Las facultades metaconstitucionales
Dichas facultades son (en términos llanos) las prácticas políticas a través de las cuales el presidente de México, al amparo de la Carta Magna, ejercía el poder de la silla presidencial sobre la totalidad de las instituciones del Estado. Dicho de otra manera, son acciones revestidas de legalidad constitucional, pero ilegítimas a la luz del propio ordenamiento jurídico-institucional gubernamental.
Como bien desarrolló Felipe Tena Ramírez en su célebre libro Derecho Constitucional Mexicano, el golpe de Estado perpetrado por el general Victoriano Huerta contra el presidente Francisco I. Madero fue revestido de legalidad de acuerdo al procedimiento de sucesión previsto en la Constitución de 1857. Lo anterior porque, de acuerdo con ella, el secretario de Relaciones Exteriores sucedería al jefe del Ejecutivo, en caso de falta absoluta del mismo. El presidente Pedro Lascurain, hasta ese momento canciller (y quien no duró en el cargo presidencial más de 50 minutos), nombró a Huerta su secretario de Gobernación. Inmediatamente, renunciaría el propio Lascurain y, el general Huerta, “siguiente en línea de sucesión”, culmina de forma legal su ilegítima acción contra un presidente electo democráticamente. Así, el golpe de Estado contra el gobierno maderista fue legal (más bien legalizado) mediante una manipulación mezquina, pero normativa, de nuestra Constitución.
El origen del PRI
Tras el fin de la Revolución Mexicana y tiempo después con el “restablecimiento” del orden constitucional, el PRI se consolidó como el partido hegemónico del sistema político mexicano. El monopolio de los principios emanados de la Revolución en manos del PRI hizo absolutamente imposible la emergencia de un sistema realmente democrático de partidos que, en igualdad de oportunidades, ofreciese la posibilidad de la alternancia en el poder.
Ello derivaba, como es evidente, de la inexistencia de fuerzas políticas opositoras resultado del acaparamiento ideológico del partido en el gobierno. El control del PRI y del presidente en turno, al interior del sistema político mexicano, se reveló cuasi omnipotente, desde el control de los poderes federales hasta los gobiernos de las entidades federativas, en detrimento del ideal federal republicano.
Así, el PRI, desde su creación como el PNR, hasta la pérdida de la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997 y la presidencia en 2000, controló las instituciones del Estado. El presidente de la República, como jefe del Ejecutivo y líder del partido, ejercía el poder sobre los gobernadore, pues era el presidente quien los nominada (por medio de las cúpulas del PRI) para ocupar las candidaturas del partido. También, a través del Senado —siempre con mayoría priista— el presidente influía en la ratificación de los jueces de la Suprema Corte.
El presidencialismo mexicano
Si bien la Constitución de 1917 abrazó plenamente —en el papel— un sistema federal, el presidente removía gobernadores mediante su posición como cabeza del PRI. Los funcionarios de elección popular, cuya designación como candidatos del partido respondía a las decisiones del presidente, se debían igualmente al señor Presidente. Ante una “desobediencia” de algún gobernador, el presidente de la República, a través de los legisladores de su partido en la Cámara de Senadores, decretaba, a la luz del artículo 76 de la Constitución, la disolución de poderes en la entidad federativa. Son precisamente estas acciones metaconstitucionales, rasgos indisociables del régimen presidencialista de la segunda mitad del siglo XX.
Si bien el control del presidente era absoluto, al mismo tiempo, el sistema político construido por el PRI hizo imposible el arribo de caudillos, como sí fue el caso de un buen número de países latinoamericanos. Con el transcurso del siglo XX, nuestro país marchó paulatinamente hacia una menor presencia del presidente —y del PRI— en la vida nacional. Los acontecimientos políticos de 1997 y 2000 impulsaron al país hacia un nuevo rumbo democrático sin retorno, coartando el poder de la silla presidencial. Finalmente, nuestro país comenzaba a caminar hacia una plena democracia.
Los “caudillos” de fechas recientes
Los dictadores del siglo XX y de los primeros años del XXI que alcanzaron el poder por la vía democrática —y no así mediante las armas— han ejercido el control de los poderes del Estado mediante la sujeción de los miembros del partido al liderazgo moral y político del caudillo.
En la historia contemporánea, algunos líderes populistas fueron los propios fundadores de sus movimientos, quienes inscribieron, en la plataforma ideológica, su personalísima visión del país. Por ejemplo, Hugo Chávez, fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela, hizo de su ideología la bandera del partido, y sujetó a sus militantes al pleno cumplimiento de los principios chavistas.
En el caso mexicano, la disciplina priista hizo imposible el surgimiento de un líder carismático que se alzase por encima del partido. Como hemos visto, mientras el control del PRI fue detentado por el presidente en turno —acotado y delimitado por el partido mismo— el poder “democrático” sobre las instituciones del Estado se ejercía mediante el control (a través de los gobernadores, diputados, senadores, jueces y demás funcionarios públicos serviles) del sistema político y de la vida nacional.
Morena y López Obrador
López Obrador es el líder indiscutible —e indisputado— del Movimiento Regeneración Nacional. Morena es el resultado de la escisión del Partido de la Revolución Democrática provocada por las desavenencias de López Obrador con la cúpula del PRD, partido que le postuló en dos ocasiones a la Presidencia de la República, una vez al gobierno de Tabasco, y que le llevó exitosamente a la jefatura del gobierno del Distrito Federal. En 2014, como resultado del trepidante ascenso del número de los simpatizantes de Morena, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad el registro de la asociación como partido político.
El movimiento es hechura de López Obrador, creado a su imagen y semejanza; él es el líder moral y espiritual del partido. Fungió como presidente nacional hasta su dimisión para “contender” por la candidatura, en un proceso de auto nominación sin el menor rasgo de disensión interna.
De acuerdo con los últimos sondeos electorales, López Obrador será el próximo presidente de México. En adición a ello, se estima que Morena gane espacios importantes en el Congreso y en estados como Morelos (Cuauhtémoc Blanco, risas a discreción) y la Ciudad de México (Claudia Scheinbaum), cuando menos. Algunos señalan la posibilidad de que la coalición Juntos Haremos Historia alcance mayoría absoluta en alguna de las dos cámaras.
El control unipersonal
El control unipersonal de López Obrador sobre Morena, la sacrosanta imagen del caudillo y la posibilidad de que este partido político alcance espacios destacados en la vida política nacional supone una amenaza al progreso democrático de las últimas décadas. Sin embargo, el riesgo es aún mayor que una vuelta al modelo del PRI previo a la transición, pues AMLO, en tanto que fundador y líder moral de Morena, no está sujeto al control partidista antes descrito en el caso del Revolucionario Institucional.
Si bien el PRI echaba mano de métodos metaconstitucionales con fines políticos, los presidentes emanados del Partido Revolucionario Institucional se encontraban acotados por los propios pesos del partido. Como señala Enrique Krauze, el presidente emanado del PRI era poderoso gracias al poder que le concedía la silla presidencial, no derivado del presidente en sí mismo.
Por lo anterior, el peligro del ascenso de López Obrador es más acuciante que en 2006 y 2012. El PRD, cuyo liderazgo moral reside en personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, y cuya fundación respondió, entre otros motivos, al ánimo de formar un partido que recuperase los valores de la Revolución, frente al auge del neoliberalismo, respaldó la candidatura de AMLO bajo los ideales de libre competencia y de un sistema de contrapesos al interior del partido. La intolerancia de López Obrador, el respaldo del PRD al Pacto por México y la resistencia de la cúpula perredista de someterse a los principios lopezobradoristas, provocó el rompimiento y la desbandada en favor de Morena.
La amenaza a la democracia
A diferencia de 2006 y 2012, López Obrador es ahora postulado por su partido, compuesto por su grupo de hombres y mujeres, con su plataforma política y por sus simpatizantes, quienes abrazan sin titubeos ni cortapisas el pensamiento y decisiones del líder nacional.
Aquel grito de “¡Al diablo con sus instituciones!” debe ser interpretado como un desconocimiento del régimen normativo y de contrapesos existente, y como la voluntad de promover la creación de sistema político integrado por hombres que simpatizan y abrazan el ideal de López Obrador, con la bandera del pueblo contra la mafia del poder. Y más allá de un control ideológico, AMLO ejerce el patronazgo político sobre sus militantes. Cada candidato a gobernador, alcalde, diputado o senador postulado por Morena debe lealtad a López Obrador persona/individuo. Estos políticos y funcionarios, una vez electos, no responderán a los intereses de sus representados ni al sistema de contrapesos fundamentales para el desarrollo armónico de la vida democrática, sino a la voluntad de un solo hombre: el moderno caudillo.
AMLO asegura que él pretende pasar a la historia de México como los presidentes Juárez, Madero y Cárdenas. Sin embargo, si es electo el 1 de julio y si su partido alcanza gobiernos estatales y un buen número escaños en el Congreso que le aproximen a la mayoría, el presidente bien podría estar lejos de ser recordado como EL adalid de la democracia.