Hoy terminé de ver la entrevista que Federico Arreola hizo al secretario de Educación Pública Aurelio Nuño. Es toda interesante y muy completa, pero quiero reflexionar sobre un punto toral: el tema sobre la populista propuesta de Andrés Manuel López Obrador por la que promete ocho nuevas universidades públicas gratuitas para todos los llamados ?rechazados? en otras universidades. No se necesita ser un genio para descubrir que esta oferta es parte de su plataforma política para buscar, por tercera ocasión, la presidencia de la República. Dicho de una forma más clara, este planteamiento es otro más de sus tramposos y adelantados actos de campaña.

El señor secretario es contundente al señalar dos hechos irrefutables: uno, existen lugares suficientes, al menos en la Ciudad de México, para permitir la entrada a la educación superior a todos los estudiantes que egresan del bachillerato; dos, que la capacidad instalada de cualquier universidad es limitada por razones evidentes como el presupuesto del que pueden disponer, los espacios que se destinaran para sus instalaciones y aulas, contar con profesores de calidad suficientes que impartan clases, entre otras.

Dice don Aurelio Nuño que prometer espacios permanentes y abiertos -como lo hace irresponsable y negligentemente Andrés Manuel-, es un fraude para con los jóvenes por los esfuerzos presupuestales y administrativos que implica tener una institución confiable y de calidad que responda a las necesidades del mercado laboral.

Estas afirmaciones, sin ningún género de duda, son irrefutables. Las pruebas existen porque el terrible experimento político-educativo que emprendió Andrés Manuel hace ya catorce años ha probado ser el mayor fracaso docente a nivel mundial, tanto por sus costos de operación y número de egresados titulados, como por la colocación de los mismos en un mercado con altas exigencias. Los datos duros están ahí: la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es un elefante blanco producto de una irresponsabilidad casi criminal en la que, en promedio, cada uno de los cuarenta y tres egresados titulados que hay a la fecha costó al erario -es decir, que se pagó con el dinero de todos- ciento siete millones de pesos. Si ese dinero se hubiera empleado para becar a otros estudiantes, cada titulado podría haber significado becar a sesenta estudiantes en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, doscientos sesenta en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey o haber aumentado hasta en casi mil alumnos la capacidad instalada del Instituto Politécnico Nacional o de la Universidad Nacional Autónoma de México. Repito, eso por cada uno de los estudiantes que se han titulado. Al multiplicarse esas cifras por cuarenta y tres se obtienen resultados pavorosos.

El problema no se limita al costo, como señalo puntualmente, sino a la raquítica colocación que estos muchachos han tenido en el mercado laboral. Las pobrísimas oportunidades que los egresados de la UACM tienen no obedecen a un sesgo ideológico; si esa patraña fuera cierta, los hijos de escuelas públicas con orientaciones ideológicas a veces abiertamente contrarias al capitalismo dominante en nuestro país, no tendrían la menor oportunidad de encontrar trabajos bien remunerados. Contrario a ello, el prestigio del Poli o la UNAM no ha decaído a lo largo del tiempo y la academia, el sector público y el sector privado siguen teniendo como semillero de las mentes más brillantes a estas respetabilísimas instituciones.

Esa falta de oportunidades que tienen los licenciados de la UACM obedece a un diseño tramposo que es parte de su esencia: los profesores no obtienen sus plazas a partir de sus credenciales académicas y profesionales, sino del reparto de cuotas; el personal administrativo no obtiene sus puestos gracias a su probada pericia en el manejo de una institución de educación superior, sino a la cercanía que tienen con Andrés Manuel y su círculo más íntimo; el destino y uso de un presupuesto multimillonario no responde a los principios de independencia ideológica, calidad educativa y autonomía institucional que debería tener esta universidad, sino al desvío de este dinero para fines estrictamente políticos.

Es falso, pues, que más universidades como la UACM incrementen las posibilidades de los jóvenes bachilleres de recibir una educación superior que los prepare para los retos que enfrentarán al salir a la vida real. Al contrario, los aleja de ello y, al mismo tiempo, causa un dispendio asombroso de dinero público que puede ser utilizado para solucionar eficaz y realmente este problema de las formas que intrínsecamente he explicado en párrafos anteriores: becas en instituciones privadas prestigiosas y de éxito o el incremento de la capacidad instalada de las instituciones públicas de educación superior que ya existen y que cuentan con plataformas educativas probadas y funcionales.

El secretario Nuño llama, sin ambigüedades, fraude a esta conducta, pues alega que es parte de un discurso que busca sacar ?raja política? de un problema que agobia a una enorme cantidad de los jóvenes capitalinos y de todo México sin ofrecerles resolvérselos de forma realista y creíble. ¿Es una licencia llamar así a esta vil maniobra política? Basta consultar el artículo 230 del Código Penal para el Distrito Federal:

?Artículo 230. Al que por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, se le impondrán:

??.

De una simple lectura del texto citado se advierte que esta promesa universitaria hecha por Andrés Manuel configura, efectivamente, el delito de fraude, al menos en el Distrito Federal.

Pero yendo más allá, las autoridades de la ya existente UACM cometen otro delito, el de la llamada administración fraudulenta, y que se contempla en el artículo 234 del mismo ordenamiento:

?Artículo 234. Al que por cualquier motivo, teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos, con ánimo de lucro perjudique al titular de éstos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente, o a sabiendas, realice operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en beneficio propio o de un tercero, se le impondrán las penas previstas para el delito de fraude.?

Es decir, las autoridades que administran la UACM, a partir de los datos duros que ya expresé, han probado realizar operaciones perjudiciales para el patrimonio del Distrito Federal en beneficio de ellos mismos y de terceros. ¿Quiénes serían esos terceros? Pues Andrés Manuel y todo su grupo político.

Como Andrés Manuel mismo lo pide en los anuncios televisivos y radiofónicos en los que aparece de forma constante y descarada promoviendo su propia imagen para ser presidente en el período de 2018 a 2024, hay que ponerlo urgentemente en la lista de los populistas, porque con estas trapacerías absurdas (y muchas otras) prueba claramente que lo es.

Andrés Manuel es, también, un defraudador. Ojalá los interesados directos promuevan de forma inmediata las acciones penales correspondientes para evitar otro descalabro al erario capitalino. Y ojalá se promuevan también las acciones tendientes a desaparecer ese otro agujero financiero de la Ciudad de México: la UACM.