México.- La SCJN determinó que es competencia exclusiva de la federación el establecimiento de zonas libres de transgénicos e invalidó un decreto para Yucatán que le otorgaba esta facultad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el Decreto 418/2016 mediante el que se había avalado al estado de Yucatán como zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados (OGM), pues la Constitución establece como competencia exclusiva de la federación la regulación de la materia de bioseguridad y la distribución de competencias en las entidades federativas.

El Congreso de la Unión dentro de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados atribuyó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y entonces Sagarpa, la “facultad exclusiva” para que estableciera zonas libres de transgénicos en México.

En lo que respecta a los estados, estos pueden participar sólo en el monitoreo de riesgos que puedan ocasionar la liberación de los OGM, así como en la vigilancia del cumplimiento de la Ley de Bioseguridad con base en los acuerdos o convenios que se celebren con la federación.

El decreto expedido por el gobierno de Yucatán tenía como objetivo “salvaguardar la salud humana, el medio ambiente, la diversidad biológica, la sanidad animal, vegetal y acuícola”, además de delimitar zonas libres de OGM a 29 municipios divididos en dos polígonos.

En el polígono A se ubican los municipios de Tekax, Peto, Tzucacab, Oxkutzcab, Santa Elena, Muna, Halachó, Ticul, Opichén, Maxcanú, Teabo, Tixméhuac, Sacalum, Chikindzonot, Akil, Tahdziú, Maní, Dzán, Yaxcabá, Chacsinkín, Chapab y Cantamayec, cuya superficie equivale a 751 mil 298 hectáreas.

En el polígono B se ubican los municipios de Tizimín, Panabá, Río Lagartos, Chemax, Calotmul, Sucilá y Espita con una superficie total de 305 mil 663 hectáreas.

La Suprema Corte acordó un exhorto a la autoridad federal competente para que dé respuesta a las solicitudes que presentaron diversas comunidades del estado de Yucatán relacionadas al establecimiento de las zonas libres de organismos genéticamente modificados.