¿Te gustaría pagar más impuestos? Si se hiciese una encuesta la respuesta abrumadora sería no, lo que llevaría a concluir que a casi nadie le gustaría que se elevarán los impuestos. Esto viene al caso porque desde hace días algunos economistas y analistas han llegado a la conclusión de que en 2025, va a ser necesario efectuar una reforma fiscal; ello por la necesidad que se tiene de rescatar a PEMEX y de contar con recursos para sostener los programas sociales. En términos prácticos una reforma fiscal significa aumentar las tasas impositivas y extender el IVA a ramas neurálgicas como son las de alimentos y medicinas.

Estimados lectores, podrían ustedes imaginar que una de las primeras medidas del nuevo gobierno, en 2025, sea implementar una reforma fiscal. No dudo que eso llevaría al desencanto social. El repudio sería tal que la gente saldría a las calles a protestar, haciendo impopular al gobierno en turno. Eso le pasaría a cualquiera que gobernase, más a la oposición porque traería consigo su deterioro político, que, incluso, pondría en riesgo su gestión gubernamental.

Elevar y generalizar impuestos tiene costos, no solo políticos, sino económicos. Claramente habría un efecto inflacionario, así como un efecto negativo en el consumo privado; afectando regresivamente a la sociedad. Todos padeceríamos esta situación, sin embargo, lo resentirían especialmente los más pobres porque se conjugarían dos impuestos: el inflacionario (en los hechos la inflación es un impuesto regresivo) más el que se deriva efectivamente de los impuestos.

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¿Realmente se requerirá para 2025 una reforma fiscal? Lo primero que habría que destacar es que esta medida tendría que ser un recurso de última instancia; también requiere de un análisis concienzudo para evitar el mayor daño posible a la población. No se puede ser insensible ni ocurrente, sólo hay que recordar las protestas masivas en Colombia, cuya reforma fiscal en 2021 (recién concluida la etapa de mayor emergencia del COVID-19) consistía en aumentar impuestos a productos de consumo básico como el agua, la electricidad, el gas, la gasolina, o los servicios funerarios; y en aumentar progresivamente el impuesto sobre la renta de quienes ganaban un salario mensual por arriba de 2.5 veces el salario mínimo. La impopularidad fue evidente, no sólo porque el gobierno tuvo que echarse para atrás, sino porque la derecha lo pagó en los comicios tiempo más tarde.

Sin cuestionar la sugerencia de los economistas y analistas que hablan de la imprescindibilidad de una reforma fiscal en 2025, vale la pena analizar un concepto básico: el espacio fiscal. Éste se define “como el margen que existe dentro del presupuesto público que proporciona recursos para aplicar las políticas públicas, la cual no debe comprometer la sostenibilidad financiera de largo plazo, ni la estabilidad de la economía” (Héctor Juan Villarreal y Sunny A. Villa). En términos fiscales ello significa contrastar los gastos que son ineludibles con los ingresos públicos durante un determinado periodo; de esta forma se encuentra el espacio fiscal de un año en cuestión. La fórmula parece sencilla:

Espacio fiscal= ingresos públicos - gastos ineludibles

Un gobierno responsable no podría dejar con estrechez de recursos al siguiente que le sucediera, sea del partido que fuese. Así, una forma de ampliar el margen de maniobra es la reestructuración de los compromisos de pago originados por la deuda pública. El gobierno del presidente López Obrador ha reducido estos compromisos mediante recompras de bonos de mercado y prepagos de créditos a organismos financieros internacionales. Con esta medida se ha disminuido en 70% el pago de servicios de la deuda, esto es, en alrededor de 58 mil millones de pesos.

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Otro elemento por considerar es el costo financiero de la deuda. El escenario de altas tasas de interés ha llevado a un incremento del costo financiero. De enero a junio de 2023 este costo aumentó en 34% con respecto al mismo periodo del año anterior; lo que implicó un desembolso por parte del gobierno de 553,268 millones de pesos durante el primer semestre del año. El fenómeno de altas tasas de interés se ha dado en todo el mundo, afectando la posición financiera de casi todos los países; por lo que este contexto no resulta deseable y previsiblemente, es de esperarse su reducción en el próximo año.

Con independencia de que las políticas restrictivas resulten -de acuerdo con la ortodoxia económica- necesarias para contener la inflación, el Banco México tiene que continuar con sus evaluaciones periódicas a efecto de que oportunamente reduzca su tasa de referencia. Internamente la deuda neta del gobierno asciende a 11.7 billones de pesos, de los cuales 82.5% corresponde a deuda interna. Es decir, con independencia del debido respeto a la autonomía del Banco de México, el tema no es menor y conviene disminuir en la medida de lo posible y razonablemente las tasas de interés.

El comportamiento del precio de los hidrocarburos no se puede de ningún modo de desdeñar. En términos de ingresos afecta la disminución del precio del petróleo, sin embargo, aquí resulta vital la compensación fiscal. La reducción del precio de las gasolinas hace decrecer los subsidios del gobierno federal y amplían los ingresos derivados del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). ¿Cuál es el margen de compensación para resarcir las pérdidas por el declive de los precios del crudo? Es difícil de precisar, lo evidente es que el subsidio ha detenido los indeseables gasolinazos y seguramente ante el descenso de precios de los hidrocarburos resulta conveniente hacer un balance costo – beneficio, tomando en cuenta el efecto de la compensación tributaria.

En relación con la recaudación fiscal, vale la pena señalar que esta se puede incrementar por dos vías: uno, subiendo las tasas impositivas y generalizando el IVA y dos, ampliando la masa social gravable. El análisis de la SHCP hasta el segundo semestre da cuenta que la mejora salarial, la creación de empleos y las ganancias han ampliado la recaudación del ISR en 225 mil millones de pesos al comparar el primer semestre de 2023 contra el de 2022. No sucede lo mismo con el IVA, en donde se observa una reducción 12 mil millones de pesos; atribuyendo la SHCP esta disminución a la apreciación del peso; pese a ello podemos señalar que este decremento estuvo atenuado por la evolución del consumo privado.

En conclusión, existen factores positivos que amplían el espacio fiscal del país, siendo trascendentes: el mantener en un índice razonable la deuda pública con respecto al PIB, evitando mayores endeudamientos; continuar con la reestructuración de adeudos públicos, para despresurizar obligaciones de corto plazo; disminuir las tasas de interés, contexto que podría ser impostergable si se llegase a una meta inflacionaria cercana a 4%; así como contar con una tasa de crecimiento continua, sin dejar de cejar en el aumento salarial y conservando una alta tasa de empleo, que conforme a las últimas estadísticas es de 97.2%.

No es que no sea necesaria una reforma fiscal, pero reitero sólo como un recurso de última instancia y evitando el mayor daño posible porque esto afecta a todos: al gobierno y a su gobernanza, a la sociedad y particularmente, a los que menos tienen. Debe calmarse los ánimos catastróficos, creo conveniente para los que anticipan una crisis fiscal en 2025, que antes debemos hacer números sobre el espacio fiscal, considerando todos los aspectos positivos de la economía, que naturalmente posibilitan ampliar los niveles de recaudación sin aumentar las tasas impositivas.