DEA alertó a México desde el 2010 sobre generales acusados

El 23 de marzo el testigo, identificado como “Jennifer”, hizo señalamientos ante autoridades de Estados Unidos, arrojan documentos de la averiguación SIEDO/UEIDCS/112/2010, con los que se pidió al juzgado primero de

México.- Desde marzo de 2010, los generales de división Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas, así como el general brigadier Roberto Dawe González fueron señalados por un testigo protegido de estar involucrados con el narco, alertó en ese año la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) al gobierno mexicano.

El 23 de marzo el testigo, identificado como “Jennifer”, hizo señalamientos ante autoridades de Estados Unidos, arrojan documentos de la averiguación SIEDO/UEIDCS/112/2010, con los que se pidió al juzgado primero de distrito el arraigo de Ángeles y Dawe.

El testigo, quien radica con una nueva identidad en el país vecino del norte, detalló que Ángeles y Dawe recibieron, al menos en seis ocasiones entre 2005 y 2010, “dádivas” que presuntamente les proporcionaron miembros del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

“Jennifer” involucró a seis militares; tres de ellos supuestamente ya se encuentran bajo proceso penal.

En 2010 dijo a la DEA que al menos en seis ocasiones vio salir al general Dawe de casas de seguridad que utilizaba Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, cuando éste era lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva. 

En su declaración a la DEA –que la agencia estadounidense le envió al gobierno mexicano en abril de 2010- sostiene que escuchó decir a “El Grande” que entre 2008 y 2010 “La Barbie” le entregó al general Ángeles seis pagos de 350 mil pesos en efectivo. 

De acuerdo con el diario La Jornada,  “Jennifer” ha sido utilizado desde 2007 en casos relacionados con delincuencia organizada, donde ha referido conocer pagos a funcionarios públicos o militares con grupos del crimen organizado, que van desde “Los Zetas” hasta los Beltrán Leyva y el cártel de Sinaloa, que son procesos en los que en su mayor parte la Procuraduría General de la República  (PGR) no ha obtenido sentencias condenatorias.

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