SCJN admite acciones de inconstitucionalidad contra Ley Bonilla en Baja California

Jaime Bonilla tribunal gubernatura de 2 años.
Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California.Jaime Bonilla Facebook.

Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por cuatro partidos políticos

México.- La SCJN admitió cuatro acciones de inconstitucionalidad a trámite que promueven partidos políticos en contra de la reforma aprobada en el Congreso del Estado denominada "Ley Bonilla",  creada para ampliar el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla de 2 a 5 años en Baja California.

Será el ministro Fernando Franco González Salas quien analice el tema y considera que las solicitudes presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) disponen de los elementos jurídicos legales.

El ministro no otorgó la suspensión y la denominada Ley Bonilla seguirá vigente hasta que la SCJN determine su constitucionalidad, pese a lo cual explicó que de asumir el cargo el 1 de noviembre no significa que los efectos de la norma se hubiesen consumado, reporta La Jornada.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una acción declarativa para que “determine con claridad” el periodo de gobierno de la nueva gubernatura en el estado de Baja California según la convocatoria original del proceso electoral.

Según el INE, en la entidad existe incertidumbre jurídica que ha derivado de la aprobación de la reforma constitucional para ampliar el mandato hasta 2024 que se aprobó después de las elecciones del 2 de junio.

El INE puntualizó que a través del Decreto 351 publicado el 17 de octubre se establece que la gubernatura iniciará funciones el 1 de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2024, emitido de forma posterior a la declaración de validez de la elección y la entrega de constancia de mayoría.

La autoridad electoral argumenta que la acción de Jaime Bonilla puso en entredicho la participación ciudadana, lo cual produce un entorno de incertidumbre que es incompatible con la democracia y el carácter republicano.

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