El proyecto que presentó Carranza para la Constitución de 1917 no se detuvo demasiado en la determinación del régimen de gobierno a instaurar, pues rápidamente descartó el sistema parlamentario, al tiempo que se inclinó por un presidencialismo fuerte.

Fue aquella una propuesta disruptiva, especialmente si se piensa en que la Revolución fue un levantamiento popular contra el ejercicio concentrado y arbitrario de poder, protagonizado por el porfiriato, mismo que fue exhibido en sus graves problemas de desigualdad social. Cierto, a la inversa de lo que ocurrió entonces, la Constitución de 1857, buscó la forma de acotar el poder político por lo que, si bien planteó un sistema presidencial, en los hechos postuló una especie de parlamentarismo por la vía de impulsar un poder legislativo poderoso; tal situación era consecuente con el rechazo a los excesos en los que había incurrido Santa Anna en su megalomanía.

Pero no fue el caso de la Constitución de 1917 que, si bien en su antecedente tuvo el repudio a la concentración del poder que motivó el levantamiento popular y el llamado maderista a una revolución, también recelaba de lo contrario, de la debilidad del poder ejecutivo.

Un aspecto relevante es que Carranza habría de postularse a la presidencia de la república una vez aprobada la Constitución del 17, por lo que, es probable que tuviera en mente las condiciones normativas que imaginaba para su propio gobierno. Como sabemos, a pesar de todo ello, en la sucesión de 1920 se retornó a la fractura del gobierno merced al asesinato del propio Carranza, lo que condujo al gobierno interino de Adolfo de la Huerta.

La etapa que vino a continuación fue la de los caudillos y en ella nuevamente el asesinato de su principal exponente, Álvaro Obregón en 1928. A continuación, la fórmula para resolver la dinámica estable del gobierno y de su renovación transitó hacia un presidencialismo fuerte que se correspondió con la formación de un poderoso partido que agrupó a múltiples fuerzas políticas y que se erigía casi imbatible por dos vínculos: con el gobierno y con el legado revolucionario.

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La imbricación entre el presidencialismo y el partido hegemónico generó una etapa larga de permanencia segura del PNR, PRM y del PRI en el poder, pero en la contraparte cobraron visibilidad las agudas contradicciones que emanaban del predominio de un solo partido y frente a la necesidad de construir la ruta democrática y dar cauce a la pluralidad política.

Múltiples reformas políticas electorales acompañaron y ampliaron el paso al destino democrático del país, dentro de un proceso de transición acordado con todas las fuerzas políticas, lo que evitó las fracturas políticas y alentó el despliegue de la pluralidad y la alternancia.

El sistema de partidos pasó de ser uno de carácter hegemónico a otro de condición plural y competitivo que, de inmediato, se reflejó en la composición del Congreso y más tarde en el relevo del partido en el poder. Bueno, de manera muy sintética, este proceso marcó el paso del autoritarismo a la democracia en condiciones de estabilidad política y en el marco de las normas entonces vigentes.

En claro y dramático contraste, ahora se vive un trayecto inverso, pues postula el paso del sistema democrático a otro de carácter autoritario. Los elementos que así lo delatan son diversos, iniciaron con una lógica que condujo a la conformación de una super mayoría en el Congreso que en la Cámara de Diputados llevó a que una representación del 54% conforme a los votos emitidos, se tradujera en una asignación de más del 75% de las curules y, en el Senado, la constitución de una mayoría calificada por medio de la intimidación y las negociaciones perversas e inconfesables.

Con la mayoría calificada en el Congreso, han tenido lugar un conjunto de reformas constitucionales que rompen los equilibrios y contrapesos entre los poderes, que significan un retorno al viejo presidencialismo y a su predominancia sobre el legislativo y el judicial. Afirma ese camino la reforma del poder judicial y la elección de jueces y magistrados por la vía popular, que tal y como fue puesta en práctica asegura el nombramiento de un cuerpo de juzgadores acorde a los intereses y deseos del gobierno.

En esa misma dirección se ubican las iniciativas incorporadas en el actual periodo extraordinario, como lo son la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública; la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; Ley General de Población; Ley Federal de Competencia Económica; y Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Ese paquete legislativo se ha procesado al margen de un proceso legislativo que propicie la discusión y deliberación de las propuestas; la premura y el respaldo incondicional de la super mayoría en el Congreso son las divisas que impulsan la aprobación de las iniciativas en cuestión, a pesar de evidentes fallas de procedimiento como el ocurrido con la iniciativa agregada de último momento en materia de investigación e inteligencia para la seguridad pública que replicó firmas de otra iniciativa. Se trata de un método autoritario que avasalla las buenas prácticas legislativas y que corona el autoritarismo que se instaura.

En efecto vamos de la democracia al autoritarismo; asemeja el método perverso de arribar al poder por la vía democrática para romper el sistema democrático desde dentro, como en su momento lo hizo el fascismo con Mussolini y el nazismo con Hitler.