México.- La muerte de una bebé de 24 semanas y media de gestación que nación de una niña de 12 años y quien fue violada por un hombre de más de 60 años, abrió el debate sobre al aborto en Argentina.
La niña de 12 años ingresó al Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana” en la provincia de Jujuy para que se le practicara una cesárea, pese a que el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, había ordenado que se practicara la interrupción legal del embarazo, lo cual es legal para casos de violación o donde peligra la vida o salud de la madre.
Los médicos que debían practicar el aborto se negaron a realizarlo bajo el argumento del avanzado estado del embarazo.
El ministro de Salud de la provincia, Gustavo Bouhid, dijo que se logró un consenso con la menor de edad y sus padres para practicarle la cesárea con el objetivo de evitarle riesgos a su seguridad y para salvar la vida del feto, decisión que recibió críticas tanto de partidarios del derecho a decidir como de los denominados grupo ‘pro-vida’.
La niña no contó la violación a su familia por temor, sus padres se enteraron al acudir al médico por los dolores abdominales que padecía su hija, entonces solicitaron el aborto.
Tras conocerse el caso y la decisión de la familia, la diputada Gabriela Burgos, secundó la objeción de conciencia de los médicos para no realizar el aborto a la menor de edad, alimentando el debate en la esfera pública.
La bebe de casi seis meses, falleció a cuatro días de haber nacido; de acuerdo con los reportes, madre e hija no se vieron nunca y la última iba a ser dada en adopción.
La organización Católicas por el Derecho a Decidir en Argentina, solicitó al gobernador Morales la remoción del ministro de Salud, porque “difundió ilegalmente en medios periodísticos el cuadro clínico de la paciente, el procedimiento médico que se llevaría a cabo, el horario de la intervención quirúrgica, las condiciones de sus salud previas y posteriores al curso de acción terapéutica”.
Partidarios del derecho a decidir, consideran que la política de salvar “las dos vidas” terminó obligando a una niña de 12 años a ser madre y la muerte de una bebé, por lo cual reiteraron la necesidad de garantizar el cumplimiento de la interrupción legal del embarazo.
Sin embargo, los partidarios ‘pro vida’ acusaron al gobernador de la provincia de no haber obligado a la menor de edad violada a permanecer con el embarazo un mes más para garantizar la viabilidad del feto, pese a que el protocolo de atención del embarazo en adolescentes que reconoce el gobierno de la provincia es el redactado por Unicef y afirma que un embarazo en toda menor de 13 años es resultado de un abuso sexual y puede acceder a la interrupción legal del embarazo.
Con información de BBC y El País