El discurso del pasado 1º de diciembre tiene un valor significativo por las valoraciones, definiciones conceptuales y estratégicas que ofreció. Especialmente dos: su concepto de un proceso de militarización, que tanto usan sus críticos y que por ello se ha vuelto no solo multi-sémico, sino casi un lugar común, y su planteamiento sobre la equivocación política que significa que un gobernante piense en todos para gobernar, lo cual se conoce como “correrse al centro”, “quedar bien con todos”. “No” exclamó AMLO, “eso es un error”, la política “exige autenticidad y definiciones” y luego el presidente AMLO se definió como “de izquierda”, lo cual significa “anclarnos en los ideales y en los principios, no desdibujarnos, no zigzaguear” para “mantener la identidad”.

Aplicando una cierta metodología de análisis ella permite seleccionar ejes temáticos del discurso a partir de la identificación de conceptos, que en su integración analítica y dinámica permite realizar el análisis cualitativo para interpretar la realidad concreta que percibe el orador basado en la jerarquización de los ejes conceptuales de acuerdo a la intensidad y amplitud con la que los abordó. En primer lugar planteamos una jerarquización temática:

  • El discurso social con la información sobre los programas del gobierno.
  • El discurso sobre la economía, infraestructura de comunicación terrestre, e institucional.
  • El discurso político de confrontación ideológica (régimen anterior y con la oposición actual), incluyendo el discurso anti-corrupción, contra la violencia, la “revolución de las conciencias”, el rechazo a la supuesta militarización, y el rechazo también a las posturas “centristas” para dar paso a las posturas de izquierda.
  • La política de reformas institucionales.
  • La política exterior.

Los dos temas que nos llamaron la atención (rechazo al concepto de militarización y al centrismo en política de gobierno) son los que pasamos a desarrollar ubicados como inciso c) del discurso político de confrontación y deslinde con adversarios.

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El presidente AMLO rechaza la acusación de estar militarizando el país porque él entiende por “militarización” un régimen militar que controla el aparato del Estado y cuyo objetivo fundamental es el control social mediante una amplia represión política: “No se ha ordenado hacer la guerra a nadie, ni reprimir, no se le ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad, tampoco que violen las leyes, que coarten las libertades, el esfuerzo para construir la paz se lleva a cabo sin violentar los derechos humanos, sin comprometer a las fuerzas armadas. en masacres, sin acudir a la tortura, ni desapariciones forzadas ni ejecuciones extra judiciales”, remató diciendo “ya no aplica el mátalos en caliente”.

Algo importante es que usa una condicionante: “ya no” no dice “nunca”. Este matiz para mí es relevante: no niega que haya habido ese tipo de represión, sino que él no ordena nada de eso. Entonces militarización es una política y un proceso que implica el dominio del aparato del Estado por la institución militar con medidas abiertamente represivas, no la presencia de militares en un sector o varios de actividad administrativa o económica.

Pienso que en lugar de un análisis más profundo se acude a un cuasi-lugar común y a un concepto polisémico, dándole esa categoría. Lo más común que he escuchado es que la militarización “es la cesión de actividades al ejército que antes correspondían a civiles”, que es de una extrema pobreza en contenido. ¿Cómo es posible pensar en generar una actividad de oposición en un tema tan álgido y complejo con una idea tan simple?.

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Siendo presidente electo y durante la presentación del Plan de Paz y Seguridad en el Hotel Camino Real de Reforma, AMLO tomó dos definiciones fundamentales:

  1. “Un líder político no puede tomar decisiones perfectas que dejen contentos a todos, debe escoger entre inconvenientes”.
  2. “Ante la situación del país, decidí apoyarme en las instituciones más sólidas del Estado: las fuerzas armadas”. A partir de estas dos conceptualizaciones, no hay ninguna sorpresa. Todo cuadra perfectamente bien con ellas.

Las aduanas, entradas al territorio nacional y parte central del sistema fiscal recaudatorio, más aún para un país como México que tienen el 60 por ciento de su actividad económica con el exterior, y para cualquier Estado, son áreas de la seguridad nacional. ¿Alguien se atrevería a negar que después de la privatización (recordemos las fallidas APIS, Administraciones Portuarias Integrales concesionadas a privados que mutaron al control casi absoluto del crimen organizado, de cuello blanco (las múltiples formas de evasión fiscal y contrabando) y del narcotráfico, en donde la delincuencia organizada fue amo y señor en todas ellas?

Los grandes contratos de obra pública ¿alguien se atreve a negar que se convirtieron en una de las formas más escandalosas de alianzas criminales público-privadas, de robo y defraudación del erario público? Y podemos seguir con el anterior proyecto de Aeropuerto Internacional, puede checarse el Informe de la Auditoria Superior de la Federación, en dónde consigna que aún no había empezado más que el proceso de relleno del lago, y no sólo los costos de obra por iniciar se habían incrementado en miles de millones pesos, sino que habían ya desaparecido mil millones de pesos, en términos del ejercicio de los recursos. La política no se puede hacer en la abstracción ideologizada, sino en el mundo real, en las estructuras y coyunturas que determinan la dinámica concreta de un país y de un gobierno y de la sociedad.

Así, a partir del diagnóstico estructural, lo que podríamos discutir con fecundidad es si son o han sido las únicas soluciones posibles, y allí aterrizaríamos hipótesis demostrables, entre “sí” y “no”, con alternativas viables, o en dónde “sí” son obligadas y en dónde “no” lo son, o si necesariamente deben ser soluciones transitorias para el mediano plazo. Pero simplemente hablar de un proceso de “sustitución de personal civil por el militar” es muy pobre para considerarse. ¿Cómo entenderlo entonces?, como lo anunció: ante la situación en distintos sectores de la administración pública federal y de la corrupción estructural o corrupción de Estado, se ha optado por las fuerzas armadas para recuperar la institucionalidad y funcionalidad de ciertas áreas del Estado capturadas por la delincuencia organizada (cuello blanco y narcotráfico).

No se está quebrando la institucionalidad del Estado ni del orden jurídico (o en caso de tesis contraria, demostrarlo), pero se debe acotar en su precisa temporalidad. Lo que no es estrictamente verdad es que hoy las fuerzas armadas. y la GN no hayan violado los derechos humanos en sus actuales desplazamientos y operativos militares, por lo menos hay distintos ciudadanos que se presentan como agraviados con ciertas acciones de los cuerpos armados que han acudido a la presentación de quejas en las instancias procesales para el efecto. No sé cuántas se hayan dictaminado en positivo y si se hayan instruido sanciones, pero múltiples quejas las hay. Muy lejos de la situación de sexenios anteriores, eso es innegable y en un gran avance.

Por lo tanto, el presidente AMLO no sólo rechaza la idea de militarización, sino que afirma con los dichos citados antes, que los cuerpos armados están bajo control de su autoridad. Por lo que debemos inferir que no hay ni instrucción en sentido represivo o violatorio de DH, ni tolerancia al más alto nivel del poder del Estado de la que pueda haber. Por el caso Ayotzinapa hay militares, policías federales y ministerios públicos presos, falta un mayor avance. Uno de los más graves efectos de ordenar la represión política o la represión abierta a la criminalidad –como es la experiencia amplia en nuestra región- es la pérdida de control sobre los cuerpos armados. Una vez abierta la dinámica represiva es muy complejo recuperar el control completo de aquellos, porque predomina la lógica de los enfrentamientos y la violencia armada. No es hoy el caso.

De allí a aceptar que todas las grandes obras públicas del sexenio sean temas de la “seguridad nacional” ante la lluvia de amparos para detenerlas, por cierto, amparos fáciles de gestionar (hay un estudio de especialistas que exhibe los excesos permisivos de los Juicios de Amparo en México), hay mucha diferencia. Es necesario analizar otras alternativas que no presuman “el ocultamiento de información” para la sociedad, aún ante la estrategia de obstrucción jurídica desde la oposición a los grandes proyectos del gobierno. Ya Fox metió a AMLO en un brete jurídico un tiempo con aquella acusación de “violar la orden de suspensión de un juez” sobre una obra pública simple. México vivió meses de fuerte tensión política porque dicha “suspensión” traía otra intencionalidad política: sacar a AMLO del juego de la sucesión presidencial en 2006. La oposición debe ser también más creativa, no pensar solo destructivamente.

El gobierno actual optó frente a la estrategia jurídico-obstruccionista a sus grandes proyectos, por un planteamiento en donde aprovecha la obsolescencia de la actual Ley de Seguridad Nacional que no se ha atrevido a tocar en los términos en que son hoy necesarios -salvo en el tema de implantar ciertas restricciones al personal de los servicios de inteligencia externos con dedicatoria para la DEA, en donde finalmente está cediendo en forma parcial-, lo cual tampoco es aceptable. Hay que encarar la necesidad de una Ley de Seguridad Nacional y de Seguridad Interior absolutamente necesarias.

Por ello las generalizaciones como las de usar el término de “militarización” para casi todo lo concerniente, se vuelven lugar común y exhiben la falta de análisis real casuístico y sirven de muy poco. En los tres casos, de generalizaciones simplificadoras, del obstruccionismo jurídico como táctica de lucha y el eventual ocultamiento de información, pierde la sociedad. En ningún caso se eleva el nivel del debate público ni de la conciencia social.