El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual entró en vigor en diciembre de 2005 y de la que el Estado mexicano es parte. Asimismo, con el fin de crear conciencia acerca de este grave problema que afecta a todos los países en mayor o menor medida y enfatizar la relevancia de la Convención para efectos de prevenir y combatir la corrupción, la Asamblea instituyó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.

Los efectos de la corrupción, como el fenómeno complejo que es, se resienten en lo social, en lo político y en lo económico y no únicamente se traducen en la obtención de ventajas o beneficios indebidos e ilegales por parte de algunos y en detrimento de los más. Esas son tan solo las consecuencias inmediatas de la corrupción.

La corrupción es un cáncer que socava la legalidad y que, entre muchas otras cosas, genera parálisis burocrática, desencanto, mina las posibilidades de consolidación de las instituciones democráticas, cuando permea a los procesos electorales, y frena el desarrollo económico sostenible al incorporar trabas a la actividad de las personas y con ello sus posibilidades de libre desarrollo y crecimiento.

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Así, la corrupción tiene efectos devastadores en la confianza y la legitimidad institucional, trastoca y afecta la cooperación social, la participación ciudadana y el involucramiento de las personas en lo que es público y, por ende, en las decisiones que les corresponde tomar por derecho y a través de los cauces institucionales.

La corrupción genera desaliento a gran escala y sobre todo, esto hay que entenderlo, indefectiblemente se traduce en afectaciones sustanciales a las libertades y los derechos humanos de las personas.

La lógica negativa de lo anterior, de origen y en sus consecuencias, es realmente simple si se le contrasta con la complejidad de este fenómeno; y es que la corrupción, en todo caso, afecta, socava o elimina, en el peor de los casos, el principio de equidad que es básico, fundamental, para todo Estado democrático constitucional y, sobre todo, para una justa distribución de los beneficios y cargas sociales de un país entre las personas. Las lesiones al principio de equidad limitan las posibilidades de desarrollo y crecimiento de empresas, sectores productivos, instituciones, industrias, etc.; eso es cierto, pero no debemos perder de vista que en la base misma de todos estos actores colectivos, soportando y tratando de avanzar y crecer, siempre hay personas.

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Para combatir efectivamente la corrupción, como las y los mexicanos lo hemos hecho, es necesario establecer políticas y sistemas específicos de coordinación institucional multinivel y transversal que vayan cobrando cada vez mayor eficacia. Sin embargo, es igualmente preciso que se generen mecanismos claros y seguros para que las personas, con independencia de su posición, puedan alzar la voz contra este terrible flagelo y formular denuncias con la certeza de que contarán con el respaldo de medidas efectivas de protección a los denunciantes y que, por ello, no sufrirán represalias.

El combate a la corrupción así como la consolidación de una cultura de la responsabilidad y la equidad es una tarea de todas y todos. La protección debida a denunciantes es el siguiente paso que debemos dar para arribar a instituciones cada vez más eficaces, responsables y transparentes. Cumplamos con lo que nos toca hacer para cambiar nuestra realidad.