Creo que estamos entrando en una era donde se pondrán sobre la mesa grandes preguntas. Preguntas viejas, sin respuesta o respondidas a medias por los discursos dominantes de la modernidad. De vez en cuando ocurren acontecimientos que sugieren una solución definitiva a interrogantes filosóficas o políticas de antaño, porque parece privar, durante un tiempo al menos, un consenso de quienes importan (los de la espada y la pluma). Así, la caída de la Unión Soviética, en 1991, invitó a los científicos sociales a realizar diversos ejercicios de optimismo. Los más eufóricos e ingenuos, como Francis Fukuyama, se aventuraron a proclamar el fin de la historia, porque ya todos los seres humanos serían ciudadanos con derecho a voto. Eran tiempos más simples. A partir de entonces se asumió, por los países más poderosos del mundo, a la democracia representativa liberal capitalista como el único modelo posible, viable tanto económica como éticamente, y todos nos dedicamos a tratar de movernos en esos límites, fuese para crear, o para modificar. Los señores de DAVOS, hoy sabemos, subestimaron a los pueblos y sobreestimaron su propia comprensión del mundo, como es usual. El bienestar no ha llegado chorreando a las capas inferiores de la pirámide, los gobiernos no son mejores por estar medidos con criterios empresariales, y los empresarios acostumbran un nivel de corrupción que haría sonrojar a un político coreano.

La ideología neoliberal, además, quiere al Estado para custodiar (y sólo para custodiar) que nadie trasgreda la propiedad privada. Para eso se requieren siempre más policías, más cárceles, más jueces. En todo lo demás (educación, salud, infraestructura, justicia distributiva de los recursos) el gobierno estorba. Eso exige que la educación en sus principios sea profundamente antiestatista. “UBER no debe ser regulado por el gobierno, porque el gobierno no va a generar valor”, me dijo un amigo profundamente inteligente, poco afecto a la historia, muy afecto a la economía, que además tiene trabajando un carro en UBER. Es curioso lo convencido que está de que esa es la función última del gobierno, hacer que los hombres de negocios hagan mejores negocios. Como en el siglo XIX. Hay que desconfiar del poder público, porque es malo, corrupto e ineficaz. Todo lo que sirve, lo que la sociedad requiere, lo pueden hacer los particulares, y mientras más áreas estén en manos de las empresas privadas, mejor. El problema se presenta cuando esos mismos actores exigen del Estado una acción decidida, o para cobrar impuestos, o para hacer valer un contrato, o para sacar con policías a quienes invaden sus terrenos. Porque en su propia justificación de poseerlo todo, de convertirlo todo en un negocio, necesariamente deslegitimaron cualquier manifestación del gobierno, del poder público, de cualquier actor que pretenda actuar en interés público, necesariamente acotando intereses privados.

Veo con cierta preocupación lo limitado, contingente del debate político cuando se pretende reducir todo al caso concreto, al escándalo de la semana, a la declaración de interés que no presentó fulanito o a las acusaciones que hizo menganito desde su tribuna a otro señor, siempre cuestionando su moralidad y honestidad; porque para que un debate sea fácilmente comprensible y no haya demasiados argumentos que puedan confundir al ciudadano, hay que ponerlo todo en términos morales. ¿Quién es el bueno y quién el malo? Casi siempre acaba en un empate técnico en donde el bueno es el pueblo, por pueblo, y el malo el estado, por estado, sin hacer distinciones de caso concreto, grado ni jurisdicción, que eso sólo haría las cosas demasiado complicadas.

Boaventura de Sousa Santos ha dicho que tan absurdo es creer en el fin del capitalismo como creer que el capitalismo no tenga fin. No creo que sea para tanto, al menos en estos tiempos, pero la radicalización de las ideas, la emergencia de opciones políticas fascistas y chauvinistas (estoy viéndote a ti, Trump) que en otro tiempo parecerían superadas, y la inexplicable actitud de culpabilidad, de franca timidez de los gobiernos cuando actúan como gobierno (cobrando impuestos, aplicando la fuerza para mantener el orden, impartiendo justicia) nos invita a pensar que los consensos que nos dieron tranquilidad en la década de los 90, y permitieron que quitáramos ciertos temas de la mesa, hoy están tambaleándose. ¿Por qué unos tienen y otros no? ¿Por qué unos obedecen la ley y otros no? ¿Por qué los políticos no ejercen su oficio con orgullo? ¿Por qué los luchadores sociales son inauditables sí pueden poner de rodillas a cualquier secretario de estado? Hoy, ninguna pregunta es mala.