September 22, 2019 08:31


Juicio político contra el titular de la CNDH. Raúl Plascencia. ¿Culpable o inocente?


La tortura en México continúa siendo una práctica sistemática.

 

El día de ayer por medio de un comunicado de prensa emitido por el Comité Ciudadano para el rescate de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en favor de las víctimas, informaron que ?más de 85 personas y ONG´s? presentaron ante la Cámara de Diputados denuncia de juicio político contra el actual ombudsman nacional, Doctor Raúl Plascencia Villanueva, bajo los argumentos de ?faltar a su mandato de defender a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos; y la utilización de la institución a ?modo? y para fines distintos a la defensa de los derechos humanos.?

Asimismo se enlistan las presuntas omisiones en que ha incurrido Plascencia Villanueva durante el ejercicio de sus funciones como Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y de las cuales, a juicio de los denunciantes, además de tener conocimiento pleno de las violaciones que se enumeran a continuación, ha solapado en su calidad de ?ombudsman nacional?:

Las setenta mil personas asesinadas  en el periodo del 1 de diciembre del 2006 al 1º de diciembre del 2012, es decir, durante el mandato de Felipe Calderón.

Los ?miles? de migrantes calificados como secuestrados, pero que también fueron y son desaparecidos, desaparecidos forzosos, extorsionados, reclutados para trata, el crimen organizado, asesinados, etcétera.

Las 1.6 millones de víctimas de ?desplazamiento forzado? a consecuencia de la violencia del crimen organizado.

Los ?cientos de miles de personas? detenidas por el Gobierno Federal, señaladas como delincuentes sin haber comprobado su culpabilidad o inocencia, en el período del 2006 al 2012, de igual manera, en el ejercicio del mandato de Felipe Calderón.

Las 25,276 personas desaparecidas en el período del 1 de diciembre del 2006 al 1 de diciembre del 2012, y 23,322 personas del 1  de diciembre del 2012 al 31 de junio del 2014, donde ya corresponde una parte al ejercicio del mandato del Presidente Enrique Peña Nieto.

La tortura en México continúa siendo una práctica sistemática.

El caso de la masacre de 72 personas en San Fernando, Tamaulipas, la mayoría migrantes.

?Los hechos del 1 de diciembre del 2012? en la Ciudad de México, donde no se especifican los mismos.

Las reformas a las Constituciones de varios Estados de la República que atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres.

Las restricciones a la libertad de expresión en ?la reglamentación de la protesta social?, donde tampoco se especifican las circunstancias de modo y tiempo de tales restricciones.

La nueva ley de Telecomunicaciones y las posibles violaciones a derechos humanos.

El incumplimiento a los estándares internacionales de derechos humanos para la emisión de recomendaciones.

El caso del General Tomás Ángeles Duahare y otros Generales del Ejército Mexicano, acusados ?de oídas? por ?testigos protegidos?.

El caso de la detención ilegal y arbitraría, violación sexual y tortura en perjuicio de la Sra. Miriam Isaura López Vargas.

El caso de 4 personas civiles en Rosarito, Baja California, detenidos ilegalmente y torturados para que confesaran crímenes que no cometieron.

Los casos de Florence Cassez e Israel Vallarta Cisneros y el daño irreparable al debido proceso por lo que fue imposible la administración de la justicia.

Recomendaciones para ?desacreditar a personas e instituciones? como los casos de José Luis Luege Tamargo, entonces titular de la Comisión Nacional del Agua; del Lic. Luis Raúl González Pérez, Abogado General de la UNAM, al Dr. Luis González Plascencia su homólogo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde no se especifica en qué consisten tales descréditos y las circunstancias en que se dieron.

Todos estos casos, de acuerdo con el boletín de prensa del Comité Ciudadano para el rescate de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en favor de las víctimas están detalladamente documentados en la denuncia de juicio político que fuera presentada ante la Cámara de Diputados el día de ayer, pero conforme a derecho, siendo objetivos, tanto la CNDH, así como todas y cada una de las estatales, incluyendo la del Distrito Federal, son retóricos ?organismos constitucionales autónomos? los cuales dependen claramente del Ejecutivo en los dos primeros niveles de gobierno (Federal y Local), ya que se encuentra la injerencia tanto de este poder, como del Legislativo en la toma de decisión para la elección del ombudsman y no es un secreto, máxime que, en el caso en concreto, bien vale la pena colegir, que de acuerdo con el artículo 102 constitucional que las Comisiones de Derechos Humanos exclusivamente conocen de ?quejas? en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos, y lo más claro:  estos organismos únicamente formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

Es debido a lo anterior, que estas Comisiones son organismos que además de no servir, de ser verdaderos ?elefantes blancos? creados con la flagrante intención de justificar o mejor dicho ?gastar? el presupuesto, lo único que realizan es como ya se mencionó emitir sus ?recomendaciones? que en estricto derecho no sirven de nada a la sociedad, y para dar ?asesorías?, o ser organismos de gestión para que nada más se canalicen ?las quejas o denuncias? a la autoridad competente, es decir, es un mero círculo vicioso que en el mejor de los casos sirve para ?hacerle presión a la autoridad? mas no para obligarla en ningún momento, dado a que se insiste, y no lo digo yo, sus recomendaciones son eso nada más y mucho menos tienen carácter vinculatorio.

Es por lo anterior que el actual titular de la CNDH, es únicamente la ?figura representativa o personaje? que representa en ?eventos? a este organismo, pero, en el caso histórico de que verdaderamente la Cámara de Diputados actuara contra el funcionario en lo que concierne a las omisiones de las recomendaciones que debió haber emitido en su momento por los casos que fueran enlistados; siendo en todos y cada uno de los casos penalmente responsables de las acusaciones contra Plascencia Villanueva el ex Presidente Felipe Calderón, el ex Secretario de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna, los ex Procuradores del mandato calderonista, el actual Enrique Peña Nieto,  así como el actual Fiscal General de la República, Jesús Murillo Karam, este último mediante juicio político, que siendo realistas mis queridos lectores, ¿realmente creen que proceda algo en contra de todos estos personajes, en específico contra Plascencia Villanueva que es el caso que nos ocupa en esta columna?

En mi opinión estos organismos de Derechos Humanos bien deberían de ser extinguidos por intrascendentes e inservibles, o en su defecto, elaborar una verdadera reforma constitucional, como aquella del 2011 donde fueron reconocidos estos "Derechos", en la cual ejerzan las funciones de autoridad que como órganos públicos autónomos deben tener dentro de las cuales realmente emitan no recomendaciones, sino resoluciones y sanciones para que cumplan con su verdadero objetivo que es la salvaguarda de los Derechos Humanos tanto de víctimas como de la sociedad en su conjunto.

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