La venta de Banamex ya no es un rumor, es una realidad que reconfigura, otra vez, el mapa del sistema financiero mexicano. Para entender la magnitud del movimiento es necesario recordar qué es Banamex: un banco con casi siglo y medio de historia en México, red de sucursales nacional y millones de clientes. Con 14 millones de clientes reportados y un papel central en pagos, crédito hipotecario y depósitos, su control define parte importante del acceso al sistema financiero para hogares y pymes. La operación que Citigroup articula que es vender una porción ahora, con opción a una oferta pública posterior (IPO) refleja la estrategia de la matriz: reducir exposición en banca minorista internacional mientras capitaliza el valor residual de un activo que, para muchos actores locales, representa una oportunidad estratégica.

El primer plano del debate se lo llevan los nombres: Fernando Chico Pardo, empresario financiero con experiencia en ASUR y Promecap, acordó comprar un 25% por alrededor de 42 mil millones de pesos, una señal de que la privatización parcial del banco puede materializarse con influencias locales en la mesa de dirección. Pocos días después, Grupo México reapareció con una oferta para comprar el 100% del banco, proponiendo estructuras de precio que buscarían superar la propuesta que ya había firmado Citi con Chico Pardo. En lenguaje simple: la venta deja de ser un movimiento técnico para convertirse en una subasta de poder económico.

¿Qué implican, en concreto, estas ofertas? Primero, una cuestión de valoración y control: los términos reportados (ofertas que rondan 0.8–0.85 veces el valor en libros para distintas porciones), no sólo son números, definen quién manda en la estrategia comercial del banco. Un comprador mayoritario como la oferta de Larrea podría integrar Banamex a una lógica de conglomerado, con sinergias en pagos, infraestructura y, potencialmente, endeudamiento del grupo; un comprador minoritario fuerte (Chico Pardo) y una IPO posterior podrían implicar mayor separación entre dirección operativa y capitales controladores. Ambos caminos tienen pros y contras para la competencia y la gobernanza corporativa.

Desde la óptica del consumidor el debate no es abstracto: ¿mejorarán las tasas, la calidad del servicio, la inclusión financiera? Aquí hay razones para escepticismo y para alguna esperanza. A favor: un nuevo propietario con foco local y ganas de invertir podría relanzar productos, digitalizar servicios y competir agresivamente por clientes. En contra: la concentración de poder (si un gran conglomerado se queda con Banamex) podría disminuir incentivos competitivos, encarecer ciertos servicios o priorizar clientes corporativos sobre los minoristas. Además, cualquier reestructuración que busque eficiencia podría traducirse en cierres de sucursales y pérdida de empleos en el corto plazo. Por ejemplo, en ventas y adquisiciones bancarias previas, la racionalización operativa suele implicar recortes y fusiones tecnológicas que afectan rutas de servicio tradicionales, es decir, la ganancia de eficiencia puede tener un costo social inmediato.

La administración del riesgo regulatorio es otro punto crítico. La operación debe pasar por autoridades mexicanas (CNBV, Banco de México y la Secretaría de Hacienda, en distintos roles). La revisión no es solo técnica, implica evaluar riesgos de concentración sistémica, idoneidad del comprador y planes para la protección de depositantes. En 2023, procesos similares se toparon con fricciones políticas; hoy el entorno regulatorio parece más receptivo, pero nadie en el mercado espera un trámite automático. Las condiciones que pongan los reguladores, por ejemplo, requisitos de capital, garantías de mantenimiento de plantilla determinarán en buena medida, si la adquisición se traduce en estabilidad o en tensiones futuras.

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En términos macroeconómicos, la salida de Citi del retail bancario y la entrada de pilares del capital mexicano tiene lecturas encontradas. Por un lado, que actores locales tomen control puede interpretarse como fortalecimiento de la soberanía financiera: menos influencia foránea sobre un actor clave. Por otro, si el comprador integra al banco en estructuras empresariales con alto apalancamiento, se corre el riesgo de contaminar la banca con choques sectoriales, por ejemplo, una caída en precios del cobre afectando a un conglomerado que además controle un banco. La salud de la banca depende tanto de la calidad de activos como de la separación entre banca y riesgos no financieros del propietario.

¿Puede ser beneficioso? Sí, pero con condiciones. Una compra bien regulada y competitiva puede traducirse en nuevas inversiones en tecnología, mayor cobertura de crédito a pymes y productos más ajustados al mercado local. Un mal desenlace, por ejemplo, concentración excesiva, conflictos de interés o reducción de competencia puede elevar costos para el consumidor y debilitar la resiliencia del sistema. Por eso el foco del debate debe moverse del “quién gana” a “qué reglas y salvaguardas establecemos”: transparencia en la operación, condiciones regulatorias explícitas, obligaciones de mantener servicios básicos y mecanismos de rendición de cuentas.

Finalmente, la transacción es un espejo de la transición estructural de la banca global: grandes bancos internacionales salen del retail en mercados emergentes, abriendo la puerta a actores locales; eso es una oportunidad para la economía mexicana, pero también un llamado a fortalecer instituciones. Si Banamex vuelve a “manos mexicanas”, la pregunta será si lo hace para servir mejor a México o para convertirse simplemente en un activo más de un portafolio concentrado. La respuesta dependerá tanto de la arquitectura regulatoria como del empuje societario para exigir que un banco con historia y alcance nacional funcione como motor de inclusión y no como caja para intereses corporativos.

En mi opinión, la venta de Banamex es mucho más que una operación financiera. Es, de nuevo, una encrucijada para la economía mexicana: elegir entre una visión donde la banca es un servicio público que compite y protege a usuarios y pymes, o una visión en la que la banca se subordina a la lógica de conglomerados con intereses cruzados. Los reguladores, los compradores y la sociedad –incluidos los consumidores– tendrán la última palabra. La tarea urgente es convertir esa disputa de poder en una oportunidad para mejorar las reglas del juego. Si eso ocurre, Banamex podrá recuperar su antiguo peso no sólo en tamaño, sino en valor público real.