REFUTACIONES POLÍTICAS
En la actualidad, la obsesión por considerar al juez como la única fuente de justicia es una patología moderna. Esta visión limitada ha generado un divorcio entre la ciudadanía y el Derecho, haciendo que la ley sea incomprensible para la mayoría. Una desconexión que se traduce en una sociedad que percibe la justicia como inaccesible y distante.
¿Es este realmente el sistema que se quiere?
La teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas nos ofrece una vía para repensar el sistema de justicia. En lugar de mantener un monopolio en manos de jueces y abogados, que a menudo perpetúan un lenguaje jurídico excluyente y opresivo, Habermas propone un enfoque más inclusivo, donde múltiples voces y saberes puedan converger en un diálogo abierto.
Es crucial reconocer que el monopolio de jueces y abogados sobre la interpretación de la ley ha alejado a las personas del Derecho al negar la realidad de un lenguaje jurídico que excluye a la mayoría. El principio general que afirma que “la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento” es una atrocidad. Este alejamiento no solo es injusto, sino que también socava la base misma de una sociedad democrática. Chocante resulta el hecho de que año tras año se enseñe semejante aberración en las facultades y escuelas de Derecho sin ninguna reflexión crítica.
Debemos distinguir entre el jurista y el abogado. El jurista es aquel que realiza una crítica de la realidad jurídica, mientras que el abogado se limita a asumir y aplicar las leyes existentes. Esta diferencia es crucial, ya que el monopolio de la justicia en manos de los abogados ha perpetuado un sistema legal que a menudo resulta opresivo e incomprensible para la ciudadanía.
En contraste, la acción comunicativa nos invita a reconocer que la justicia no es un coto cerrado para expertos, sino un espacio donde convergen múltiples voces y saberes. Al abrir el diálogo y permitir la participación de diversos actores, podemos construir un sistema de justicia más cercano a la realidad social, capaz de responder a las necesidades concretas de las personas.
En un Estado democrático de Derecho es fundamental que la ciudadanía participe activamente en la resolución de conflictos. Esto implica trascender la visión tradicional que limita la justicia al ámbito judicial, reconociendo que existen mecanismos alternativos, como el arbitraje y la acción comunicativa, que permiten abordar los conflictos desde una perspectiva social y comunitaria. Al empoderar a la ciudadanía y abrir el diálogo a múltiples voces, construimos un sistema de justicia más justo, equitativo y cercano a las necesidades reales de las personas.