las necesidades primarias; sin que existan incentivos reales para la capacitación y el adiestramientos o recursos excedentes para la educación, la cultura y la recreación. Las siguientes generaciones tampoco podrían ser más productivas si los trabajadores no cuentan con ingresos suficientes para sostener a sus hijos y encaminarlos a un mayor conocimiento, que es la herramienta esencial para contar con las capacidades y destrezas que se requieren en este periodo histórico del mundo con grandes cambios científicos, tecnológicos y culturales.

Si por algo va a ser recordado el gobierno del presidente López Obrador es por el incremento histórico de los salarios reales, que rompió con un mito económico perverso que empobreció durante casi cinco décadas a millones de mexicanos.