La crisis histórica que enfrenta el Instituto a cargo de la seguridad social de la burocracia, no tiene fin: desde hace meses en las clínicas de medicina familiar no realizan exámenes de laboratorio a sus derechohabientes, pruebas de ultrasonido y rayos X. Acumula además, más de 20 mil juicios por despido injustificado de trabajadores.

Por el Pordiosero

Enmedio de su peor crisis histórica y en sólo quince meses que abarcan las dos primeras olas de la pandemia de la Covid-19, el ISSSTE a cargo de Luis Antonio Ramírez Pineda pagó casi 90 millones de pesos de indemnización a trabajadores despedidos injustificadamente. Entre 2020 y los primeros tres meses de este año enfrentó poco más de 3 mil 900 juicios laborales.

De acuerdo con estadísticas oficiales, ese instituto de seguridad social de los trabajadores del estado registró en ese periodo un total de 20 mil 393 despidos injustificados, de los que sólo en una de sus 34 delegaciones regionales, fueron poco más de 19 mil.

La Delegación Regional Sur en la Ciudad de México a cargo del subdelegado de administración, Ricardo Jesús López Flores -designado hace unas cuantas semanas-, el año pasado fueron despedidos 485 trabajadores y reinstalados 26, con una erogación de 36 millones 674 mil 82.9 pesos por laudos en contra. Entre enero y marzo de 2021 tiene un registro de 19 mil 280 despidos y 8 reinstalaciones, con un costo, hasta ahora, de 9 millones 276 mil 696.75 pesos.

El ISSSTE, es un organismo público descentralizado con patrimonio y personalidad jurídica propios, por lo que de acuerdo con la Constitución Política debe regular las relaciones con sus trabajadores a través del apartado A del artículo 123, como el IMSS, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

Sin embargo, con el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE tiene firmadas unas condiciones generales de trabajo -equivalentes a un contrato colectivo-, depositadas en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y regidas por tanto por el apartado B de ese dispositivo constitucional que norma las relaciones laborales de la burocracia.

Cuando un trabajador es despedido injustificadamente, en caso de demandar la reinstalación y el pago de salarios caídos y vencidos, el juicio se tramita ante ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como ocurre con las empresas privadas y los organismos públicos descentralizados.

Debido al alto número de laudos condenatorios y que afecta el patrimonio del Instituto, el director normativo de administración y finanzas, general Jens Pedro Lohmann Iturburu emitió el oficio 92/2020 mediante el cual les enfatiza a los titulares de las áreas administrativas centrales y desconcentradas, que para la contratación de personal de confianza se debe cumplir con el profesiograma establecido.

Recuerda que para la remoción de trabajadores de confianza, se deben atener a las causales previstas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo con relación al 185 “si existe un motivo razonable de pérdida de confianza con base en hechos objetivos y documentación fehaciente” con lo que se acredite que no “garantiza plena eficiencia en su función”.

La pérdida de confianza es la causa principal que se argumenta para el despido de trabajadores con esa calidad. Sólo que en el juicio laboral esa pérdida es necesario demostrarla, pues de lo contrario la dependencia es condenada a la reinstalación y pago de salarios vencidos y caídos.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo que entró en vigor el 1 de diciembre de 2012, limitó en un año y un porcentaje los meses posteriores hasta la conclusión del juicio laboral el pago de salarios caídos, en caso de despido injustificado.

La ley burocrática en materia laboral concede a los trabajadores de base hasta cuatro meses para demandar la reinstalación y pago de salarios caídos y vencidos por despido injustificado. La Ley Federal de Trabajo establece un tiempo máximo de 60 días.

El considerable número de juicios laborales enfrentados por el ISSSTE, ha obligado a la Dirección Normativa de Procedimientos Legales a insistir ante las áreas de recursos humanos a hacer adecuadamente las rescisiones de los trabajadores, para lo cual deben observar los lineamientos establecidos en el inicio de las actas administrativas.

El año pasado, en la delegación del ISSSTE en Durango fueron dados de baja 696 trabajadores, a los que se sumaron otros 700 en los primeros tres meses de 2021. En esos dos periodos, fueron pagados 13 millones 491 mil 505.68 pesos por indemnizaciones.

En las delegaciones regionales oriente, norte y poniente de la Ciudad de México, en 2020 se dieron de baja un total de 168 trabajadores, sin que se registraran pagos por condenas de juicios laborales. Entre enero y marzo de este año sólo en la segunda de ellas no tiene registros de ese tipo de medidas, mientras las otras dos han rescindido la relación laboral a otros 38 empleados.

Entre enero de 2020 y marzo de 2021, el ISSSTE pagó por asuntos laborales un total de 86 millones 629 mil 449.05 pesos y enfrentó 3 mil 902 mil juicios en materia laboral, así como 20 mil 393 por despido injustificado.

La nómina actual de la institución supera ligeramente los 100 mil trabajadores, de los cuales unos 80 mil son de base y el resto de confianza y honorarios.

El ISSSTE enfrenta la crisis más severa en su historia, la cual se traduce que en las clínicas de medicina familiar en la Ciudad de México desde hace casi seis meses no se realicen pruebas de laboratorio y pruebas de ultrasonido a sus derechohabientes y en algunas se han detectado falta de medicamentos. Incluso en el Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos” debieron suspenderse rayos X, lo que provocó un airado reclamo por escrito del director, doctor Valentín Herrera.

*Colaboración especial para SDPnoticias de Agendapropia, portal especializado en asuntos sindicales.