México.- A la activista Kenia Hernández, quien es oficial de las Policías Comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) en el estado de Guerrero, se le dictó prisión preventiva tras ser vinculada a proceso, acusada de cometer el delito de ataques a las vías generales de comunicación.

La activista fue arrestada el 18 de octubre en una caseta de Puebla, sin embargo, su defensa considera que las acusaciones parten de la incomodidad que su labor genera a funcionarios y empresas, por lo que anticipan la presentación de un amparo y proceso judicial largo en la defensa de sus derechos humanos.

El abogado Antonio Lara del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, acusa que el caso ha sido tratado como un “montaje” en contra de Kenia Hernández dado que se construyó sin pruebas y con base en la afirmación de que la integrante del Colectivo Zapata Vive, había robado en un autobús, recupera el semanario Proceso.

La defensa de la activista señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial justificaron la decisión de otorgarle prisión preventiva, aunque el delito por el cual la acusan no lo amerite, debido a que sus manifestaciones resultan incómodas y siempre acuda acompañada de un grupo de personas.

Por otro lado, le negaron un juicio con perspectiva de género alegando que Kenia Hernández no es una mujer “sumisa” y podría defenderse, además de que se le suspendió del mecanismo de protección en el cual se encontraba desde 2019 tras recibir amenazas, bajo el argumento de que debía resolver su situación jurídica.

El abogado de Kenia Hernández dijo que existe persecución y criminalización de la defensora, mientras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se generó un expediente por violación a la presunción de inocencia tras otorgársele prisión preventiva.