Todo lo que dice el presidente López Obrador genera polémica y no ha sido le excepción la propuesta de elevar a rango constitucional el que los trabajadores obtengan una pensión equivalente a su último salario devengado. Los economistas, ante esta propuesta, insisten que este esquema no es sustentable y que ello llevará a enfrentar riesgos fiscales, de no incrementarse los ingresos públicos. Encuentran como una de las soluciones el elevar la masa de contribuyentes, que en términos sencillos implica una reducción de la economía informal. La paradoja es que es difícil llevar a la formalidad a 16.5 millones de personas que perciben remuneraciones en la economía informal, si antes no se mejoran las condiciones de trabajo en la economía formal, para ello resultaría indispensable, adoptar, entre otras, las siguientes medidas:

  1. Elevar los sueldos y salarios de aquellos que trabajan en la economía formal. Dentro de este contexto, se han elevado los salarios mínimos generales en 111% durante la actual administración, al pasar de 111.75 en 2018 a 248.93 pesos diarios en 2024. Ello ha permitido también elevar el salario promedio mensual en 53.2%, al pasar de 10,620 pesos en 2018 a 16,268 en 2023.
  2. Mejorar las prestaciones de los servicios básicos que se le ofrecen a los trabajadores formales, sobre todo, el relacionado con la seguridad social.
  3. Contar con una pensión digna al momento del retiro, que es lo que está ofreciendo el presidente López Obrador con su propuesta de reforma al sistema de pensiones.

Para avanzar en el análisis, es indispensable introducir el concepto de tasa de reemplazo, que hace referencia al porcentaje del ingreso que se percibe cuando uno se pensiona en relación con el último salario obtenido. En términos internacionales se considera como adecuada una tasa de reemplazo del 70%, que en términos llanos significa recibir una pensión 30% menor de lo que se percibía con el último salario. En México, según diferentes estimaciones, la tasa de reemplazo, en promedio, es de 55.5%; es decir, los trabajadores cuando se pensionan dejan de percibir 44.5% de su ingreso con respecto a su último salario y 14.5% menos si se considera el parámetro ideal internacional.

Naturalmente, la baja tasa de reemplazo en México es un resultado estructural de la persistencia durante muchos años de los bajos salarios y dicha tasa sólo se podría mejorar, como bien lo indica la página del Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), con las siguientes medidas:

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  1. Incrementar la aportación, voluntaria u obligatoria, a las cuentas individuales, cuyo límite estructural de crecimiento han sido los bajos salarios.
  2. Flexibilizar el régimen de inversión para aumentar los rendimientos y promover un retiro más tardío.

La tasa de reemplazo ha ido aumentando, afortunadamente. Todavía en 2020, algunas Afores, estimaban que los trabajadores pertenecientes a la Ley 97 sólo obtendrían, en promedio, 30% de pensión en relación con el último sueldo devengado. Sin paráfrasis, esto significaba pensiones de miseria.

La reforma de pensiones de 2020 es, sin duda, una de las reformas de mayor calado durante la administración del presidente López Obrador. Con esta reforma se hizo más flexible la pensión mínima garantizada al amparo de la Ley del Seguro Social; lo que consecuentemente derivó en que los pensionados reciban un monto equivalente a un salario mínimo general de la Ciudad de México. Ante el incremento de los salarios mínimos, los resultados positivos para los trabajadores no se han hecho esperar: primero, porque las pensiones han aumentado significativamente en la misma dirección de los salarios y segundo, porque a tres años de la reforma de pensiones del IMSS, 72 mil personas alcanzaron una tasa de reemplazo de 72% (dentro del parámetro ideal internacional), mayor al 49% que hubiesen recibido sin esta trascendental reforma (CONSAR).

El monto de la pensión mínima garantizada se estima en 8,400 pesos para 2024, que es el equivalente al salario mínimo para 2024 (248.93 pesos diarios) más el 11% del “factor Fox”, es decir, el incremento de 11% que se viene otorgando a las pensiones a partir de 2002. Debe decirse que este monto mínimo garantizado de 8,400 pesos sería sólo para aquellos empleados o trabajadores que decidan pensionarse en 2024; es decir, no incluye a la totalidad de los pensionados con ingresos hasta un salario mínimo en años anteriores.

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En la conferencia matutina, en torno a su propuesta, el presidente López Obrador dijo que si se harían ciertos ajustes en las aportaciones que hacen los trabajadores y los “patrones”; sin embargo, señaló que los recursos faltantes para contar con una pensión al 100% conforme al último salario devengado, los cubriría casi en su totalidad el gobierno federal. De modo, que es indudable que va a existir presión fiscal. ¿De qué tamaño sería el boquete en las finanzas públicas?

De aprobarse constitucionalmente esta reforma en el sistema de pensiones y bajo el supuesto de que esta sólo sería aplicable para los trabajadores en activo que decidan jubilarse a partir de 2024, lo primero que se tendría que analizar es la estructura de los ingresos por salario mínimo equivalente de la masa trabajadora ocupada en el sector formal. Así, se tiene que 0.54% de los trabadores cuentan con hasta un salario mínimo, por lo que 119,000 trabajadores recibirían una pensión mínima garantizada; que 63.4% de los empleados formales perciben hasta 2 salarios mínimos (14,936 pesos mensuales) y que 78% de los trabajadores obtienen hasta 3 salarios mínimos (22,403.70 pesos al mes). Todos esto empleados, que suman 17 millones 355 mil, se podrían pensionar dentro de estos rangos salariales, siempre y cuando cumplan con las condiciones que establece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) relacionadas con el número de semanas cotizadas y con la edad mínima de 60 años.

Fuente: STPS y CONASAMI
Fuente: STPS y CONASAMI (Gildardo Cilia López)

Hacer una estimación sobre la base de la estructura de los salarios resulta complejo, por lo que para analizar el posible impacto fiscal resulta más conveniente considerar el número de trabajadores en el sector formal en relación con el salario promedio, que entre noviembre y diciembre de 2023 se situó en 16,268 pesos mensuales. Si toda la población ocupada en el sector formal (22 millones 194 mil personas) cumpliera con las condiciones mínimas para pensionarse y con una tasa de reemplazo de 55.5%, en efecto, para cubrir el 44.5% restante se tendría un faltante anual desorbitante de 2.29 billones de pesos. Si se considera el parámetro ideal internacional con la tasa de reemplazo de 70% -que por desgracia México no lo tiene- el tamaño del boquete disminuiría a 1.3 billones de pesos.

Un análisis más correcto lleva a segmentar a la población ocupada del sector formal por rangos de edad. Así, la población próxima a jubilarse conforme a la información que se puede obtener de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), sería aquella que tiene más de 55 años de edad. Este universo contempla un total de 2 millones 104 mil personas, que representa 9.5% de la población ocupada total en el sector formal. Sobre esta base el boquete en las finanzas públicas para 2024 sería de 182 mil 790 millones de pesos, si se toma en cuenta la tasa de reemplazo de 55.5% y de 123 mil 229 millones de pesos si la tasa de reemplazo fuese la ideal de 70%. Reitero, aun así, toda esta población no podría pensionarse, de no contar con 60 años y de no cumplir con el mínimo exigible de semanas cotizadas, según sea el caso, Ley 73 o Ley 97.

Fuente: STPS y CONASAMI
Fuente: STPS y CONASAMI (Gildardo Cilia López)

Lo ideal siempre es no generar una mayor presión sobre las finanzas públicas, pero aquí se trata de alcanzar la más alta justicia laboral. Sólo un dato, los 182,790 millones de pesos del costo fiscal anual estimado por la reforma de pensiones del presidente López Obrador, representa 14.4% del costo financiero de la deuda pública (1.26 billones de pesos) programado para 2024, que es dinero que se eroga y que no tiene ninguna orientación productiva o social y cuyo incremento con respecto a 2023 de 11.8% (133 mil millones de pesos), en términos reales, se debe principalmente al hecho de mantener una política monetaria de altas tasas de interés.