En la UNAM la impunidad que se les dispensa a profesores acusados de graves faltas como son el acoso y el hostigamiento sexual, está a punto de convertirse en la pandemia que puede acabar con el rectorado de Enrique Graue.

Después de las columnas que he publicado sobre este tema, he recibido varias comunicaciones en las que se amplia la denuncia contra la impunidad de la que gozan varios profesores de la UNAM que tienen pendientes denuncias de alumnas por los delitos de acoso y hostigamiento.

Por la gravedad de una de las últimas que he recibido comentaré una, que por razones obvias no puedo revelar el nombre, pero los datos que proporciona pueden ser la pista a seguir para su identificación.

Resulta que la abogada general de la UNAM, Mónica González Prontó, parece ser una ¿involuntaria? Protectora de los profesores acusados de acoso y hostigamiento sexual por las alumnas de esa institución.

González Prontó es la segunda mujer que ocupa ese importante cargo en la UNAM.

La primera mujer que ocupó el cargo fue la Maestra Emérita Elvia Araceli Quintana. Fue en los tiempos del rectorado del Doctor Juan Ramón de la Fuente

A causa de esa imperdonable actitud de protección a los acosadores sexuales, y sobre todo en tiempos en que la Abogacía General de la propia Universidad es encabezada por una mujer, el rector Enrique Graue tendrá que hablar muy seriamente con los colaboradores que resulten implicados en este penoso asunto, porque todo su discurso contra la violencia de género está quedando en entredicho.

Fue a partir de que se supo que uno de los acosadores más célebres de la UNAM, resultó protegido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la institución, área que depende directamente de la Abogacía General de la misma universidad.

Desde hace más de 30 años el abogado y profesor, Rafael Bulmaro Castillo Ruiz, ha sido señalado por tres cosas en la UNAM: sus estrafalarios gustos de nuevo rico, sus bacanales para engatusar alumnas y alumnos, y sus señalamientos como acosador consumado.

Este Bulmaro, aparte de sus gustos de naco para vestir y organizar fiestas, cuestión que si fuera punible ya lo tuviera en la cárcel, está siendo el Coronavirus del rector Enrique Graue por el acoso a las alumnas y las agresiones verbales que pleno salón de clases ha hecho en perjuicio de ellas.

Son faltas tan graves que si lo sancionaran de acuerdo a lo que estipula el nuevo código penal con respecto a la agresión a las mujeres, ameritarían, que por lo menos, que Bulmaro fuera separado de la planta laboral de la UNAM.

Sin embargo, cuando finalmente hubo una estudiante que se decidió a denunciarlo por denigrarla frente a todo su grupo (le dijo que se mordía las uñas por falta de apetito sexual) y cuando la dirección de su facultad, Derecho, solicitó que se le rescindiera el contrato a manera de sanción, la Dirección General de Asuntos Jurídicos no le creyó a la denunciante.

Su titular, Jorge Barrera Gutiérrez, determinó que la alumna no probó sus acusaciones, (tal vez Barrera hubiera querido que la denunciante llevara como pruebas videos cuasi pornográficos) para castigar a Bulmaro.

Barrera argumentó cándidamente que por su antigüedad el “maestro tenía beneficios”, y que despedirlo siendo un profesor de tiempo completo, acabaría en un laudo favorable al profesor en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, lo que redundaría en un daño al patrimonio de la UNAM.

Me pregunto, en caso de que así hubiera ocurrido laboralmente, sería más costoso para la UNAM pagar a Bulmaro un laudo de Conciliación y Arbitraje o seguir cargando con el desprestigio de ser una institución que otorga impunidad a este tipo de agresores de mujeres.

Los hechos son recientes, pues la audiencia en que la estudiante refrendó su denuncia ocurrió apenas el 12 de febrero pasado y la exoneración por parte de la Dirección Jurídica de la UNAM se notificó el 6 de marzo.

Castillo Ruiz anda muy contento celebrando y presumiendo la resolución que lo protege desde la oficina de la abogada general.

Si no fuera porque se le forzó a tomar un año sabático para sacarlo del salón de clases, seguramente estaría presumiendo a sus alumnos, con una de sus famosas fiestas, la impunidad de la que goza gracias a las dispensas que le hacen desde la Torre de Rectoría.

En los hechos, la UNAM prefirió ignorar la queja de una alumna que denunció, antes que arriesgarse a perder un juicio laboral y pagar una indemnización.

¡Increíble, pero cierto!

Gente como Bulmaro y como Castillo Ruiz están resultando la nueva pandemia en la Máxima Casa de Estudios de la nación.

Es tiempo de que ya despierte y actúe conforme a derecho el rector Enrique Graue.

¡Como si el país no tuviera ya con males como la pandemia del Coronavirus y el desplome de la economía, ahora resulta que en la UNAM el objetivo de AMLO de acabar con la impunidad es solo una puntada del primer mandatario!