El parlamento del Poder Popular de Cuba  aprobó un nuevo Código Penal que contempla sanciones contra quienes se manifiesten e insulten a funcionarios públicos.

El pasado 15 de mayo, la Asamblea Nacional aprobó, en sesión extraordinaria el Nuevo Código Penal de Cuba, que también prohíbe el financiamiento externo de los medios de comunicación en el país.

El gobierno de Miguel Díaz-Canel ha sido fuertemente apoyado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y, mientras busca contratar médicos de Cuba, países como Estados Unidos califican a su gobierno como dictadura.

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Hasta 3 años de cárcel por insultar a altos funcionarios de Cuba

De acuerdo con el nuevo Código Penal de Cuba aprobado por el parlamento, se sancionará con hasta 3 años de cárcel para quienes insulten a altos funcionarios del gobierno.

A la aprobación del Parlamento acudieron Miguel Díaz-Canel, actual presidente de Cuba y Raúl Castro, presidente de 2008 a 2018.

Esta medida entrará en vigor 90 días después de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

En este nuevo Código Penal se incluyen 37 nuevos delitos como:

  • desórdenes públicos
  • sedición

Estos delitos se tipificaron para  evitar los desórdenes públicos y las alteraciones producidas en grupos o individualmente.

Esta sanción será aplicada para quienes realicen o manifiesten acciones de “desobediencia civil”, así como contra el orden constitucional y el estado socialista.

10 años de cárcel para quienes reciban financiamiento extranjero en Cuba

De acuerdo con el Nuevo Código Penal de Cuba, se castigará con 10 años de cárcel para quien reciba financiamiento extranjero; esta sanción aplicará igual para quien:

  • apoye
  • fomenta
  • financie
  • provea
  • tenga en su poder

recursos materiales o financieros de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que puedan ser usados “para sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.

De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, esta modificación tendrá “efectos catastróficos”  para el periodismo independiente de Cuba.

Sostienen que en un país donde los medios privados son ilegales, las nuevas regulaciones legales equivalen a una sentencia de muerte para el periodismo independiente.