Ciudad de México.- De acuerdo con el consorcio constructor de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el cierre de la línea hubiera podido evitarse con el mantenimiento de dicha línea.
El presidente del consejo de ICA, Bernardo Quintana, en compañía de Cintia Angulo, de Alstom, y Antonio Gómez, CEO de Infraestructura y Construcción de Carso, expusieron su versión de los hechos sobre la situación de la Línea Dorada.
De acuerdo con los ejecutivos, existe un trasfondo político que no se relaciona con las cuestiones de seguridad de los usuarios para detener las línea del Metro, y que ellos disponen de documentos que sustentan la calidad de la obra terminada.
Los problemas iniciaron durante octubre del 2013, cuando ninguna de las empresa formalmente contratada por el Gobierno del Distrito Federal (GDF) quedó vigente para el mantenimiento de la Línea Dorada.
El consorcio también aseveró que había informado puntualmente a la nueva administración capitalina sobre la decisión que habían tomado de utilizar carros que compró Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) sobre el mayor control e incremento del costo de mantenimiento de la línea en cuestión.
De acuerdo con ICA, la nueva administración se mostró molesta por el costo del mantenimiento, pero la empresa cuenta con la documentación correspondiente que pueda sustentar lo dicho por esta, además se deslindó de la responsabilidad por la operación y la decisión del modelo de tren.
Las constructoras también dijeron que disponían de un compromiso de mantenimiento de un año, sin embargo, durante cuatro de esos meses no se les brindaron los permisos de acceso a las vías, en ocasiones sólo se les acreditaba una hora de servicio.
De acuerdo con el directivo de ICA, los trenes son seguros y han transportado ya a 190 millones de pasajeros, "nunca vimos riesgo de descarrilamiento, sólo avisamos que el mantenimiento de estos trenes iba a ser más caro".
Las empresas señalan que el problema esencial es de mantenimiento y concidieron en que pese a sus indicaciones, se eligió el empleo de un tren direferente al sugerido por ellas.
El problema está enmarcado más en un contorno político que empresarial, aseguran, porque el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y el director general del STC Metro, Joel Ortega, solicitaron a las empresas continuar con el mantenimiento pese a que el contrato ya había finalizado, decisiones que afectaron el valor de sus acciones luego del impacto mediático.
Los empresarios también se quejaron de los costes que no han sido cubiertos por el trabajo de mantenimiento del proyecto, alrededor de tres mil millones de pesos que se están negociando para evitar que se llegue a la demanda judicial, pues la deuda está pendiente desde la administración de Marcelo Ebrard.
Por otro lado, ICA-Alstom-Carso, analizan si procederán con una demanda al GDF por daños a su reputación, debido a que disponen de los documentos que sustentan "que nuestra parte está correcta", señaló Cintia Angulo para el diario Milenio.