La caricatura

“La afabilidad es la forma de vivir enfocada en el amor al prójimo”. Lo leí en un diccionario bíblico que encontré en internet. Soy ateo, pero creo que tal definición tiene sentido.

Si entiendo correctamente el pensamiento de AMLO, esa es la esencia de su proyecto político. Alguna vez inclusive lo llamó la república amorosa: “Una manera de vivir, sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza y a la patria”.

El gentleman sería el habitante masculino perfecto de la república amorosa. Gentleman, que conste, no caballero. Esta última palabra tiene que ver con la pertenencia a un grupo dominante. En cambio, el gentleman —cito al filólogo Martín Miguel Rubio Esteban— “no apunta a una clase social sino a una forma moral de estar en la vida, a una pose ética y mental”.

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El mencionado filólogo dice del gentleman que nunca es fanático por sus ideas políticas, pero que “sí lo puede ser por sus buenos modales y decoro íntimo”.

Supongo que el femenino de gentleman sería mujer refinada, no por elegante desde luego, sino por educada y por su lealtad a los principios fundamentales.

¿Hay mujeres refinadas en la política mexicana? Por supuesto que sí, muchas: las cuatro ministras de la corte, Norma Piña, Margarita Ríos, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz; las gobernadoras, Claudia Sheinbaum, Maru Campos, Teresa Jiménez, Mara Lezama, etcétera; las integrantes del gabinete federal, Rosa Icela Rodríguez, Raquel Buenrostro, Leticia Ramírez, Ariadna Montiel y Luisa María Alcalde; la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez; la senadora Olga Sánchez Cordero, y muchas más.

¿Conozco algún gentleman de primer orden en la vida pública de nuestro país? Solo puedo pensar en uno, colaborador de La Jornada y militante de Morena sin aspirar a los cargos públicos: Rafael El Fisgón Barajas, destacado intelectual que se expresa con palabras y dibujos.

Nadie más educado, más amable, más decente y más generoso que El Fisgón. Claro está, su oficio lo obliga a ser burlón. Y es que la caricatura por definición distorsiona los rasgos físicos de las personas a las que se retrata. Pero, me parece, debe haber un motivo para ridiculizar a alguien en los medios de comunicación.

Que conste, no estoy diciendo que sea indebido o ilegal el escarnio solo por el gusto de burlarse de alguien. Se vale hacerlo. Pero esto El Fisgón no lo haría nunca. Él es un gentleman que solo recurre a la mofa como método de denuncia de arbitrariedades.

He defendido durante años, en mis artículos, el derecho de los moneros a burlarse de la gente dedicada a la política. Pero no todos los cartones que veo en la prensa me gustan. Los del caricaturista Calderón, de Reforma, normalmente me molestan, en especial cuando caen en la misoginia, lo que ocurre con frecuencia.

Los trabajos de El Fisgón casi siempre me agradan por la calidad de los dibujos, por el buen sentido del humor y por las causas que defiende o las fechorías que denuncia.

Soy admirador de El Fisgón, pero no me gustó su viñeta de ayer en La Jornada sobre la ministra presidenta de la corte suprema.

No hubo misoginia en la caricatura que Rafael Barajas hizo de la jurista Norma Lucía Piña Hernández, pero sí creo que en el fondo esa crítica a la ministra no es correcta: de ninguna manera se justifica presentarla como afecta a Genaro García Luna.

Que tres magistrados ampararan a Luis Cárdenas Palomino, subordinado de García Luna en el sexenio de Felipe Calderón, no significa que lo hubiese autorizado la ministra presidenta Piña. Por supuesto que no.

Sin duda hay corrupción en el poder judicial —como la hay en el ejecutivo y en el legislativo—. Pero, ¿culpar a la presidenta de la SCJN? Eso es tan absurdo como decir, y sobra gente en la oposición afirmándolo a diario, que el presidente López Obrador está detrás de todas las conductas ilícitas de quienes participan en el gobierno federal.

Acabar con la corrupción no será sencillo. La ministra Piña tendrá que trabajar bastante y, si le va extraordinariamente bien, avanzará muy poco. Ha sido el caso de Andrés Manuel: no descansa y ha tenido logros notables, pero dejará muchos pendientes cuando termine su sexenio.

Para progresar más rápidamente hace falta mayor entendimiento entre quienes encabezan los distintos poderes del Estado. Tuvo AMLO una excelente relación con Arturo Zaldívar durante los cuatro años en los que este encabezó la corte. Me pregunto por qué el presidente no ha buscado a Norma Piña, y no para hacerla su amiga o aliada, sino al menos para explicarle los proyectos de la 4T que son positivos, como el de las reformas a la legislación electoral que tantos enemigos del presidente López Obrador pretenden echar abajo.

¿Que la ministra Piña no se puso de pie cuando AMLO llegó al Teatro de la República en Querétaro? Seguramente ella se equivocó al olvidar aquello de que la forma es fondo. Pero el equipo de Andrés Manuel había caído en una falta previa quizá más grave: ubicar a la presidenta del poder judicial y al presidente de la cámara baja, Santiago Creel, en uno de los extremos del presidium, lejos del titular del poder ejecutivo.

La oposición, con elogios a Norma Piña, trabaja intensamente para que ella se convierta en verdadera enemiga de AMLO. Desgraciadamente, la gente más importante de la 4T, agrediendo a la ministra, también trabaja para que la ministra combata, con todo lo que tenga, al presidente de México.

Es mala noticia que alguien tan influyente en la 4T como Rafael El Fisgón Barajas no contribuya a hacer posible el diálogo —todavía inexistente— entre la ministra Piña y el presidente López Obrador.

Daños punitivos de las aseguradoras

A pesar del exceso de controversias constitucionales que solo interesan a la clase política y que necesariamente distraen a ministros y ministras de los temas importantes para la gente, en la SCJN ha habido avances que nada tienen que ver con la grilla. Por ejemplo, sentencias relacionadas con las compañías aseguradoras, las más abusivas entre todas las empresas que operan en México.

Cuando la primera sala de la corte la presidía Margarita Ríos Farjat hubo muy relevantes decisiones a favor de la sociedad y en contra de tales empresas que maximizan sus ganancias perjudicando a muchas personas que las contratan. Hoy, con la mencionada sala encabezada por Jorge Mario Pardo Rebolledo, han seguido las noticias positivas acerca de las compañías de seguros.

Un jurista de primer nivel me envió ayer por WhatsApp un tuit de JusticiaTV de hace menos de un mes:

Las aseguradoras son importantes porque la gente, al contratarlas, aligera la carga con la que nomás no puede el Estado.

Cuando AMLO se infartó en 2013, su tratamiento no le costó al gobierno porque recibió atención de calidad en un excelente hospital privado, Médica Sur; Andrés Manuel tuvo acceso a tal centro de salud gracias a un seguro de gastos médicos.

Menciono la hospitalización privada que salvó la vida a Andrés Manuel para, de una vez, callar a las personas de la 4T excesivamente ideologizadas que se oponen a los servicios de salud particulares.

Mucha gente puede acudir a los hospitales privados porque ha contratado seguros de gastos médicos, y es que a veces las empresas aseguradoras son eficientes y justas con sus clientes..., pero otras veces abusan.

Las empresas aseguradoras ganan mucho dinero y sus directivos buscan aumentar las utilidades por la vía de perjudicar a los usuarios.

Ojalá incrementaran sus ganancias consiguiendo más clientes, lo que implicaría que se aplicaran para ofrecer mejores servicios y bajar sus precios, pero como esto requiere más trabajo, prefieren la ruta fácil de perjudicar a quien se deje.

El abuso lo hacen los directivos de las aseguradoras amparados en contratos que interpretan como se les pega la gana. Son tan hábiles que, si alguien les demanda, convencen a jueces y magistrados de que tienen la razón, y punto: la gente que se joda.

Me dio gusto, entonces, que la primera sala de la SCJN haya condenado a una aseguradora a pagar “daños punitivos”.

Esa figura —la de los daños punitivos— en 2014 la estrenó en México el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea con una ponencia que condenó a cierto hotel de Acapulco a ir más allá de hacerse responsable por el daño moral a la familia de una persona que se ahogó debido a la negligencia del establecimiento.

Si el daño punitivo es nuevo en nuestro sistema de derecho, en otras partes, como en el Reino Unido, está bien establecido desde hace bastante tiempo.

Hasta donde entiendo, para que existe el daño punitivo debe probarse una conducta insolente de parte de la empresa o de la persona demanda por haber perjudicado a alguien.

Nada más insolente que las aseguradoras:

√ Manejan la idea de las enfermedades preexistentes como se les antoja, invariablemente para su propio beneficio y en perjuicio del público.

√ Aumentan las primas excesivamente en función de maximizar su rentabilidad… y solo en función de eso; los cálculos actuariales cuchareados son su coartada.

√ No hay límites a los incrementos de las primas, aunque la persona asegurada tenga 40 años pagando y, ya retirada de su empleo, carezca de recursos para cumplir con los aumentos. Es decir, gente toda la vida sana y que pagó durante décadas una póliza que no usó, cuando por primera vez necesita atención médica no la tendrá porque renunció al seguro que se volvió impagable para un jubilado.

√ Las cláusulas de los contratos, redactadas en farragoso lenguaje técnico o jurídico, no son comprensibles para la mayoría de la gente, así que los gerentes las interpretan a capricho y por supuesto para su beneficio.

√ En la renovación de la póliza, sobre todo cuando los usuarios se hacen mayores, la compañía llega a no incluir tratamientos para enfermedades que suelen aparecer con la edad avanzada.

√ No es anormal que las aseguradoras presuman que pagan sin mayor trámite toda clase de tratamientos frecuentes y baratos, pero solo para hacer ruido y que pase inadvertido que se niegan a cumplir con tratamientos infrecuentes y caros, estos últimos los que arruinan a cualquier familia.

√ Las empresas cancelan las pólizas cuando quieren y no les importa dejar sin protección a personas enfermas.

Respetuosamente sugiero a ministros y ministras que no esperen a que les lleguen las demandas contra las compañías aseguradoras abusivas, sino que las busquen en los tribunales federales y atraigan las que parezcan más interesantes. Porque habrá magistrados y magistradas en los colegiados que, por falta de recursos para el análisis, se dejen convencer por los abogados de las empresas. Y es que el tema es complejo y la asesoría con la que cuentan quienes integran la corte suprema no la tienen otros jueces y otras juezas. El sector salud mexicano lo agradecerá.

Sugiero también que ministros y ministras establezcan un diálogo técnico con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en la que sus directivos están absolutamente al tanto de las transas de las aseguradoras, pero no es mucho lo que pueden hacer para controlarlas.

La tarea de poner orden debería ser del poder legislativo, pero a sus integrantes les vale gorro todo lo que no sea politiquería, así que prefieren perder el tiempo en sus propios pleitos que luego conviertan en controversias constitucionales que solo distraen a ministros y ministras.