¿Contra qué atentamos con esta oleada de xenofobia y racismo disfrazado de nacionalismo? ¿A quién le sirve sembrar miedo mediante la narrativa de gentrificación? ¿A quién le conviene una reforma judicial que somete el poder judicial al poder político, desmantelando la certeza jurídica?
El verdadero freno no es Washington ¡es Palacio Nacional!
Cuando México debería estar cosechando inversiones por su ubicación estratégica, acceso al T-MEC y su cercanía con Estados Unidos, la realidad es que las cifras récord en inversión extranjera directa (IED), corresponden a reinversión de utilidades, no a nuevos proyectos.
Desde que Trump anunció que impondría aranceles, el gobierno de Sheinbaum fue endureciendo su discurso de “defensa de la soberanía” ¿para qué?
Trump: un riesgo conocido
La amenaza de Trump de imponer aranceles del 100 % a vehículos fabricados en México con partes chinas, ya la había hecho antes. Su primera presidencia tuvo un proteccionismo agresivo, sin embargo, las empresas extranjeras aprendieron a operar bajo esas reglas y los mecanismos de defensa legal y arbitraje del T-MEC. Por ello, Trump representa un riesgo real, pero previsible.
La 4T: incertidumbre
El mayor riesgo, proviene del interior. La 4T ha impulsado reformas constitucionales que buscan:
• Someter al poder judicial a elección popular, debilitando su independencia.
• Eliminar organismos autónomos como el INAI, la Cofece y el IFT.
• Asegurar que Pemex y CFE tengan el control mayoritario en la generación energética.
• Subordinar las inversiones privadas al Plan Nacional de Desarrollo, con criterios territoriales y políticos.
Reformas que envían un mensaje tóxico a los inversionistas: en México ya no hay reglas estables ni árbitros imparciales, y el peor riesgo que puede enfrentar un capital foráneo, es la arbitrariedad.
La 4T ha construido un estatismo disfrazado de soberanía, bajo el argumento de defender al país de “intereses extranjeros”, el Estado se ha reposicionado como actor central de la economía., además, las decisiones de Sheinbaum de revisar asociaciones público-privadas, limitar la participación extranjera en energía y priorizar contenido nacional en compras gubernamentales, apuntan a una estatización encubierta.
En sectores como energía, telecomunicaciones o infraestructura, las reglas han cambiado a mitad del juego. Empresas como Iberdrola, Sempra, Mexico Pacific Limited y Siemens han optado por reducir su exposición y otras, como VulcanMaterials, han iniciado litigios internacionales argumentando expropiaciones indirectas. La señal es clara: el Estado mexicano ya no juega limpio.
El caso de Iberdrola
Resulta emblemático, pues, al considerar que ya no existe seguridad jurídica, la empresa eléctrica contrató al banco británico Barclays para vender sus 15 plantas en México; también trascendió que uno de los mayores fondos de inversión en infraestructura energética, Esentia Energy Systems, está en pláticas para retirarse.
Armadoras como Nissan y Ford, reevalúan sus operaciones en México y proyectos anunciados por Tesla y marcas chinas han sido pospuestos o descartados.
Esto ocurre no por falta de mercado o talento mexicano, sino por miedo: miedo al capricho del poder, a que cambien las reglas, a que el éxito se vuelva sospechoso y la inversión, un pecado.
Un dato que dice todo
En 2024, México registró 36,872 millones de dólares en IED; pero, si se analiza, el 78% corresponde a reinversión de utilidades, en tanto que la inversión nueva cayó casi 40% respecto al año anterior. Es decir, se mantienen las empresas que ya están, pero las nuevas optan por irse o no llegar.
Mientras países competidores como Vietnam, Polonia o Brasil no solo ofrecen costos bajos: ofrecen certeza jurídica, instituciones confiables y reglas claras. México apuesta por un modelo donde el Estado decide todo y el inversionista queda subordinado al poder político y sus humores.
El enemigo en casa
Aunque tiene un costo, Trump puede amenazar, pero mientras exista el T-MEC, México aún tiene margen de maniobra. Lo que no puede permitirse es autoboicotear su propia competitividad: la inseguridad jurídica, la politización del sistema judicial y la hostilidad hacia la empresa privada son los enemigos del crecimiento.
La pregunta no es si Trump impondrá aranceles, es si México seguirá siendo un país confiable para hacer negocios. Y hoy, la respuesta es incierta.
México no necesita menos inversión extranjera, necesita más confianza. Y esa confianza no se construye con discursos de soberanía hueca ni con descalificaciones al capital extranjero, sino con instituciones sólidas, reglas claras y un país que no declare la guerra a quien viene a sumar.
X: @diaz_manuel