México. - El exgobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, seguirá preso en Miami debido a que una jueza federal del estado de Florida, en Estados Unidos, le negó la libertad bajo fianza mientras se lleva a cabo el juicio en su contra por el proceso de extradición a México.

En su solicitud, el exmandatario estatal, sobre quien pesan acusaciones por los delitos de peculado y asociación delictuosa, argumentaba que sus intenciones al pedir el beneficio, no eran con la intención de huir de Estados Unidos.

Al respecto, Duarte Jáquez apuntó que desde el año 2017, cuando tuvo conocimiento sobre las acusaciones que se formulan en su contra, siempre ha mantenido “comunicaciones de cooperación con el gobierno" estadounidense, por lo cual negó que busque evadir a la justicia del país.

Por otro lado, el pasado 29 de septiembre los representantes legales de César Duarte, presentaron una petición formal para desechar el caso por los delitos que se le imputan en México, pues alegaron que los 10 incidentes de peculado por los que la Fiscalía General de Chihuahua lo acusa, ya prescribieron, al igual que el cargo de asociación delictuosa.

Sobre dicha acción, la jueza Lauren Louis fijó al Departamento de Justicia como fecha límite para responder a la solicitud, el 14 de octubre, la cual es paralela a la resolución sobre la solicitud de extradición, para la cual está agendada una audiencia el próximo 10 de noviembre.

Cabe destacar que las autoridades del estado de Chihuahua, señalan al exmandatario por hacerse de 96.6 millones de pesos a través de diferentes operaciones.

Por dicha particularidad, la defensa del exgobernador afirma que cada movimiento que se le atribuye a Duarte, corresponde a un cargo por peculado, cuya prescripción aseguran, debe ser analizada de manera individual conforme a la fecha y monto de cada transferencia realizada.

Lo anterior debido a que los abogados alegan que 7 de las operaciones, ya prescribieron, pues el Código Penal de Chihuahua indica que el plazo es de tres años pues el monto de cada una fue menor a 500 salarios mínimos elevados al año, como se estipula en la ley local.

En cuanto a las 3 transferencias que restan, cuyo monto es superior a los 500 salarios mínimos y por lo cual el plazo es 8 años, la defensa argumenta que una está prescrita de acuerdo con la norma de Chihuahua, mientras que para las otras 2 aplica la prescripción de 5 años, regla general en la legislación estadounidense.