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El sistema judicial mexicano es uno de los más onerosos del mundo, solamente para este 2023 el presupuesto asignado para Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los Tribunales de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal, es de más 80 mil millones de pesos, pero si agregamos lo que se destina para la Fiscalía General de la República (FGR) los 32 Tribunales de Justicia de cada entidad y sus Fiscalías, estamos hablando de un monto para los contribuyentes de más de 300 mil millones de pesos.

El grupo parlamentario de Morena quiere hacer un recorte de 25 mil millones de pesos a las abusivas prestaciones y “excesos” de jueces y ministros de la corte del poder judicial para el presupuesto del año próximo.

Para darnos una idea de lo abusivo del presupuesto asignado a jueces y ministros para el próximo año se estará pidiendo un fondo por más de 3 mil millones de pesos que sería utilizado para el mantenimiento de los hogares de los impartidores de justicia. Este fondo pretende ser eliminado por los legisladores morenistas.

El costoso sistema de justicia de México es ineficiente y lento por lo que tiene consecuencias negativas no solo en lo que se refiere en impartición de justicia en el área penal, donde la falta de capacidad o negligencia e inclusive corrupción de jueces y magistrados dejan en prisión a personas inocentes durante mucho tiempo o ponen en libertad a verdaderos delincuentes, sino también tiene efectos negativos en el ámbito económico que afectan los bolsillos de millones de mexicanos e inhibe la inversión.

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La lentitud de los tribunales administrativos, mercantiles y laborales para dictar sentencias y ejecutarlas tienen consecuencias negativas sobre la economía que implica pérdidas millonarias para miles de trabajadores y merman la productividad y capacidad de inversión de las empresas; ejemplo de esto es el freno que se impuso a la venta del Banco Nacional de México (Banamex) por parte de Citigroup al no poder darle una solución judicial al diferendo que tiene esta institución financiera con la empresa Oceanografía desde hace más de nueve años.

La administración de la justicia en México es de las más onerosas del orbe, con altos sueldos y prestaciones para los impartidores de justicia y gozando de magníficas instalaciones tan solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es dos veces más costosa que la Corte Suprema de los Estados Unidos, tres veces mayor que la de Canadá, Alemania, España y ya no se diga con Latinoamérica.

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El presidente López Obrador expuso en su conferencia mañanera del pasado 11 de mayo las arbitrarias prestaciones que tienen los impartidores de justicia mexicanos.

  • Sueldos de más de 297 mil pesos mensuales, superiores al que percibe el presidente de la República.
  • Aguinaldos exagerados de alrededor de 586 mil pesos, que representan 40 días de sueldo.
  • Seguro de gastos médicos para ministras, ministros y familia nuclear por 30 millones de pesos en adelante.
  • Primas vacacionales por 95 mil pesos, que significan diez días de sueldo.
  • Un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil 690 pesos anuales.
  • Un comedor especial en la SCJN donde pueden ordenar alimentos a la carta y bebidas alcohólicas.
  • Dos periodos vacacionales al año de 15 días cada uno.
  • Presupuesto de cinco millones 540 mil 930 pesos mensuales para contratar personal.
  • Dos vehículos blindados tipo Suburban con valor acumulado de seis millones de pesos, que se renuevan cada dos años.
  • Pago por riesgo de más de 640 mil pesos al año.
  • Apoyo para gasolina por 22 mil pesos mensuales.
  • Apoyo ilimitado para el pago de peajes en autopista.
  • Seguro de separación individualizado de aproximadamente 20 millones de pesos al final de 15 años de servicio.
  • Reciben una pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo cuando se retiran.
  • Además, el poder judicial suma en 14 fideicomisos recursos por 20 mil millones de pesos, que se utilizan, principalmente, para mantener estas prestaciones de por vida.

En la actualización del tabulador de sueldos del Diario Oficial de la Federación destacan que los ministros de la SCJN como Norma Lucía Piña Hernández, Yasmín Esquivel Mossa, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales y los 7 restantes reciben un sueldo mensual neto de 206 mil 948 pesos libres de impuestos.

Para los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) su sueldo mensual neto para 2023 es de 201 mil 973 pesos.

Además, los magistrados de la TEPJF también cuentan por el concepto de aguinaldo y prima vacacional con 445 mil 440 pesos como límite de esta percepción anualmente y el pago por riesgos es de 385 mil 406 pesos al año.

Otros puestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación son el secretario general de Acuerdos, el de la Presidencia, el coordinador general de asesores de la Presidencia, el oficial mayor y el contralor, que perciben salarios por 206 mil 948 pesos al mes.

Estos impartidores de justicia tienen sueldos más altos que el presidente de México lo cual es violatorio de la Constitución.

Según un estudio del 2020 de la organización de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad “Cada juez y magistrado dispone de casi 18 mil 500 pesos al mes para sus comidas en restaurantes, a pesar de que el Consejo de la Judicatura Federal tiene contratado el servicio de alimentación en sus 13 edificios centrales, en los que están a su servicio 24 chefs y casi 100 empleados de cocina.”

“En tiempos de austeridad, el Consejo de la Judicatura Federal tuvo a su disposición hasta 315 millones de pesos en 2020 para pagar las comidas en restaurantes de los jueces y magistrados del país.” Fue en tiempos de pandemia en donde inclusive estaban cerrados los juzgados.

Los miembros del poder judicial deberían de tomar conciencia y moderar sus salarios y absurdas e insultantes prestaciones, esos recursos hacen falta en otros ramos del presupuesto.