La salud y el bienestar de la democracia mundial se encuentra constantemente amenazada y, hoy más que nunca, la democracia y las garantías de los derechos humanos van en reversa en diversos rincones del planeta. Datos del instituto sueco V-Dem resaltan que se trata de la tendencia más grave que se ha registrado en cualquier otro momento de este siglo. En 2021, el nivel de democracia que una persona media podía disfrutar en el mundo se había reducido a niveles de 1989.

Hasta el año pasado, casi un tercio de la población vivía bajo regímenes autoritarios, sumado a que el número de países que están oscilando hacia el autoritarismo es tres veces superior al de países que se inclinan hacia la democracia. Bajo esta ola de autocratización, como la tituló el Instituto V-Dem, la probabilidad de un aumento en los conflictos armados es más alta.

Una breve mirada al panorama actual nos revela que el retroceso, en parte, es resultado del incremento de liderazgos populistas, de la polarización, el extremismo político, la desconfianza y la abundante desinformación que, aunados al deterioro económico posterior a la pandemia, generan escenarios muy volátiles.

Como ejemplo, en algunos países de América Latina y el Caribe hemos observado ataques contra los órganos de gestión electoral, contra tribunales constitucionales, contra los medios de comunicación y las instituciones nacionales de derechos humanos, así como el uso por los gobiernos de la pandemia por Covid-19 como una excusa para reducir la supervisión de la administración pública.

En este contexto y entendiendo la lógica del sistema electoral mexicano debemos partir de una premisa: es un sistema construido en la idea de combatir la desconfianza. Aquí las autoridades electorales jugamos un papel en facilitar esta confianza y encuestas publicadas en 2021 revelan que las autoridades electorales se encuentran en el tercer lugar de las instituciones en las que más confían las y los mexicanos; de tal manera que no debemos perder de vista el recorrido histórico transitado para alcanzar el sistema de instituciones sólidas, reglas claras y procesos justos y confiables sobre los cuales se basa la democracia en el país.

Hasta antes de la reforma político-electoral de 2014, los OPLE trabajaban desconectados del sistema federal y empleaban sus propios procedimientos para realizar los comicios en cada estado con plena independencia técnica y de gestión. Ahora, a propósito de los mecanismos para estandarizar las condiciones de las contiendas y derivado de la homologación de los calendarios con el Modelo de Casilla Única (MCU), el instituto nacional y los locales operamos en una asociación simbiótica, acoplados en campos de acción que vienen delimitados con precisión desde la Constitución.

Como sabemos, detrás de cada elección mexicana existe un complejo entramado de sistemas, procesos, actividades y conexiones entre actores, las cuales arrancan mucho antes de que la ciudadanía acuda a las urnas. Esta transición evolutiva que atravesó nuestro sistema electoral, ha dado lugar a un amplio y sólido tejido que se constituyó finalmente en un esquema híbrido en el que destaca la relación colaborativa entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

En síntesis, este modelo que cumple ocho años, ofrece a las y los electores la posibilidad de votar el mismo día, en un solo lugar y de manera más rápida, bajo altos estándares de calidad y confiabilidad. La base del pacto federal-local reposa en los instrumentos jurídicos, mediante los cuales el INE se coordina con las autoridades electorales administrativas de cada entidad. Estos convenios se firman previo a cada elección y tienen una vigencia limitada, que inicia a partir de su suscripción hasta que haya quedado firme la elección que lo motiva. Además, cada instrumento se sustenta en compromisos específicos, técnicos y financieros, contenidos en los anexos o adendas.

En el caso de la Ciudad de México el convenio del proceso 2020-2021 consideró 29 rubros en materia de coordinación entre el INE y el IECM, los cuales se sintetizaron en 164 actividades que configuraron el Calendario Electoral. Sin duda, se trata de un modelo perfectible, pero que funciona y en los años que lleva operando ha alcanzado certeza y confianza ciudadana, consenso político en las reglas y, sobre todo, autonomía, un elemento esencial para evitar cualquier injerencia en la toma de decisiones.

Mi conclusión es que ambas estructuras, local y federal, se necesitan mutuamente, aferradas a un sistema que genera obligaciones recíprocas beneficiosas para ambas partes. En la colaboración encontramos dos de las respuestas que la vida democrática necesita: mantenimiento de la credibilidad y calidad en la organización de elecciones.

Erika Estrada Ruiz en Twitter: @ErikaEstradaRuiz