La colaboración del día de ayer por parte del reconocido abogado Javier Quijano Baz en la página 9 de la primera sección del periódico Reforma es invaluable por una razón: vuelve a centrar el debate en torno al juicio de inconformidad de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en términos jurídicos. Evita valoraciones contundentes y poco analíticas. Y toca un punto que ha sido ignorado por unos (los proclives a indicar que ya hay un candidato ganador, cuando aún no es así) y tratado torpemente o tendenciosamente por otros (concretamente, Movimiento Progresista): que la democracia no sólo es una democracia adjetiva, procesal, es decir, limitada al conteo de votos.
En efecto, en el Estado constitucional moderno la democracia no debe ser considerada como la mera suma de sufragios a favor de un candidato o agrupación política. Debe ser democracia sustantiva, como coincide la enorme mayoría de académicos, abogados postulantes serios y jueces de diversas nacionalidades que, además, desarrollan su trabajo en diversas teorías jurídicas contemporáneas. Es decir, que la democracia deba ser sustantiva no está a discusión, prácticamente. Al menos no en el mundo occidental.
Sin embargo, considero, de forma personal, que si bien muchos los atributos deseables de la democracia que deberíamos tener son enunciados con precisión quirúrgica por don Javier Quijano, obvia una realidad que es lamentable: la ley electoral que nos rige actualmente es un entuerto que privilegia la democracia adjetiva sobre la sustantiva. Es deficiente, entre muchas otras razones, porque es poco previsora de una protección integral a la voluntad de los votantes. Con esta ley no se puede defender la libertad de elección en los términos planteados por el jurisconsulto. Y si lo que se pretende es seguir los cauces jurídicos e institucionales, será muy difícil acreditar las reclamaciones que se hacen en la demanda de inconformidad, como ya he señalado en mis anteriores textos. Habrá que probar, cumpliendo con las formalidades legales, “la compra y la venta de voluntades políticas; el demostrar que ello se hizo masivamente”. Y con los elementos que Movimiento Progresista tiene a mano eso parece sumamente difícil. Pretender dotar a la ley de alcances que no posee, sólo porque no es una ley bien hecha, es tratar que el Derecho realice el trabajo de la Moral; esto es erróneo, como también lo expresé ya en pasadas columnas.
En tanto, apuntando también a la idea que el abogado Quijano señala, debemos esperar que los partidos que integrarán la oposición en el siguiente sexenio impulsen y logren una reforma de fondo a la legislación electoral incorporando, sin cortapisas, instituciones y procesos que aseguren la existencia de una democracia sustantiva en nuestro país. Afortunadamente hay foristas prestigiosos, como don Javier, que no olvidan estos temas.